El lanzamiento de un proyecto de Superliga europea privada puede conducir a la UEFA y a los doce clubes fundadores de la nueva competición a una batalla que es a la vez jurídica y política, con grandes implicaciones para el deporte del continente.
¿Quién acudirá a los tribunales? ¿Con qué argumentos y con qué posibilidades de ganar el proceso?
– ¿Dónde estamos? –
Para Antoine Duval, especialista en Derecho europeo del deporte en el Instituto Asser de La Haya, “entramos en una ‘curiosa guerra’, con los dos campos cavando sus trincheras a la espera de los ataques jurídicos por venir”.
En un correo enviado el lunes a la FIFA y la UEFA, los promotores de la Superliga aseguraron haber lanzado ya “un proceso ante los tribunales competentes para asegurar la instauración y el funcionamiento sin contratiempos de la competición”.
La idea es desactivar de antemano las represalias de las dos instancias, que amenazaron ya en enero con excluir a los disidentes de sus competiciones, dejando fuera, por ejemplo, de la Eurocopa y el Mundial de fútbol a los jugadores que tomen parte en el nuevo torneo privado.
Pero la Superliga no precisa a qué juez nacional o europeo ha acudido: tan solo se contenta de asegurar que las amenazas de la UEFA y la FIFA son “ilegales” y que provocan un “perjuicio irreparable”.
Esta última fórmula, criterio clave de los procedimientos de urgencia, parece compatible con “una demanda de requerimiento, que permitiría a la Superliga obtener de un tribunal nacional un bloqueo provisional de las sanciones de la UEFA”, explica Duval a la AFP.
– ¿Son legales las amenazas? –
En su ofensiva, la Superliga europea puede basarse en la sentencia de diciembre de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea referente a la Federación Internacional de Patinaje (ISU), que limita las acciones de las instancias deportivas para preservar su monopolio.
La jurisprudencia ISU “permite a la UEFA defender sus competiciones” invocando dos “objetivos legítimos”, analiza Duval: la “protección de su calendario”, en competencia frontal con el de la nueva Superliga, y la “preservación de su modelo redistributivo”.
Anticipando estos argumentos, la Superliga asegura que “no tiene como objetivo sustituir a la Liga de Campeones o la Europa League” y promete “pagos de solidaridad”, dos puntos que serán duramente debatidos.
Pero aunque la respuesta de la UEFA o de las ligas domésticas pueda calificarse de legítima, ésta tendrá que ser “proporcional a los objetivos”, advierte por su parte Katarina Pijetlovic, investigadora en Derecho en la Universidad de Mánchester.
“Si las sanciones contra los clubes (por ejemplo una exclusión de las ligas domésticas) son suficientes para descartar la amenaza, entonces castigar a los jugadores no sería necesario”, explica a la AFP.
– ¿Puede la UEFA acudir a la justicia? –
La instancia europea, que el martes consultará a sus consejeros jurídicos, dispone también de un arma: puede atacar a los clubes fundadores por “entente ilegal” en base a las leyes anticártel, ya sea a través de una demanda ante la Comisión Europea o un recurso en indemnización ante un tribunal nacional.
“La Superliga tiene como objetivo distribuir los ingresos entre sus miembros y excluir de esta oportunidad comercial a otros potenciales participantes; por tanto, sí, es una entente”, confirma Antoine Duval, precisando que se avecina “un rompecabezas importante para la Comisión Europea en los meses que vienen”.
– ¿Se llegará al terreno político? –
El lunes por la noche, el ministro de Deportes británico prometió hacer “todo lo posible” para bloquear la Superliga, incluida la vía de la legalización sobre la competencia.
Más ampliamente, “uno de los efectos secundarios” de la implosión del fútbol europeo “podría ser repensar completamente su regulación, metiendo a los Estados en ese juego”, estima Duval.
París o Berlín -cuyos clubes se mantienen por ahora al margen del proyecto- o Londres podrían así pedir la opinión de las autoridades de la competencia o buscar vías europeas para consolidar el monopolio de la UEFA, explica el jurista.
AFP