El Parlamento español aprobó hoy una ley pionera para reforzar la protección de los menores frente a la violencia, que busca que los abusos durante la infancia no queden impunes.
La ley obtuvo un amplio respaldo este jueves en el Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento, en un debate en el que se elevó a los 35 años la edad desde la que empieza a contar para que prescriban delitos graves contra menores, frente a los 18 años previstos inicialmente.
De este modo, la prescripción empezará a contar desde que la víctima tenga 35 años, para evitar que muchos delitos queden impunes si no fueron denunciados antes, pues las víctimas pueden tardar décadas en hacerlo.
Estos delitos son entre otros los de tentativa de homicidio, lesiones, maltrato habitual, contra la libertad e indemnidad sexual y de trata de personas.
La ley amparará a todos los menores en España, aunque no tengan la nacionalidad española y al margen de su situación administrativa en el país, y penalizará contenidos en internet que constituyan una forma de violencia contra niños y adolescentes.
Además refuerza el derecho del niño a ser informado, no solo escuchado, en procesos administrativos y judiciales y a formular denuncia de manera personal y directa.
A la vez que elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad criminal, “cuando las víctimas del delito sean menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección”, según el texto aprobado.
Otras novedades son que prevé unidades especializadas en las fuerzas de seguridad para combatir la violencia contra la infancia y un coordinador de bienestar y protección de niños y adolescentes en centros educativos.
El texto pasa ahora al Senado o Cámara baja, donde, si no es modificada, quedará listo para su entrada en vigor.
El trámite parlamentario en el Congreso solo contó con el rechazo o la abstención de unos pocos grupos, como el ultraderechista Vox, por motivos ideológicos, o nacionalistas vascos e independentistas catalanes, en este caso por entender que invadirá competencias de sus regiones.
EFE