Se cumplen 19 años de los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002. Un ciclo insurreccional que dejó un saldo trágico de personas asesinadas, centenares de heridos, y concluyó con la ruptura del orden democrático y la posterior restitución de Hugo Chávez en el poder.
Por provea.org
El 11 de abril marcó el inicio de un prolongado proceso -que se mantiene y ha cobrado fuerza-, de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas. La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro.
Luego de los sucesos de abril de 2002, comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios. Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular, la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación.
Construyendo el muro
En diciembre de 2002 se reformó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) y se amplió la figura de las zonas de seguridad, incluyendo -además de las sedes de gobierno y las instalaciones militares-, a las empresas básicas del Estado, las sedes de PDVSA y otras instituciones, en las que se prohibió la realización de asambleas, huelgas o manifestaciones y se sanciona a quienes promuevan o participen en este tipo de actividades en estos espacios. Ya no sólo los opositores eran el blanco de la exclusión y la penalización por ejercer derechos, los trabajadores, campesinos y activistas sociales fueron puestos en el radar de la lógica represiva y durante varios años, desde 2005 hasta 2013, fueron las principales víctimas de la judicialización de las protestas y la criminalización del ejercicio de derechos constitucionales.
En ese período, al menos 150 dirigentes sindicales se convirtieron en presos y/o perseguidos políticos, debido a la aplicación de sanciones contenidas principalmente en la LOSN, el Código Penal, y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT). El telón de fondo siempre fue la criminalización y la territorialización del conflicto, cuya justificación reposaba en la necesaria “defensa de los intereses de la nación”.
La reforma del Código Penal en 2005, dio pie a la “ilegalización” de los cierres de calles por parte de los manifestantes. Por su parte, los artículos 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, del año 2008, penalizan la obstaculización en la distribución de productos de primera necesidad y han venido siendo aplicados contra personas que realizaban protestas.
La misma situación ocurre con los artículos 25 y 26 de la “Ley Especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, la cual ha impedido el ejercicio del derecho a huelga en las empresas estatales de producción de alimentos y productos de consumo masivo.
En el año 2009, la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana introdujo la figura de los “Cuerpos de combatientes” dentro de las empresas estatales y privadas, una tendencia que posteriormente se reforzó con el impulso a las llamadas “milicias obreras” anunciadas por el ex presidente Nicolás Maduro. En mayo de 2012, la criminalización de la protesta se acentuó con la promulgación de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT).
Blindando la exclusión
La conflictividad en 2014 tuvo como respuesta estatal una profundización de la lógica represiva sobre el control territorial y las zonas de exclusión. El ex alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, emitió un decreto que declaró a Caracas “zona libre de fascismo”, y desde entonces ninguna manifestación opositora pudo transitar libremente por el municipio y, menos aún, acercarse a las sedes de las instituciones del Estado. El TSJ reforzó esta exclusión al decidir que estaba prohibido manifestar ante el CNE, alegando “razones de seguridad”.
Desde 2002, cada ciclo importante de protestas ha tenido como correlato el ascenso de la represión mediante el reforzamiento de los mecanismos de control y judicialización de las mismas, y la aparición y consolidación de patrones represivos que implican el uso excesivo de la fuerza para castigar a los manifestantes. A partir de los sucesos de abril de 2002 se hizo cada vez más frecuente la presencia de civiles armados para atacar manifestaciones. Los conocidos “círculos bolivarianos”, de los primeros años de la era Chávez, dieron paso a la masificación de los “colectivos” paramilitares que se hicieron fuertes en comunidades bastiones del oficialismo, centros de salud públicos y universidades. Estas agrupaciones actuaron sin ningún freno por parte de las autoridades.
En 2014 la represión escaló al establecerse un récord histórico en el número de personas detenidas en el contexto de manifestaciones y sometidas a procesos penales. Los tribunales del país emplearon masivamente la LODOFAT para penalizar a los detenidos. Por otro lado, la letalidad policial contra los manifestantes aumentó dramáticamente, y la represión ejercida de forma coordinada entre agentes de seguridad y civiles armados, tuvo un abierto aliento a través del “Comando Popular Antigolpe”, una figura inconstitucional, creada por Nicolás Maduro y dirigida por el señor Diosdado Cabello, en medio de la ola de protestas .
El ciclo insurreccional de 2017, trajo consigo un nuevo incremento de la represión desde la dimensión cuantitativa y cualitativa. 143 asesinados; más de 3.000 heridos; 5.000 detenidos; empleo de la justicia militar para procesar a civiles; allanamientos y ataques masivos contra zonas residenciales y centros de salud, y un amplio repertorio represivo que inscribió a la gestión de Maduro en la práctica del terrorismo de Estado.
Favoreciendo los abusos y la impunidad
Desde 2014 la gestión de Maduro piso a fondo el acelerador para consolidar rápidamente el andamiaje anti-protestas. En medio del conflicto que se desarrollaba en las calles para exigir su salida del poder, lanzó el “Comando Popular Antigolpe” con el que abrió la puerta a la participación “institucionalizada” de civiles en labores de contención de manifestaciones; inteligencia para-policial y seguridad ciudadana. Finalizada la ola de protestas conocida como la “Salida”, inmediatamente se crearon nuevas figuras represivas que se sumarían a las Milicias obreras; campesinas; estudiantiles y vecinales. Las “Brigadas Especiales contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia” (BEGV); la Fuerza Choque, adscrita al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), y el “Sistema Popular de Protección para la Paz” (SP3) fueron algunas de las instancias creadas entre 2014 y 2015 para hacer frente al descontento social y afianzar los mecanismos de control.
En enero de 2015 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa publicó en Gaceta Oficial No. 40.589, la resolución número 008610 mediante la cual se dio facultades a todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para realizar labores de control de orden público en el contexto de manifestaciones. Esta medida, se dictó en un contexto de amplia represión por parte de efectivos de las FANB en las manifestaciones públicas. La Resolución 008610 no hizo diferenciación sobre los cuerpos militares que podrían actuar en manifestaciones públicas para el control del orden interno, sino que dejó abierta la posibilidad para que cualquier miembro de esta institución participe en estas operaciones, lo que podría incluir al Ejército o la Armada, en abierto desconocimiento a lo establecido en el artículo 332 de la Carta Magna.
Más recientemente, figuras como la “Red de Articulación y Acción Sociopolítica” (RAAS) o las “Cuadrillas de Paz”, han añadido nuevos riesgos para quienes protestan o disienten del proyecto autoritario de Maduro y su cúpula.
En los últimos años el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica ha estado severamente amenazado por violaciones del derecho a la vida; integridad y libertad personal realizados por agentes del Estado, lo que muestra la inexistencia de una política democrática de control del orden público.
Un total de 9.138 personas resultaron heridas en el contexto de manifestaciones entre los años 2002 y 2020. El empleo excesivo de la fuerza contra los manifestantes, sumado a la ausencia de una política integral de reparación a las víctimas de violaciones a la integridad personal y mecanismos de rendición de cuentas, mantiene en la impunidad a la casi totalidad de casos y somete a sufrimientos físicos y psíquicos a centenares de personas que aún padecen las consecuencias de los daños infligidos sin contar con atención alguna por parte del Estado venezolano.
320 personas perdieron la vida en el contexto de manifestaciones desde el 11 de abril de 2002, hasta diciembre de 2020. El proyecto bolivariano -que discursivamente reivindicó el derecho a la manifestación pacífica-, no sólo afinó los mecanismos jurídicos para restringir su ejercicio, también -en su etapa más reciente-, aumentó dramáticamente la letalidad ejercida contra quienes expresan su descontento en las calles.
Terrorismo de Estado: la nueva etapa represiva
Desde mayo de 2016 Venezuela ha estado sometida a un continuado e inconstitucionalmente prorrogado “Estado de Excepción y Emergencia Económica”, que entre otros aspectos, usurpó las funciones del parlamento venezolano al eliminar atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (AN), calificándolas como “peligrosas para la seguridad de la Nación, de sus ciudadanos y ciudadanas, y de su institucionalidad”. Además, el “Estado de Excepción” que brindó una “legalidad” paralela a la Constitución a la dictadura de Maduro, establece la suspensión indefinida de las garantías constitucionales para los derechos a libre asociación, reunión, expresión, información y manifestación pacíficas, y la supeditación de los derechos ciudadanos a los intereses del Estado y la seguridad nacional.
La dictadura de Maduro ha reforzado la respuesta represiva frente a las demandas ciudadanas y el descontento popular producto del hambre, el crecimiento de la pobreza y la indolencia gubernamental, erosionando definitivamente las garantías para los derechos a la libre expresión, asociación y reunión pacíficas.
Durante el ciclo de protestas de 2019 -catalizado por la exigencia de retorno a la democracia y debido al colapso de los servicios públicos-, las comunidades más pobres del país fueron actores estelares en la conflictividad. Antiguos bastiones del Partido Socialista Unido de Venezuela y del proyecto político bolivariano, se convirtieron en el epicentro del descontento generalizado contra la dictadura de Maduro. La respuesta del gobierno de facto fue particularmente violenta contra quienes protagonizaron el conflicto. El significado histórico que tiene para la dictadura la pérdida total del apoyo popular, trajo consigo el ascenso del terrorismo de Estado y los mecanismos de castigo contra los habitantes de las comunidades más pobres.
2017 encendió las alarmas de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y organismos internacionales debido al novedoso y generalizado empleo de la justicia militar para procesar a civiles detenidos en protestas.
La alarma en 2019, se encendió debido al abierto empleo de un cuerpo policial de élite, que no posee las competencias legales, el equipamiento y el entrenamiento para actuar en la gestión de manifestaciones y orden público: la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Sumado a ello, el llamado hecho por Nicolás Maduro a las agrupaciones paramilitares que respaldan su dictadura para que asumieran una posición de “resistencia activa”, supuso un nuevo peligro para los manifestantes. Desde el ciclo de protestas de 2014, los llamados “colectivos paramilitares” que respaldan al gobierno de facto, están involucrados en el asesinato de al menos 47 personas en el contexto de manifestaciones realizadas en el país entre los meses de febrero de ese año y marzo de 2019.
De aquellos barros, estos lodos. El muro que comenzó a levantarse en 2002 seguirá impidiendo el ejercicio de derechos y cobrando nuevas víctimas, mientras los venezolanos no recuperemos la democracia y el Estado de Derecho.