“Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o magistradas, jueces o juezas, fiscales o fiscalas del Ministerio Público y defensores públicos o defensoras públicas, desde la fecha de su nombramiento y hasta su egreso del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí ni por interpuesta persona, ni ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas”.
Juan Francisco Alonso // CRÓNICA UNO
Pese a que esto establece el artículo 256 de la Constitución de 1999, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha autorizado en los últimos meses a tres de sus miembros para ocupar temporalmente otros cargos públicos, sin tener que colgar sus togas.
La denuncia la formuló la organización Acceso a la Justicia en un reporte, en el cual cuestionó que el máximo juzgado haya permitido a las magistradas Jhannett Madriz Sotillo, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez ocupar los cargos en la Embajada en Panamá y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), respectivamente, sin perder su condición de miembros del organismo rector del Poder Judicial.
A principios del mes pasado, Madriz, quien integra la Sala Electoral, fue nombrada por el canciller Jorge Arreaza como encargada de negocios ad hoc de la legación en el país centroamericano. La designación figura en la resolución DM 23 del 3 de marzo de 2021, publicada en la Gaceta Oficial 42.079 del mismo día. Antes, en junio de 2020, las magistradas Indira Alfonzo (Sala Electoral) y Gladys Gutiérrez (Sala Constitucional), fueron designadas por la Sala Constitucional como presidenta y miembro del organismo comicial.
Aunque las tres funcionarias ya no están en el TSJ y sus suplentes fueron convocados, en el organismo no consideran que ellas hayan dejado sus puestos de manera definitiva.
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