Singapur, la nación insular de Asia formada por 63 islas que totalizan solo 730 kilómetros cuadrados (casi 4 veces el tamaño de la Capital Federal) y donde viven 5,6 millones de personas, es considerada hoy el mejor país del mundo para atravesar la actual pandemia por COVID-19.
Por infobae.com
¿Por qué? Son muchas las razones. La formal es que la semana pasada Singapur encabezó la Clasificación Bloomberg de Resiliencia para COVID, por delante de Nueva Zelanda, que había dominado la tabla durante meses.
Pero tal vez la que más llame la atención sea la que surge a partir de este ejemplo: el martes, el Ministerio de Salud de Singapur informó que se impondrán una serie de nuevas restricciones con el fin de que sean “decisivas” y contener el nuevo aumento de casos de coronavirus que se han registrado en las últimas semanas. ¿Y cuántos casos significa este “aumento”?
En las últimas 24 horas, las autoridades sanitarias de Singapur han registrado 18 casos más, aunque temen que la situación pueda “escalar rápidamente a otro brote importante si no se contiene adecuadamente de manera oportuna”. Por ello, hasta el próximo 30 de mayo algunos establecimientos y negocios no esenciales, como los gimnasios, permanecerán cerrados, se limitará el aforo de las reuniones privadas a cinco personas, se limitará el número de eventos públicos y aquellas profesiones que permitan el trabajo desde casa deberán fomentar que al menos del 50 por ciento de su plantilla se acoja a él.
En las últimas horas, el ministro de Finanzas, Lawrence Wong, quien está al frente del equipo de respuesta contra la crisis sanitaria en Singapur, ha señalado que estas últimas restricciones vienen motivadas para evitar imponer un nuevo confinamiento más estricto, como el que se estableció durante los primeros dos meses de la pandemia.
Hace dos semanas, el Gobierno de Singapur ya anunció el cierre de sus fronteras para los ciudadanos que procediesen de India, incluidos aquellos que dispongan de permisos de trabajo a largo plazo, debido al repunte de casos que se viene produciendo en aquel país. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de esta ciudad Estado del sureste asiático han confirmado poco más de 61.250 casos de coronavirus, la mayoría procedentes de varones jóvenes migrantes de los países vecinos, así como solo 31 fallecidos.
El trabajo a las oficinas volvió a ser presencial, siempre manteniendo la distancia social, los cines y conciertos están permitidos siempre que se use mascarilla y la persona esté registrada en una aplicación de rastreo de contactos. Las escuelas y las guarderías están abiertas, y los fines de semana se puede pasear libremente, aunque muchos recintos tienen una capacidad reducida para garantizar el distanciamiento social.
Hoy, aproximadamente el 15% de la población fue completamente vacunada desde principios de año. Esta estadística se debe en parte a una población pequeña, pero también a una implementación bien gestionada, una gran confianza en el gobierno y muy poca vacilación sobre la inmunización.
La argentina Ani Di Stefano (43) y su pareja decidieron empezar de cero hace un año y medio y se fueron a vivir a Singapur, cinco meses antes de que allí se detectara, el 23 de enero de 2020, el primer caso de COVID-19 que fue el de una persona proveniente de Wuhan, la zona donde se originó el virus.
“El gobierno actuó con rapidez, impuso restricciones a los viajes hacia China, puso en cuarentena a las personas que llegaban desde allí e implementó una operación eficiente de rastreo de contactos, con lo que se evitó una rápida propagación de la enfermedad”, contó Ani, que resaltó los controles sanitarios en los aeropuertos, las pruebas exhaustivas de cada caso sospechoso, el rastreo a cualquiera que hubiera entrado en contacto con un caso confirmado y el confinamiento en sus domicilios a los que no tenían síntomas y en centros de aislamiento estatales a los infectados.
“Lo mejor que hicieron para tener una buena gestión de la pandemia fue crear una aplicación en donde obligatoriamente te tenés que loguear con un código QR a cada lugar adonde vas, incluso cuando te tomás un taxi, para que quede registrado todo tu recorrido cuando salís de casa”, detalló Ani.
En el país asiático, la COVID-19 aceleró el camino hacia una mayor vigilancia sin mucho debate público. Muchos están de acuerdo con el argumento del gobierno de que es necesario en una crisis, pero algunos han advertido sobre el posible uso indebido de una recolección tan masiva de datos. Fue así que el gobierno permitió a la policía utilizar datos para fines distintos al rastreo de contactos, a pesar de las anteriores garantías de privacidad.
Problema con los inmigrantes
Singapur es una de las principales ciudades globales y uno de los centros neurálgicos del comercio mundial, contando con el tercer mayor centro financiero y el segundo puerto que más mercancías mueve. Si bien Singapur, es considerado el país que ha gestionado con más éxito la pandemia y que ha conseguido recobrar prácticamente la normalidad, mantiene segregados a miles de trabajadores inmigrantes, a los que aún no se les permite moverse libremente por la próspera ciudad Estado.
La lista de resiliencia al COVID elaborada por la agencia Bloomberg situaba el mes pasado a Singapur en cabeza, junto a Nueva Zelanda y Australia, de los países que han conseguido hacer frente a la pandemia con mejore resultados y han sido “capaces de proporcionar una calidad de vida prepandémica a sus poblaciones”. La aparente normalidad alcanzada choca con las restricciones al libre movimiento vigentes para más de 300.000 trabajadores extranjeros, entre cuya población se registran más del 90 % de los 61.218 casos de covid-19 confirmados.
“Singapur ha logrado frenar desde hace meses la pandemia a cambio de un enorme coste, que aún a día de hoy pagan los trabajadores inmigrantes”, apuntó Alex Au, subdirector de la oenegé Transient Workers Count Too (TWC2), al denunciar el trato “discriminatorio e innecesario” con esta población.
La idílica situación de Singapur, que vive por otra parte con sus fronteras prácticamente cerradas desde hace más de un año con la obligatoriedad de cuarentenas de hasta tres semanas, se está viendo alterada por un repunte de casos en los últimos días. El Gobierno anunció el cierre desde el sábado de cines y gimnasios y la limitación del aforo de espectáculos, ceremonias religiosas y otros eventos públicos; un paréntesis tras levantar casi todas las restricciones a finales de diciembre gracias a su eficiente sistema de rastreo del virus.
En medio de esta euforia de éxito, Singapur anunció este jueves que albergará el Foro Bloomberg de Nueva Economía entre el 16 y el 19 de noviembre, con 400 participantes, que se suma al Diálogo Shangri La y al Foro Económico Mundial, que también se celebrarán este año en la ciudad-Estado. La normalidad no llega sin embargo a la mano de obra extranjera que viven en barracones. Tras un nuevo brote, las autoridades han decidido aplazar un programa que iba a permitir a los migrantes una mayor flexibilidad de movimiento durante al menos un día al mes. “Lo último que queremos es que la gente se relaje y los casos salten al resto de la comunidad, esto puede provocar una nueva ola de infecciones”, alegó el domingo Tan See Leng, viceministro de Mano de Obra, sobre este último retraso.
Procedentes de India, Nepal, Bangladés y otros empobrecidos países asiáticos, la gran mayoría de estas personas son empleados a través de subcontrataciones en el sector de la construcción, la manufactura y otros trabajos físicos poco demandados entre los locales. Durante el azote más fuerte de la pandemia en Singapur, entre abril y agosto de 2020, estos trabajadores permanecieron aislados en sus habitaciones, donde convivían hasta 24 personas entre mínimos estándares de salubridad, lo que propició la propagación del virus. Una carencia de libertad de movimiento que meses después, y a pesar de que el número de contagios entre este sector poblacional ha bajado drásticamente, ha cambiado muy poco.
Desde febrero, los migrantes -que sí cumplen con su jornada laboral- solo pueden solicitar a sus empleadores permiso para salir de los barracones tres veces por semana y con un límite de tres horas en cada ocasión. El ajustado margen de tiempo les impide recorrer grandes distancias, ya que los barracones suelen estar en las afueras de la ciudad y lejos del acceso al servicio de transporte público, por lo que en la práctica han quedado segregados del resto de la comunidad. “Las autoridades los tratan como unidades económicas que permite al país seguir funcionando, pero no los ven como personas con derechos fundamentales tales como la libertad de movimiento”, comenta el activista.
La gran densidad poblacional de los barracones para trabajadores migrantes fue el caldo de cultivo perfecto para que el virus se extendiera rápidamente entre los residentes. Las autoridades singapurenses descubrieron en diciembre, tras realizar pruebas serológicas a estos trabajadores, que el 47% padecieron la COVID-19, la gran mayoría asintomáticos.
Como respuesta a la ola de contagios, las autoridades han construido nuevos centros para alojar a los migrantes con el objetivo de disminuir la densidad a un máximo de diez personas por habitación. “Además muchos trabajadores regresaron a su país a finales de año y no han podido regresar (debido a las restricciones fronterizas), por lo que el país tiene un déficit del 20 % de trabajadores”, incide Au, lo que también alivia la capacidad de los barracones, pero ralentiza los trabajos en varios proyectos.