A Juan Francisco Ramos, sus 69 años de edad no le han impedido seguir trabajando. Cuenta que no era lo que tenía planeado para su tercera edad, pero la crisis económica que vive Venezuela lo llevó a mantenerse activo laboralmente y así ha podido seguir generando ingresos y adquirir lo justo para vivir, algo que con la pensión que le otorga el estado no podría hacer.
Por Fabiana Rondón / vozdeamerica.com
Su caso es uno entre los cuatro millones de pensionados que, como él, devengan menos de dos dólares mensuales. Muchos de ellos decidieron salir y trabajar en la calle pese a su avanzada edad y a la propagación del COVID-19, que afecta principalmente a las personas mayores.
Trabajar pese al temor de contagiarse
Juan Francisco Ramos vive en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Allí labora en un taller de refrigeración donde recibe un pago quincenal de 15 dólares, un monto que dice, no le alcanza para cubrir todos sus gastos, pero sí lo básico.
“Sería catastrófico para mí vivir solo de la pensión. No solo trabajo yo en la casa, mis hijos también lo hacen, pero aun así nos es insuficiente y es por eso que yo debo salir a diario”, explica en entrevista con la Voz de América.
Juan Francisco confiesa que siente temor de contagiarse de COVID-19 cada vez que sale a laborar. Sin embargo, decide hacerlo porque es la única opción que tiene si desea seguir llevando comida a casa.
“Tengo miedo a diario de que pueda contagiarme. Esta es una enfermedad casi invisible que te ataca sin darte cuenta y luego te arrebata la vida. Mucho miedo me da, pero debo salir a trabajar para poder llevar dinero a mi casa y no hay otra solución que no sea tener que salir”, agrega.
La pensión no alcanza
En la misma situación se encuentra Juana Rondón, de 70 años, quien trabaja en una cafetería en la ciudad de Caracas. Menos de dos dólares que recibe de pensión no le alcanzan para costear sus gastos.
“Yo tengo 18 años trabajando en un cafetín y desde que recibo la pensión jamás he podido dejar de trabajar, porque nunca he alcanzado para vivir o tan siquiera poder comprar medicinas o hacer un mercado ni siquiera pequeño”, cuenta a la VOA.
En su trabajo, Rondón gana seis dólares semanalmente, algo que le alcanza para cubrir lo básico.
“Mi sueldo es de 6 dólares a la semana. A final de mes da un poco menos de 30 dólares, que con lo costoso que se ha vuelto todo es un número insignificante, pero para mí es el número que me ayuda a tener lo justo, lo necesario”.
Agregó que “el gobierno desde hace muchos años creo que se olvidó que los pensionados. Debemos comer, debemos comprar nuestras medicinas y con lo que tenemos como pensión eso es imposible. Nosotros no le generamos ninguna preocupación, así que un aumento es algo que está muy lejano, es algo que ni siquiera está en los próximos planes, si los hay”.
Al igual que Juan Francisco, Juana reconoce que salir actualmente a trabajar le genera temor pues debe tener contacto frecuente con el público en la cafetería.
“Yo trato de tener todos los cuidados posibles y todos los días antes de salir me encomiendo a Dios. El riesgo es más alto, un contagio a mi edad debe ser letal, pero cómo hago si debo comer, si vivo de la pensión me muero de hambre”, señaló.
Más propensos al contagio
Luis Francisco Cabezas, director de la asociación civil Convite, coincide en que las pensiones tan bajas son la causa de que muchos adultos mayores en el país decidan salir a las calles para buscar más ingresos.
“Ahora es muy frecuente ver a un adulto mayor en empleos que no corresponden a su edad. Vendiendo cigarros, cuidando carros, vendiendo algún tipo de comida. También es frecuente verlos en las afueras de las ferias de comida pidiendo algo, incluso podemos verlos limpiando en la calle”, dijo.
Cabezas alerta de los riesgos que actualmente corren estas personas al salir a laborar en las calles, debido a que son más propensos a contagiarse de COVID-19. Recuerda que el 60% de las muertes por el virus en Venezuela corresponden a personas mayores de 60 años.
“Nosotros en Convite hemos venido diciendo que es necesario que el gobierno implemente el otorgamiento de un bono de emergencia para todas las personas mayores de 80 años, que no podría estar por debajo de los 50 dólares al cambio oficial. Eso les permitiría al menos poder cubrir una pequeña porción de sus necesidades, sobre todo farmacológicas para el caso de diabetes, hipertensión. Les podría permitir al menos tener un poco más de acceso a la proteína animal que es una de las cosas que más extrañan los adultos mayores”, comentó el director de la ONG.
Cabezas además destaca la importancia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 para esta parte de la población, considerada de alto riesgo.
A su juicio, la crítica situación de los abuelos también se ha agudizado producto de la migración forzada. Un estudio publicado por Convite a principios de 2020 arrojó que 23% de los adultos mayores en Venezuela viven solos porque sus familiares cercanos emigraron del país.
Agrega que además del aumento del trabajo en personas mayores, también se ha incrementado la indigencia en estas personas a causa de los bajos montos de las pensiones.
“Hay que poner en la agenda pública la necesidad de repensar la seguridad social en Venezuela, sobre todo en un país que ha comenzado de manera importante a elevar los números de personas adultas mayores”, dijo Cabezas.
“Venezuela ya no es el país joven, Venezuela ya está en una tasa de fecundidad de 2,3, que es una tasa de reemplazo y hemos comenzado a avanzar a un proceso importante de envejecimiento de nuestra población. Eso hace que tengamos que como sociedad, como estado, repensar lo que va a hacer la seguridad social, porque los que hoy son viejos la están pasando muy mal, pero peor aún la van a pasar la oleada de personas que comienzan a envejecer”, concluyó.