Los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), a propósito de las manifestaciones que tienen lugar en Colombia, expresan lo siguiente:
El derecho de reunión, como clara expresión de la vocación asociativa de toda persona es parte inherente a la dignidad humana y concreta el reconocimiento del pluralismo dentro de una sociedad democrática. La manifestación como modalidad de ese derecho se encuentra íntimamente vinculada con los derechos a la expresión y a la participación y asociación políticas. De tal modo que, sin ser un derecho absoluto, su tutela por un Estado de Derecho se sostiene mientras la finalidad sea lícita al igual que los medios con los que pretenda alcanzarse, dentro de las justas exigencias del bien común en la democracia.
Las manifestaciones pacíficas que han tenido lugar en Colombia han de favorecerse y no reprimirse, pues son parte del diálogo democrático necesario. Pero tratándose de las manifestaciones violentas y de bloqueo de vías en curso que afectan los derechos humanos de terceros, atentatorias contra el orden público, la misma democracia y el imperio del Estado de Derecho, han de ser limitadas y, de ser el caso, cuando median objetivas amenazas del derecho a la vida e integridad personal de terceros, han de ser contenidas en la medida proporcional que autorizan los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Acompañamos al pueblo colombiano es su reclamo de paz y del cese de la violencia por los sectores minoritarios, que vandalizan bienes públicos y privados e incluso intentan cegar la vida de los funcionarios responsables del mantenimiento del orden público. Esperamos que los órganos de Administración de Justicia ponderen con independencia e imparcialidad las violaciones convencionales de derechos humanos ocurridas y en las que hayan incurrido sean los manifestantes violentos, sean las autoridades que hayan hecho un uso ilegítimo y desproporcionado de fuerza, en contravención de los Principios de Naciones Unidas.
Condenamos a los actores internos que, dentro de Colombia, aliados de los grupos narcoguerrilleros aún en insurgencia contra el orden constitucional y democrático, se han dicho patrocinadores de las manifestaciones violentas ocurridas; tanto como lo hacemos con relación a las autoridades del gobierno dictatorial de Venezuela que, públicamente, vienen instigando la violencia insurreccional contra el gobierno democrático, constitucional y legítimo de Colombia, presidido por Iván Duque.
Instamos a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al sostenimiento estricto, en ejercicio de sus competencias, de la tríada inseparable que forman la protección de derechos humanos, las instituciones de la democracia, y el Estado de Derecho, en cuyo defecto las víctimas de violaciones quedan inermes y sujetas al huracán de la violencia socialmente disolvente e insurreccional.
13 de mayo de 2021
Oscar Arias, Costa Rica
José María Aznar, España
Nicolás Ardito Barletta, Panamá
Enrique Bolaños, Nicaragua
Felipe Calderón H., México
Rafael Ángel Calderón, Costa Rica
Alfredo Cristiani, El Salvador
Vicente Fox Q., México
Eduardo Frei T., Chile
Osvaldo Hurtado, Ecuador
Luis Alberto Lacalle H., Uruguay
Jamil Mahuad, Ecuador
Mauricio Macri, Argentina
Mireya Moscoso, Panamá
Andrés Pastrana A., Colombia
Ernesto Pérez Balladares, Panamá
Jorge Tuto Quiroga, Bolivia
Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica
Álvaro Uribe V., Colombia
Juan Carlos Wasmosy, Paraguay
Es auténtica:
Asdrúbal Aguiar
Secretario General