El Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, instó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, a través de la Misión Internacional Independiente sobre Determinación de los Hechos en Venezuela, el Relator de Libertad de Expresión, el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, el Grupo de Trabajo de Sobre Desaparición, el Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Relator Especial sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación; y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, la Relatoría para la Libertad de Expresión y la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos, a que se desplieguen los buenos oficios dirigidos a documentar, investigar y atender el conflicto suscitado en la frontera colombo-venezolana.
En el Estado Apure -fronterizo con el Departamento de Arauca, Colombia- está en curso un conflicto armado entre militares venezolanos y grupos armados irregulares de las disidencias de las FARC. Como resultado de este conflicto, más de 6000 venezolanos han huido del territorio hacia Colombia, mayormente hacia la localidad de Arauquita.
Los activistas Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado, de la organización Fundaredes, y los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, corresponsales del medio colombiano NTN24, fueron detenidos arbitrariamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana al realizar actividades de documentación y periodismo en ese contexto. Fueron detenidos a las 4:30pm del pasado miércoles, y no se supo de su paradero hasta el mediodía del jueves 1 de abril, para posteriormente ser liberados al final de la tarde.
Los miembros de la GNB los detuvieron tras verificar el contenido que tenían en sus teléfonos y equipos audiovisuales y fueron trasladados a la Brigada 92, fuerte Sorocaima de Guasdualito, en el Municipio Páez, del Estado Apure. Tal detención se encuadró en las reiteradas desapariciones forzadas de corta duración ejecutadas por el gobierno de facto, en tanto, hubo (i) la privación de la libertad; (ii) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia de éstos, y (iii) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. Durante 20 horas no existía información en relación con el paradero de las cuatro víctimas identificadas, y a pesar de que en este momento se sabe dónde se encuentran, hubo una flagrante violación a sus garantías judiciales.
Al respecto, el Comisionado Humberto Prado envió un escrito de información adicional en relación con una medida cautelar solicitada previamente, dirigida a solicitar medidas de protección para trabajadores de la prensa en Venezuela. De esa manera, informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los hechos de detención arbitraria y desaparición forzada de los que fueron víctimas Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández, Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado.
De hecho, en beneficio del periodista Luis Gonzalo Pérez el Comisionado Humberto Prado había enviado en una oportunidad anterior un escrito de solicitud de medida cautelar para su protección, considerando los reiterados ataques que se han perpetrado en su contra y que, al día de hoy, se han materializado. Igualmente, se solicitó que la medida cautelar se extendiese a Rafael Hernández, hermano de la periodista Rosalí Hernández, quien también se encontraba en la solicitud de medida cautelar.
La detención arbitraria y desaparición forzada de los activistas Juan Carlos Salazar y Diógenes Tirado y los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández se insertan en un contexto de persecución, criminalización y hostigamientos a defensores, activistas y medios de comunicación en Venezuela, el cual se ha agravado en el marco del Estado de Alarma por el COVID-19, especialmente cuando los periodistas cubren hechos relacionados con violaciones de derechos humanos.
Asimismo, el Comisionado Humberto Prado solicitó que se emita un comunicado público dirigido a sectores en derechos humanos y sociedad civil en toda la región para que tengan en cuenta la gravedad de los hechos denunciados; se demande la devolución de los equipos electrónicos, cámaras y pertenencias personales que poseían los activistas y los periodistas; y se exija el inicio de una investigación inmediata, expedita e imparcial que individualice a los funcionarios involucrados en la detención arbitraria y desaparición forzada de Juan Carlos Salazar, Diógenes Tirado, Luis Gonzalo Pérez, y Rafael Hernández, y se ponga a la orden de la justicia a los responsables de tales violaciones de derechos humanos. /Nota de Prensa