El video que se le atribuye a alias Jonnier, del frente décimo de las disidencias de las Farc, y que fue divulgado este domingo, confirma lo que por años han denunciado la dirigencia opositora y oenegés venezolanas sobre la complicidad entre el chavismo y grupos al margen de la ley, en este caso las disidencias de las Farc.
Por ANDREÍNA ITRIAGO / eltiempo.com
“Quienes hemos venido trabajando desde estos estados fronterizos (…) hemos venido denunciando la presencia de esos grupos delictivos, criminales, en todos los municipios fronterizos (…) y siempre hemos dicho que existe complicidad con personeros del régimen de Nicolás Maduro ahora, de Hugo Chávez antes”, dijo a EL TIEMPO la diputada Karin Vera, presidenta de la subcomisión de Fronteras de la Asamblea Nacional opositora, electa en 2015.
“Nunca se tomaron acciones desde quienes ocupaban el gobierno de ese entonces y quienes usurpan el poder actualmente”, lamentó Vera que ahora teme que esas “alianzas” no solo continúen, sino que se hagan más evidentes.
“Las alianzas van a continuar: la siembra de coca, la toma de territorios, las reclutas. O sea, que la nueva Venezuela se convierta ahora en un conflicto armado”, dijo a este diario el diputado indígena por los estados Amazonas y Apure (también electo en 2015), Romel Guzamana, quien teme, específicamente, que la Segunda Marquetalia busque apoyos entre “gente inocente” para controlar territorios.
En el video que circuló este domingo, se escucha decir a uno de los miembros del grupo que se enfrenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el estado Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, denunciar una alianza entre sectores de la Segunda Marquetalia y “unos pocos” oficiales del régimen venezolanos, a los que financiarían para que “hagan el trabajo sucio” y “faciliten sus intereses y apetitos”.
“De forma desleal y traicionera se orquestan las operaciones que desde el 21 de marzo se desarrollan contra el frente décimo”, se le escucha decir al hombre.
“Esas afirmaciones deben llamar la atención de la comunidad internacional porque Venezuela está siendo aliviadero de grupos criminales, de grupos guerrilleros al margen de la ley, que son apadrinados por el régimen de Nicolás Maduro”, insistió Vera.
Para Guzamana, debería invocarse una suerte de Plan Colombia para salvaguardar la zona fronteriza venezolana y, principalmente, a los pueblos indígenas que en ella habitan y que, a su juicio, son los más afectados.
“No queremos guerra, queremos una solución de paz, pero no es la paz que quieren Colombia, la guerrilla o Nicolás Maduro”, insistió Guzamana a EL TIEMPO.
Peligro inminente
Vera, por su parte, remarcó que Venezuela representa “un peligro para toda América e incluso para el hemisferio occidental”, no solamente por la presencia de estos grupos guerrilleros colombianos sino de otros como Hezbolá que, asegura, también operan en la frontera de este país con Colombia y Brasil, “apadrinados” por las FANB y el régimen de Maduro.
“Los grandes jerarcas de las FANB, están sometiendo al paredón al soldado venezolano, al soldado honesto, al soldado que simplemente cumple unas órdenes (…) para limpiarle el camino a otro grupo aún más criminal como lo es el de (alias) Iván Marquez y Jesús Santrich”, lamentó Vera.
La semana pasada, la abogada y defensora de derechos humanos venezolana, Tamara Sujú, denunció que 65 miembros de las temidas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la FANB habían sido recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde por negarse a ir a Apure para combatir al mencionado frente de las Farc y alertaba, además, que otros estaban huyendo a Colombia por esa misma razón.
“No es que se le están volteando a la narcotiranía, sino que, como buenos guapetones de barrio, los del FAES son valientes para matar gente indefensa pero le temen a las Farc porque saben que están entrenados para combates”, tuiteó Sujú.
Según ella, el régimen ordenó acusar de ”traición” a todo aquel que se negara a ir a Apure, y dijo que por estas deserciones había acudido a la milicia, que a su juicio iría como “carne de cañón” a la zona del conflicto.
Empastelamientos peligrosos
Sobre esto último, el investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y profesor de criminología de la misma casa de estudios, Keymer Ávila, insistió en la importancia de no confundir situaciones excepcionales o extremas, que tienen que ver con la seguridad de la nación, con situaciones cotidianas de seguridad ciudadana.
Al referirse a las primeras, acotó: “Esta protección, especialmente de ataques o amenazas que provengan del exterior o de grupos armados irregulares con alta capacidad militar, es una función que corresponde a la Fuerza Armada Nacional, bajo una lógica militar (amigo-enemigo)”.
En cuanto a las situaciones de seguridad ciudadana, cuyo centro –insiste– son los ciudadanos y sus derechos, recuerda que quienes tienen competencia son los organismos de naturaleza civil, como los cuerpos de policía.
“Es fundamental que no se confundan ni se mezclen estas dimensiones, ni conceptual, ni funcional, ni orgánica, ni operativamente, porque cuando esto sucede los ciudadanos se terminan convirtiendo en enemigos y objetivos militares, y en ese escenario perdemos todos”, advirtió Ávila en conversación con EL TIEMPO.
A su juicio, las milicias no son “ni el cuerpo especializado, ni el más capaz” para acciones tácticas de alta complejidad.
“Siempre han sido consideradas como un refuerzo, un apoyo, un complemento de los otros componentes (de la FANB) que sí tienen divisiones y brigadas altamente capacitadas para este tipo de situaciones extremas”, acotó.
Considerando antecedentes como el de enero de 2019, cuando en el marco de protestas en barrios populares fueron instrumentalizados para vigilar diversos espacios vecinales y comunitarios, conectados, entre otros, con las milicias, no descarta que el rol de estas en la zona de conflicto pueda estar enfocado en un control sobre la población, más que sobre los grupos armados irregulares.