La Asamblea fraudulenta ratificará una ley aprobada el año pasado que permite al régimen firmar acuerdos de forma confidencial con empresas privadas debido a las sanciones de Estados Unidos, dijo el lunes Jorge Rodríguez. El llamado proyecto de ley “antibloqueo” fue aprobado en octubre pasado por la constituyente cubana.
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Las fuentes dijeron a Reuters en ese momento que el objetivo principal de la ley era atraer una mayor inversión privada en el sector petrolero, crucial de la nación de la OPEP, utilizando la confidencialidad para proteger a los socios de posibles sanciones estadounidenses.
Washington sancionó a la estatal petrolera venezolana PDVSA en 2019 para tratar de presionar la salida de Maduro del cargo.
“La ley antibloqueo proporciona mucho más seguridad a aquellos capitales que sientan algún tipo de preocupación por las condiciones derivadas de las sanciones y del bloqueo”, dijo Rodríguez a Reuters en una entrevista desde el Palacio Legislativo.
“Sin duda alguna eso generará mayor dinamismo del capital privado, de la inversión petrolera”, dijo Rodríguez.
La producción de crudo de Venezuela ha caído en los últimos años debido a la desinversión y la mala gestión en Petróleos de Venezuela y más recientemente, a las sanciones de Estados Unidos. La oposición ha argumentado durante mucho tiempo que la ley de hidrocarburos del país debería reformarse para impulsar la inversión privada. Cuando se le preguntó si el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) planeaba reformar la ley de hidrocarburos, Rodríguez dijo que el Congreso (electo de forma fraudulenta) podría reformar leyes que tienen “tienen ya algún nivel de obsolescencia”.
“Todas aquellas cosas que ya están contempladas en la ley antibloqueo es mucho más rápido si nos vamos por un acuerdo conjunto de respaldo y de verificación de esa ley antibloqueo”, dijo. La constituyente cubana cesó funciones a fines del año pasado, pocas semanas después de que el partido chavista consumara un nuevo fraude electoral. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos no reconocen los resultados de esa votación, argumentando que la elección no fue libre y justa.
Rodríguez dijo que el marco constitucional y las leyes venezolanas permite la coexistencia del Estado y del capital privado.
“Siempre ha habido una especie de matriz de ataque el capital privado y no es cierto porque en nuestra Constitución está plenamente establecido esa condición mixta de la economía”, agregó.
Con información de Reuters