Un ex alto funcionario boliviano fue arrestado por supuestamente buscar al menos 582.000 dólares en sobornos de un grupo de empresarios con sede en Florida acusados de vender gas lacrimógeno a precios inflados al gobierno conservador de la ex presidenta interina Jeanine Áñez.
Por: Joshua Goodman / The Associated Press
Sergio Rodrigo Méndez fue arrestado el 21 de mayo en Naples, Florida, y acusado de un solo cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según una denuncia federal de Miami no denunciada anteriormente.
También fueron detenidos tres presuntos conspiradores, todos ellos con doble nacionalidad boliviano-estadounidense, entre ellos el propietario de un proveedor de material policial y militar con sede en Florida y su padre, que según la prensa fue acusado hace dos décadas en Bolivia de contrabando de armas. .
Méndez se desempeñó como jefe de gabinete de Arturo Murillo, quien fue ministro del Interior en el gobierno de Áñez que asumió el poder en noviembre de 2019 luego de que el presidente Evo Morales renunciara en medio de violentas protestas que disputaban su reelección a un cuarto mandato consecutivo.
Como ministro del Interior, Murillo encabezó la letal respuesta policial a los manifestantes a favor de Morales que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de “masacre”. También presentó cargos contra Morales y sus aliados por sedición y terrorismo relacionados con los disturbios.
Pero la represión contra la izquierda boliviana fue contraproducente y casi un año después, el aliado de Morales, Luis Arce, fue elegido y procedió a encerrar a Áñez y a otros funcionarios vinculados a su gobierno de corta duración, que contó con el apoyo de la administración Trump. Murillo también fue acusado en Bolivia, pero hasta ahora ha evadido el arresto y se cree que vive en los Estados Unidos. No figura en la denuncia federal de los Estados Unidos ni ha sido acusado.
Según los investigadores, Méndez, junto con un “funcionario de alto rango” del Ministerio del Interior y otro cómplice anónimo del Ministerio de Defensa, ayudaron a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato de $ 5,6 millones para suministrar gas lacrimógeno y equipo no letal a la Gobierno de Áñez.
La compañía supuestamente era propiedad de Bryan Berkman, quien compró el gas lacrimógeno en Brasil por una suma mucho menor de $ 3.3 millones, según una declaración jurada de un agente del Departamento de Seguridad Nacional que acompaña a la denuncia. Parte de las ganancias supuestamente se utilizaron para coordinar los pagos de sobornos a Méndez y su co-conspirador en el Ministerio de Defensa, algunos de los cuales debían pagarse con una entrega de $ 700.000 en efectivo a Bolivia.
Si bien la empresa estadounidense no figura en la denuncia, Berkman es el director ejecutivo de Bravo Tactical Solutions, con sede en Taramac, según el registro corporativo de Florida. Su padre, Luis Berkman, quien también fue arrestado y acusado, dirige una empresa separada con sede en Tamarac llamada International Defense Group.
Los informes de la prensa boliviana indican que el mayor Berkman fue arrestado por cargos de tráfico de armas en 2001, acusado de encabezar una banda criminal que intentaba contrabandear armas de asalto militares a Paraguay. Fue declarado prófugo en 2013 sin haber sido declarado culpable, según un expediente judicial boliviano.
El cuarto coacusado, Philip Lichtenfeld, al igual que los Berkman, es oriundo de Cochabamba, Bolivia, pero había estado viviendo en Buenos Aires, Argentina, antes de su entrega a las autoridades estadounidenses.
Según la denuncia, la evidencia recopilada a partir de mensajes de texto, correos electrónicos y registros bancarios muestra que un cómplice le pidió a Méndez que escribiera una carta al fabricante brasileño de gas lacrimógeno insistiendo en que el gobierno de Bolivia solo compraría sus productos a través de la empresa propiedad de Berkman. .
Pero una transferencia bancaria de enero de 2020 de $ 5,6 millones del Banco Central de Bolivia a una cuenta estadounidense perteneciente a la empresa propiedad de Berkman fue inicialmente rechazada, lo que llevó a Méndez a enviar un correo electrónico al banco estadounidense para intentar liquidar la transacción.
Los abogados de Bryan Berkman y Lichtenfeld no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios ni tampoco un defensor público que representó a Méndez en su lectura de cargos en Tampa.