Un escenario de emergencia humanitaria compleja; ausencia de institucionalidad democrática y sistemáticos abusos contra los derechos humanos, han condenando a los venezolanos a condiciones de vida extremadamente precarizadas. Esta situación tiene un impacto diferenciado en los más pobres y en quienes desde siempre han estado expuestos a mayores escenarios de exclusión y negación de sus derechos.
Por Provea
En una procesión encabezada por Alfredo Infante, párroco de la comunidad San Alberto Hurtado de La Vega, al suroeste de Caracas, el pasado 2 de marzo reunió a los habitantes del sector, quienes recorrieron las calles para denunciar los padecimientos a los que son sometidos diariamente debido las deficiencias en la prestación del servicio de agua
Esa tarde, representantes del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas llamaron a los líderes locales para coordinar una reunión de trabajo para abordar la problemática. Pero dos días después, policías municipales de Caracas detuvieron a Jairo Pérez, un dirigente social del sector, a quien acusaron de promover las protestas.
Son múltiples los inconvenientes que afrontan a diario los pobladores de La Vega, para atender las necesidades relacionadas con la salud, alimentación, seguridad, servicios y la amenaza de la pandemia. La crisis de los servicios públicos y la ausencia de respuestas que atiendan las demandas de la población, alarma y cansa. Los apagones eléctricos, la desaparición del gas doméstico y la falla en el suministro de agua potable por tubería, son algunos de las penurias que mantienen a los ciudadanos en un sobresalto constante.
Los sectores de esta parroquia más afectados por el problema del agua, son la parte media y Las Casitas, parte alta de la parroquia, donde más de 180 mil habitantes, aproximadamente, sufren por la ausencia de agua, debido a que los motores que bombean el agua se quemaron y están fuera de servicio.
Hacer frente al COVID-19… sin agua
“Dado que lavarse las manos con jabón y agua limpia es vital en la lucha contra el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo deben proporcionar un acceso continuo a suficiente agua a las poblaciones que viven en las condiciones más vulnerables”. La advertencia, hecha en marzo de 2020 por un grupo de expertos independientes de Naciones Unidas -entre ellos el Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento- fue un llamamiento a los gobiernos del mundo a garantizar el suministro de agua potable para mitigar el impacto del COVID-19.
“La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal, la principal medida para prevenir el contagio, no está al alcance de los 2.200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable”, dijeron los expertos de ONU. Sus advertencias, y las recomendaciones de la OMS para frenar la curva de contagios mediante una adecuada higiene personal, lucen como una quimera en la Venezuela actual. La carencia de agua es incompatible con la dignidad humana. Si el derecho humano al agua permite la realización de otros derechos en contextos de normalidad, en medio de la pandemia del Coronavirus contar con suministros de agua continuos, suficientes y de calidad, es contar con mayores garantías para el derecho a la vida, a la salud, y a la integridad personal.
Para el grupo de expertos de Naciones Unidas, las personas en situación de pobreza estarían más propensas a infectarse con COVID-19 debido a las interrupciones en los servicios de agua potable, por lo que estarían sometidas a condiciones más severas de aislamiento que disminuirían sus capacidades para obtener alimentos y recursos para la subsistencia familiar.
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Pobladores de La Vega afrontan el COVID-19 sin agua y sin respuestas institucionales. Jairo Pérez uno de los líderes sociales de la Parroquia fue arbitrariamente detenido. https://t.co/l8PlGIx36L #DerechoAlAgua pic.twitter.com/9ueKBZeaKb
— PROVEA (@_Provea) April 12, 2021