Foto: Daniel Martínez / AFP
El enfrentamiento entre militares venezolanos y un grupo de las disidencias de las Farc, que se inició el domingo, continuaba en la noche de este martes, en la zona de La Victoria, del estado Apure, fronterizo con Colombia.
Por Andreína Itriago / eltiempo.com
Según informó a este diario el coordinador en la entidad de la ONG Fundaredes, Juan Francisco García, alrededor de las 8 p. m. hora local, los guerrilleros comenzaron un ataque al batallón del Ejército de La Victoria.
En el marco del mismo, sin embargo, la zona se quedó sin energía eléctrica, con lo cual Fundaredes perdió el contacto con sus informantes en la zona, por lo que, para el momento de publicación de esta nota, desconocían de la evolución de estos hechos.
Audios que han circulado a través de las redes sociales, sin embargo, dan cuenta de la situación de angustia que viven los habitantes de la zona. Reportan haber escuchado al menos tres bombas e incluso grabaron ráfagas de tiros y otras detonaciones.
“Están atacando el batallón. Estoy aquí asustado. Yo no sé qué está pasando de aquel lado”, se escucha decir a un hombre, entre llantos, a un familiar en uno de esos audios.
Más temprano, sin embargo, había circulado otro audio a través de las redes sociales, que se atribuye a uno de los guerrilleros, presuntamente alias Antonio Medina, en el que se le escucha decir que estaban dispuestos a parar, replegar sus unidades y suspender actividades hostiles, si se hacía una verificación de alto nivel y, quienes asegura son responsables de la situación, asumían consecuentemente lo que habían hecho.
“No fuimos nosotros quienes iniciamos esta confrontación. Fueron los apetitos y los intereses de unos generales y coroneles que han venido buscando la extorsión, el chantaje y el beneficio personal, no solamente a nosotros como fuerza revolucionaria, sino a la población civil en general”, dice el hombre, quien además advierte que estaban en la espera para continuar, si era necesario, defendiendo “sus vidas, la revolución y el pensamiento bolivariano”.
“A aquellos que están dispuestos a continuar (…) en esta ofensiva, estamos dispuestos a luchar, estamos dispuestos a dar la vida”, alertó.
Desde oenegés locales y la dirigencia opositora se ha asegurado que el ataque respondería a un mandado de los cabecillas de las disidencias de las Farc, alias Iván Márquez y Jesús Santrich, en contra de un grupo que se aparta de su línea.
Ha llamado la atención que no se ha tocado al Eln, que aseguran tiene también presencia en la zona.
“Ahora el régimen utiliza a nuestros soldados para tratar de resolver un problema interno entre la propia guerrilla. Mientras unos soldados mueren, padecen, luchando contra un grupo de guerrilleros, otros soldados venezolanos siguen cohabitando con otros grupos de guerrilleros por anuencia o por instrucciones del régimen o actuando en consecuencia a los pactos alianzas o acuerdos que hayan firmado en un momento determinado”, denunció el diputado electo en 2015, Eliezer Sirit, durante la sesión de este martes de la Asamblea Nacional opositora.
De acuerdo con un parte que ofreció el Ministerio de la Defensa venezolano, el lunes, dos militares habían muerto en los enfrentamientos del domingo. La fuerte militarización de los centros de salud de la zona y zonas aledañas, sin embargo, ha impedido a organizaciones con presencia local saber si hay más muertos y heridos.
En un comunicado fechado este 23 de marzo, el grupo guerrillero habla del asesinato de “varios civiles”, que aún no se identifican, en el marco de estos hechos.
“Esta acción es una grave violación al derecho Internacional Humanitario, pues insistimos que las agresiones son hacia población civil”, dicen.
En el documento, los guerrilleros aseguran que en sus tropas no hay bajas, ni heridos.
Hasta la mañana de este martes, la diputada Karim Vera manejaba la cifra de al menos 20 efectivos de las FANB heridos el domingo, y que fueron ingresados a hospital militar de San Cristóbal, en el vecino estado Táchira.
El enfrentamiento, que ya cumple tres días, ha obligado a unas 3.000 personas, según cifras de la organización Human Rights Watch, a cruzar el río Arauca hacia el municipio colombiano de Arauquita, donde se habrían establecido entre albergues y casas de familias.
Desde Venezuela se teme una escalada de este conflicto.