La dictadura venezolana se apropió el día de ayer del Edificio sede del Diario “El Nacional” ubicado en Caracas, en ejecución de un fallo producido por el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, quien el pasado 19 de Abril condenó a sus dueños a pagar al miembro de la estructura represiva del régimen, Diosdado Cabello, 13 millones de dólares por supuesto “daño moral”, por haber “reproducido” un articulo del diario español “ABC” que indicaba, que Cabello era investigado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico.
La libertad de prensa, la libertad de expresión y el derecho a estar informados, es un derecho constitucional que tienen todos los venezolanos, derechos que sin duda, han sido vulnerados desde hace años como parte de la represión sistemática y violación masiva de Derechos Humanos que ejecuta la dictadura de ese país en forma flagrante, mediante la utilización del “Sistema de Justicia” para perseguir a sus adversarios, controlar las Instituciones, desmantelar el sistema económico y social y ponerlo a su servicio.
Diosdado Cabello ha sido denunciado por la oposición democrática venezolana y organizaciones civiles nacionales e internacionales, como parte importante de la inducción de la represión que ocurre en ese país. Ha utilizado medios de comunicación oficiales para intimidar, injuriar, difamar e incluso ordenar la persecución contra disidentes. Los daños morales son los que personas como él han ocasionado y siguen ocasionando a miles de ciudadanos que son victimas de sus acusaciones y señalamientos.
El Instituto CASLA hace un llamado a toda la Comunidad Internacional a reclamar y exigir con prontitud la devolución de la propiedad a sus dueños y trabajadores y la utilización de medidas coercitivas aplicables para que esto se cumpla. Venezuela se queda sin ventanas informativas ante el pasmo inexplicable de una comunidad internacional que no termina de definir como tratar a la Dictadura criminal que encabeza Nicolas Maduro.
Comunicado de Prensa