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La expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez manifestó este jueves que “con todo el peso de la ley” deben ser castigados los actos de corrupción, luego de ser detenido en Estados Unidos uno de sus exministros por los cargos de soborno y lavado de dinero.
“Nadie elige colaboradores para que se corrompan, y estos hechos tienen que ser castigados con todo el peso de la Ley, porque hacen quedar mal al país”, escribió en su cuenta de Twitter la exmandataria, quien lleva detenida más de dos meses por el caso conocido como “golpe de Estado”.
Áñez sostuvo que la “corrupción” es un tema que nunca aceptó en su Gobierno, pero que “lastimosamente hubieron funcionarios que se alejaron de toda ética (sic)”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el miércoles sobre el arresto de dos ciudadanos bolivianos y otros tres estadounidenses por cargos penales relacionados con soborno y lavado de dinero, entre ellos el exministro de Gobierno Arturo Murillo y su ex jefe de gabinete Sergio Méndez.
Estas cinco personas están acusadas de supuesta “conspiración para cometer lavado de dinero” y en caso de que sean declarados culpables enfrentarían una condena de 20 años de prisión, señala el documento publicado.
Este presunto soborno se da en el marco de la compra de material antidisturbios como gases lacrimógenos en 2020 en el Gobierno transitorio de Áñez, por el que pesa una orden de aprehensión en Bolivia en contra de Murillo por supuesto sobreprecio en la adquisición.
Murillo fue uno de los ministros más cercanos a Áñez, quien está detenida preventivamente en una cárcel de La Paz.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, explicó que el Gobierno de Áñez pagó 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.
EXTRADICIÓN
Tras la detención de Murillo en Estados Unidos varios asambleístas oficialistas del Gobierno de Luis Arce manifestaron que el exministro debe ser extraditado para que pueda “rendir cuentas” en el país.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, sostuvo que están en constante comunicación con las autoridades de Estados Unidos por este caso.
“Consideramos que ese es el camino en el que podemos restablecer la confianza y eventualmente ir avanzando en mejorar nuestras relaciones a nivel de los Gobiernos”, enfatizó Mayta a los medios locales.
Sobre el pedido de extradición el canciller informó que por ahora no llegó ningún requerimiento de alguna autoridad judicial para que se pueda proceder a presentar esta solicitud.
Más tarde, el fiscal general del Estado de Bolivia, Juan Lanchipa, indicó en una conferencia de prensa que ya se está elaborando la solicitud del proceso de extradición de Murillo y de su ex jefe de gabinete.
Además anunció que se congelarán todas las cuentas bancarias que estén a nombre de Murillo como de los otros implicados bolivianos y que harán “todas las acciones” necesarias para “recuperar” todos los activos como dinero y otros que se “hubiese generado de estos hechos ilícitos”.
El miércoles aprehendieron en la investigación de este caso a un exmiembro de seguridad de Murillo y a su cuñado, quien retiraba dinero de una caja de seguridad en un banco en la ciudad central de Cochabamba. EFE