La constante persecución del régimen de Nicolás Maduro a las ONG en Venezuela pica y se extiende. Esta situación ha ido agravándose en los últimos tiempos, y a raíz de la nueva “normativa” que pretende imponer la dictadura sobre el funcionamiento de las organizaciones, se generó una contundente respuesta por parte de varios organismos que rechazan la ilegítima medida.
Por LaPatilla.com
El pasado 30 de marzo, mediante una providencia inconstitucional identificada con el número 001-2021 y publicada en Gaceta Oficial 42.098, Nicolás Maduro pretende cercenar los derechos de los venezolanos, convirtiendo en “delito” la asociación de personas que persiguen un fin en específico.
El artículo 52 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela explica que “Todas las personas tienen el derecho de asociarse, cualquiera sea el objeto que persigan, siempre que no constituyan una asociación ilícita declarada por la ley”.
En este sentido, la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por el mandatario interino Juan Guaidó, presentó un acuerdo en rechazo a la criminalización de las ONGs en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Durante esta sesión de la Comisión Delegada del Parlamento, el diputado a la legítima Asamblea Nacional por el estado Falcón, Luis Stefanelli, afirmó que la providencia emanada por el régimen en contra de las ONGs viola flagrantemente los Derechos Humanos en el país y “hoy nos encontramos aquí negando esa normativa”.
“Es un adefesio que, además, tuvieron la desfachatez de convertirlo en Ley Orgánica, como lo es la Ley Orgánica contra el Crimen Organizado y el Financiamiento al Terrorismo”, recalcó el parlamentario.
Incluso la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en Venezuela denunció que Maduro bajo el concepto de “enemigo interno” persigue a trabajadores de la salud y ONGs.
La presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en la actualización de su informe, destacó que “el concepto estatal de ‘enemigo interno’ parece ser cada vez más amplio”. La persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos parece ser una tendencia creciente.
La diputada por el estado Barinas, Sandra Flores estuvo de acuerdo con esta postura y adicionó que Maduro intenta hostigar a las ONGs a través de la providencia 001-2021 obligándolos a registrarse bajo la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.
Violación de la constitución
En dicha norma se exige que las ONGs deben suministrar información al “Estado” sobre su financiamiento, alianzas y actividades, además de una lista de las personas que resultan beneficiadas con sus programas sociales.
Es por ello que la providencia que el régimen desea implementar en el país es inconstitucional: Violenta la presunción de inocencia de los ciudadanos venezolanos.
Justicia al revés
En noviembre de 2020 el régimen emitió una orden de aprehensión contra Roberto Patiño, coordinador de la organización Alimenta la Solidaridad, que distribuye comidas a personas necesitadas. Y en enero, oficiales militares y de inteligencia del chavismo detuvieron arbitrariamente a seis hombres de la ONG de salud pública Azul Positivo.
Lo mismo ocurrió el pasado mes de marzo con el periodista Luis Gonzalo Pérez, Rafael Hernández y dos activistas por los derechos humanos de FundaRedes, Diógenes Tirado y Juan Carlos Salazar quienes fueron detenidos por documentar los hechos de violencia acaecidos en el estado fronterizo de Apure.
Con respecto a esto, en su momento, el Presidente (e) Juan Guaidó condenó la persecución contra FundaRedes, destacando que se trataba de una represalia del régimen de Nicolás Maduro.
La diputada Flores recordó que Venezuela no hay un sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y por lo tanto “estas víctimas y sus familiares solo cuentan con la ayuda, de las organizaciones no gubernamentales”.
Verdaderas víctimas del régimen
Las ONG venezolanas se encuentran entre la espada y la pared. El régimen se ha encargado de perseguirlas insinuando que tienen vínculos terroristas porque en el país ya no existe la presunción de inocencia, sino de culpabilidad.
El mismo Embajador de EEUU para Venezuela, James Story emitió su pronunciación con respecto a esta nueva “ley” que pretende cercar cada vez más a las organizaciones que esté prestando apoyo a la sociedad más vulnerable del país.
Al respecto Story afirmó que “la privacidad y confidencialidad de los beneficiarios de las ONGs, es un derecho que se debe defender para evitar la estigmatización y abusos de discriminación”. Así lo indicó el Embajador en su cuenta en Twitter.
Y al igual que cada personalidad pública del mundo político con los ojos puestos en Venezuela, la legítima Asamblea Nacional rechaza categóricamente el intento de hostigamiento y control en contra de las ONGs que hacen vida y lucha en el país
En su momento, Humberto Prado consideró esta providencia como nula, inconstitucional y arbitraria, ya que vulnera los derechos humanos.
El régimen a través de esta nueva norma busca criminales en personas que realmente se dedican a la defensa de los derechos humanos y esta práctica se ha convertido en una estrategia, tanto para encubrir sus propias actuaciones criminales, como para indirectamente restringir el derecho a la asociación, libertad de expresión y defensa de derechos humanos de quienes ellos consideran que son enemigos internos.
ONGs: Una ayuda para todo el país
La diputada por el estado Carabobo, Deyalitza Aray, por su parte recordó que las ONGs no solo atienden a los adultos mayores, a las madres y niños en el J.M. De Los Ríos, sino que también se encargan de la distribución gratuita de alimentos y medicamentos, brindan información que pueden dejar al desnudo al sistema dictatorial que gobierna a Venezuela y esto puede incomodar al régimen.
En los casos de los regímenes totalitarios, lo ideal es que la sociedad civil dependa en todos los aspectos de quien los gobierna para poder mantener su prácticas de chantaje en contra del pueblo, sin que el control y el amedrentamiento sea tomado por los ciudadanos como una vulneración a sus derechos humanos.
“Esta es la consecuencia de esta política que tiene el régimen de Nicolás Maduro, que lo único que pretende es callar las informaciones, las estadísticas, las cifras que dan cuenta el trabajo de investigación que tienen a diario estas organizaciones”, reafirmó la diputada.
Respaldo a las ONG
Los diputados de la legítima Asamblea Nacional en la sesión de este martes reiteraron su apoyo a todas las organizaciones que se encargan de brindar colaboración a la sociedad y de desenmascarar al régimen venezolano.
Y no solo son las ONG quienes se ven afectadas por esta normativa, también hay sociedades mercantiles que pudieran ser víctimas de la pretensión del régimen para el control de todo el país.
Sin embargo y aunque pareciera ser una práctica venezolana, no solo en Venezuela las ONGs están en riesgo. En Nicaragua, donde también existe un sistema de gobierno dictatorial, algunas organizaciones se encuentran bajo la lupa de régimen de Ortega e incluso la Sociedad Interamericana de Prensa condenó una ley donde del mismo modo se criminaliza a las ONGs.
