Cuando la Constitución nacional plantea la autonomía universitaria no hace ejercicio de retórica vacua. Expresa la necesidad de que la universidad sea libre de pensar y actuar. Para ello requiere estar al margen del poder de turno. Así ese turno sea prolongado por regímenes terroristas que, desde luego, desconocen la Constitución. Para ejercer esa libertad de actuación y pensamiento divulgado, la institución requiere alguna independencia financiera, con el fin de evitar así condicionamientos, presión política monentánea, presión ideológica, para poder efectuar su obligante tarea sin ataduras ni sesgos.
Cuando el régimen limita el presupuesto, como todos estos últimos veinte años, condiciona, obliga, domina a las universidades. Así como las tiene condenadas al impedir las elecciones rectorales y de representantes. Insisto: las universidades deben, han debido, rebelarse. No lo han hecho. El régimen avanza. Ahora arrebata la nómina. Para el momento, más del 90 por ciento del presupuesto esmirriado de las universidades. Coge así el toro universitario por los cachos, o por las criadillas. Algunas autoridades ceden entregadas, ingenua o interesadamente, le siguen el paso al régimen.
La nómina y su pago fuera de la universidad le quita control e independencia, la debilita hasta el quiebre. Ya que son entes autónomos de la administración pública. Y más. Le conculca la autonomía. Condiciona a todos los partícipes. ¿Un paro reclamando derechos? Nadie irá. Deben comer y hasta este acto lo tienen condenado. Obligarán todo. Esto incluye la libertad de cátedra. ¿Libre pensamiento y difusión? Imposible así. Ya lo vemos, tienden a eliminar, porque están paralizados estos meses, los aportes: la previsión social, las cajas de ahorro (la de la USB ya no funciona), y, muy importante, lesionan hasta buscar extinguirlos a gremios y sindicatos. Sin aportes no hay funcionamiento posible. ¿Patria lo hará? ¿Cuchillo para su pescuezo?
En fin: se inflige una lesión mortal a los derechos humanos y laborales, al pasar la nómina universitaria al régimen. Se aniquila la autonomía universitaria (constitucional), se acaba con la libertad de pensamiento, de información y difusión, con la libertad de cátedra, con la libertad de asociación (sindical, gremial), con la protección social, con los derechos laborales y su protección. Es un definitivo golpe a la institucionalidad universitaria. El despotismo, el totalitarismo de este régimen del terror, encontró la entrada definitiva para aniquilar la universidad. Por último, aquí no hay dónde acudir. Absurdamente indefensos ante el totalitarismo del régimen del terror. Solo queda buscar abrir espacios en las instituciones internacionales de derechos humanos. La presión tenemos que buscarla afuera. Ir a la OPSU, al “ministerio”, a Miraflores, carece de sentido. El mundo debe fijar su mirada ante la destrucción de nuestra universidad. Debemos exigirlo.