¡Atentos venezolanos! La usurpación busca nuevamente criminalizar el ejercicio legítimo del derecho de asociación y defensa de derechos humanos que valientemente lideran las ONG nacionales en medio de una pandemia, emergencia humanitaria compleja y el asalto a las Instituciones democráticas nacionales.
Mediante una Providencia Administrativa inconstitucional, ilegal y por demás contraria a los estándares internacionales de derechos humanos, una supuesta Oficina Nacional para combatir el Terrorismo y la Delincuencia Organizada pretende exigir nuevos requisitos para la inscripción y registro de las Asociaciones sin fines de lucro.
En primer lugar, me permito recordar que solamente el Presidente de la República mediante las estructuras descentralizadas que mejor estime convenientes tiene la capacidad de diseñar políticas para combatir la delincuencia organizada y el terrorismo.
El Gobierno Interino, por el contrario, centra sus esfuerzos en combatir esa delincuencia organizada y terrorismo conforme a estándares objetivos y serios como los determinados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, quienes en septiembre del año pasado señalaron que muchos altos cargos del Poder Fáctico conocían o debían conocer bajo motivos razonables del acaecimiento de torturas y otras violaciones graves en las que han incurrido Grupos de Exterminio como la FAES, CONAS, DGCIM, entre otros, aludiendo también al deplorable ecocidio que silentemente aúpan los señores de la usurpación, donde hay trabajo forzado de niños, esclavitud moderna, tráfico de personas y extracción ilegal de recursos de la nación.
Es muy claro que tratar de buscar criminales en personas que realmente se dedican a la defensa de los derechos humanos es una estrategia tanto para encubrir sus propias actuaciones criminales como para indirectamente restringir el derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de derechos humanos de quienes ellos consideran que son enemigos internos. La verdad es que no lo son. Se han puesto del lado de las víctimas y por eso persiguen a las ONG.
En segundo lugar, el artículo 6 de la referida Providencia Administrativa exige que los interesados en inscribir una ONG proporciones exhaustivos detalles sobre las organizaciones nacionales o internacionales de las que reciben aportaciones o donaciones. El Gobierno Interino tiene muy claro que el derecho a recibir recursos económicos para la consecución de la promoción y defensa de los derechos humanos es, en efecto, un derecho humano de conformidad con el artículo 13 de la Declaración de las Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos. Por tanto, interferencias indebidas por parte del Estado son inaceptables.
En tercer lugar, esta Providencia llega al despropósito de exigir que las ONG presenten los datos de los beneficiarios de los fondos. Esto último es absurdo en tanto ello incluye listas tanto de víctimas como de victimarios. Esta Oficina para combatir el terrorismo, al igual que la FAES y otros Grupos de Exterminio, están internacionalmente señalados de ser precisamente los responsables de violar los la vida, propiedad, libertad e integridad personal de miles de venezolanos. En consecuencia, las ONG no serán cómplices de Maduro porque ellos no son patriotas cooperantes. Este tipo de asociaciones se caracteriza por resguardar la confidencialidad de sus víctimas. La usurpación lo que quiere es que le faciliten el trabajo para ubicar y silenciar sus enemigos internos. No lo lograrán mientras continúen existiendo defensores de derechos humanos aguerridos. Que entienden perfectamente en donde se violan los derechos y donde no.
La Comisión Presidencial para Derechos Humanos para el Gobierno Interino para elevar la denuncia a los organismos internacionales tales como la CIDH y el OACNUDH, OCHA y sus diferentes mecanismos, para que se pronuncien y no dejen sola a la sociedad civil organizada.
Defender los derechos humanos no es un delito, es de hecho, lo opuesto. Un derecho.
Habrá justicia.
Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas. /Nota de Prensa