De tanto repetirlo durante casi dos décadas, los venezolanos nos hemos acostumbrado a escuchar las denuncias del oficialismo sobre “planes terroristas para derrocar al gobierno, auspiciados por el imperio norteamericano”. Lo nuevo, y muy grave, es que se haya llegado al extremo de pretender etiquetar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de terroristas o grupos de delincuencia organizada.
Como si se tratara de una novela de política-ficción, el oficialismo emprende una nueva arremetida contra las ONG. Esta vez recurre a la calificación de “terroristas” o “grupos de delincuencia organizada”. Sin indicios racionales que lo justifiquen imponen una etiqueta a sus miembros y representantes de la sociedad civil, lo cual viola el principio de presunción de inocencia.
Es legítimo luchar contra el terrorismo, especialmente penalizando su financiación, pero lo que es verdaderamente pernicioso es usar la lucha antiterrorista como estratagema para golpear e intentar paralizar las ONG y el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Es inaudito comparar a organizaciones de reconocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos con grupos delictivos como los que operan en la Cota 905, Petare, el Arco Minero, los seudo sindicatos de la construcción o los colectivos de civiles armados, cuya fuerza radica en el establecimiento de “alianzas y vínculos” en diversos ámbitos, incluso el político y el judicial, con el deliberado objetivo de procurarse impunidad.
Las ONG han jugado un papel fundamental en la documentación y denuncia de las acciones y omisiones del Estado venezolano que vulneran la dignidad humana y, particularmente, los impactos de la emergencia humanitaria compleja.
Por la fuerza, el Estado venezolano pretende eludir su responsabilidad por el progresivo deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y venezolanas, sobre todo de los sectores de la población en situaciones de mayor precariedad. Y, en vez, de cumplir sus obligaciones de respetar y proteger los derechos humanos, recurre a una especie de huida hacia adelante, a aquello de matar al mensajero.
El más reciente episodio de la violación del derecho a defender derechos es la Providencia Administrativa 001-2021, según la cual las ONG deben registrarse ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Lo más grave es que dicha providencia obliga a las ONG a revelar ante el Estado violador de derechos humanos los datos de las víctimas, además de las fuentes de financiamiento. Y fijar un plazo perentorio para aportar toda esa información: 1° de mayo de 2021.
El régimen de Nicolás Maduro pretende monopolizar la asistencia a los más necesitados, pero a través de una lógica paternalista que solo profundiza la dependencia y, además, se utiliza como estrategia de canje de bolsas de comida por lealtades políticas y, en tiempos electorales, por votos. El régimen de Maduro no tolera que las organizaciones de la sociedad civil contribuyan a aliviar el sufrimiento de la gente y, por ejemplo, llega a los extremos de encarcelar a los activistas de la ONG Azul Positivo, que se dedican a promover la defensa de los derechos de las personas que viven con VIH en Zulia.
¿Quién es el terrorista? Estamos frente a un régimen antidemocrático que utiliza los mecanismos del terrorismo de Estado con la pretensión de acallar hasta la más mínima expresión de disidencia. El Estado venezolano, que en la práctica se confunde con el Partido Socialista Unido de Venezuela, pisotea el derecho a defender derechos. Olvida que tiene la obligación de garantizar a todas las personas, sin exclusión alguna, el disfrute y respeto de sus derechos humanos, conforme a lo que establece la Constitución de la República, y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos debidamente ratificados.
Se trata de un terrorismo institucionalizado, de una institucionalidad sin contrapesos democráticos, de una renuencia contumaz al escrutinio internacional en materia de derechos humanos. El régimen encabezado por Maduro utiliza el derecho penal como instrumento de persecución política y trata a sus adversarios y críticos como enemigos.
Estamos ante un terrorismo de Estado porque se ejecutan actos arbitrarios desde los poderes públicos, porque se emplean métodos represivos ilegítimos en contra de la ciudadanía en general, porque el uso desproporcionado de la fuerza pública ha degenerado en brutalidad extrema fuerza y pone en peligro la vida de la gente.
El régimen de Maduro pretende asfixiar económicamente a las ONG, poniendo obstáculos a la cooperación internacional de donde proviene su financiación. Solo así podrían ser organizaciones verdaderamente independientes y autónomas.
En pocas palabras, la Providencia 001-2021 tiene que ver con dinero. Maduro sigue empeñado en disponer del patrimonio público (por sus fines, los fondos provenientes de la cooperación internacional lo son) como si fuera su patrimonio personal y, en definitiva, para que el oficialismo se perpetúe en el poder.