La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo que firmaron el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, prohibió por seis meses los entierros y las exhumaciones en un cementerio del municipio de Riosucio (centro), donde se presume están los restos de 42 indígenas desaparecidos.
Así lo informó este miércoles el alto tribunal, que detalló en un comunicado que su Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad decretó medidas cautelares en un área del cementerio El Carmen, de ese municipio en el departamento de Caldas, “donde podrían reposar por lo menos 42 cuerpos de integrantes desparecidos de la comunidad indígena de San Lorenzo”.
“La decisión se adoptó tras analizar el reporte sobre una serie de acciones que podrían afectar los datos de registro e información médico legal existentes en los sitios de inhumación”, agregó la información.
Igualmente, la medida se tomó en respuesta a la solicitud hecha a la JEP por el Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec), el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el Cabildo indígena de San Lorenzo y el Equipo Colombiano de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas).
CONTEXTO DEL CASO
La información analizada por la JEP señala que “podrían ser 200 las presuntas víctimas de desaparición forzada en ese municipio, si se tiene en cuenta que el registro de las desaparecidas en el resguardo indígena de San Lorenzo da cuenta de 125 personas identificadas y 27 no identificadas”.
En ese sentido, las inspecciones hechas por los bomberos en todo el municipio dan cuenta de 240 personas desaparecidas con posible identidad y 148 no identificadas.
“De las 125 desapariciones reportadas por el resguardo, 47 habrían ocurrido entre 1985 y 2009. Y en 42 de estos registros el cementerio de Riosucio podría ser el lugar de disposición final de las víctimas pertenecientes a este pueblo indígena”, precisó la JEP.
Justamente en ese camposanto hay un área específica de cuerpos de “personas no identificadas y de personas identificadas sin reclamar”, área sobre la cual los investigadores concentrarán su atención.
En cuanto a los presuntos responsables, la JEP, que cruzó información de varias ONG, víctimas y la Fiscalía, señala al Frente 47 de las antiguas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), así como a miembros de la fuerza pública, bandas paramilitares y otros grupos armados no identificados.
“Finalmente, con base en el principio de colaboración armónica del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, la Sección de la JEP invitó a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas a coordinar las acciones que considere pertinentes en este caso”, detalló el tribunal.
En la zona en donde se asienta el resguardo San Lorenzo hicieron presencia la extinta guerrilla de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) e incluso el Bloque Cacique Pipintá de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
EFE.