Plus Ultra ha recibido un préstamo de 53 millones de euros por parte de la Sepi. El monto equivale a 150.000 euros por trabajador y a diez veces el patrimonio neto de la compañía. Pese a que las ayudas de la Sepi debían ir únicamente a empresas estratégicas cuya situación económica sea problemática como consecuencia de la pandemia, éste no parece que haya sido el caso de Plus Ultra.
Juan Ramón Rallo// LA RAZÓN
Por un lado, la aerolínea jamás ha ganado dinero desde que fue fundada en 2011: se trata de un modelo de negocio ruinoso al que la pandemia ha apuntillado pero cuyos problemas eran previos. Por otro, en el año 2019 solo efectuó 833 vuelos, apenas el 0,03% del total de España: es decir, cuando operaba a plena capacidad apenas tenía actividad y difícilmente cabe considerarla una empresa estratégica.
Desde entonces, además y en este caso sí por culpa de la pandemia, su actividad ha menguado todavía más y en la actualidad únicamente cuenta con un avión que realizó dos vuelos en enero de 2021 y ninguno en febrero.
No parece, por tanto, que estemos ante un negocio con excelentes perspectivas de futuro que simplemente requiera de una financiación extraordinaria para superar el bache de la pandemia: de hecho, antes de solicitar ayuda a la Sepi, Plus Ultra hizo lo propio con los créditos ICO, participados por entidades financieras privadas que arriesgan en parte su capital, y tanto Santander, como BBVA o Bankinter rechazaron su petición de financiación alegando que se trataba de una operación de muy alto riesgo (¡cómo para no serlo pidiendo un préstamo diez veces superior a sus fondos propios y sin haber obtenido jamás ganancia alguna que posibilite su amortización!).
¿Por qué entonces el Gobierno de PSOE-Podemos, a través de la Sepi, ha accedido finalmente a otorgarles un préstamo de 53.000 millones de euros a costa de todos los contribuyentes?
Evidentemente, como no estamos en sus cabezas, sólo caben sospechas, pero en este caso las sospechas son muy poderosas: el 57% del capital de Plus Ultra se encuentra en manos de empresarios venezolanos afines al régimen chavista, como Rodolfo Reyes Rojas o Roberto Roselli a través de sociedades interpuestas como Snip Aviation o FlySpain. El hedor de esta operación es cada vez más insoportable.