Gane quien gane las elecciones presidenciales de este domingo en Perú, las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ pierden al tener que elegir entre dos opciones conservadoras y contrarias a derechos sociales como el aborto, el matrimonio homosexual y la educación con enfoque en igualdad de género.
El izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimori plantean propuestas radicalmente opuestas en el plano político y económico para los próximos cinco años en Perú, pero coinciden en buena medida en posponer el debate de derechos de la mujer y de género ya reconocidos en otros países de Latinoamérica.
Esto ha situado a Perú como uno de los países más conservadores de la región, al estar penalizado el aborto excepto para salvar la vida a la madre, no reconocer legalmente de ninguna forma a las parejas del mismo sexo y tampoco contar con una ley de identidad de género.
A ello se suma que es uno de los más violentos para las mujeres al registrar un promedio de una desaparición a cada hora durante 2020, la mayoría menores de edad.
UNA “SITUACIÓN CRÍTICA”
Sin ningún cambio en el horizonte, para muchas mujeres y e integrantes de la comunidad LGTBIQ+ “la situación es crítica” en estas elecciones, como afirma a Efe la directora ejecutiva del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Susana Chávez.
“No se puede seguir hablando de democracia si esta no es inclusiva y no termina con la discriminación. No son derechos ‘especiales’, es colocar en los mismos estándares de derecho a todas las personas”, precisa Chávez, que formó parte de las listas al Congreso por el liberal y centrista Partido Morado.
Para Chávez, esta elección pone en riesgo los pasos avanzados en los últimos años para promover la igualdad en el abordaje de la violencia machista y el tratamiento de las víctimas.
Asimismo, ve en riesgo el plan nacional de lucha contra la trata, donde el 80 % de las víctimas son mujeres y el 70 % adolescentes, porque “sin enfoque de género, solo se perseguirá a los tratantes sin prevenir el delito y sin proteger a las víctimas”.
EL ABORTO, “MUY DIFÍCIL”
Sobre el aborto, con una pena en Perú de 3 a 5 años, es pesimista de una pronta despenalización aunque sea para los casos de violaciones y malformaciones congénitas, como ya intentó Promsex con una iniciativa legislativa que fue enterrada a las primeras de cambio por el Congreso en 2018.
En Perú es legal desde 1924 el aborto terapéutico, pero no fue hasta 2014 cuando se elaboró un protocolo para su aplicación en caso riesgo mortal para la madre, “uno de los protocolos más retrasados de Latinoamérica”, precisa Chávez.
“Cambiar eso va a ser muy difícil”, admite la experta en políticas públicas, quien cree que, con un mejor protocolo que no exija probar el riesgo mortal de la madre, se podría haber evitado que las muertes maternas aumentasen un 40 % durante la pandemia.
CANDIDATOS “PROFAMILIA”
Algo casi idéntico sucede con el matrimonio igualitario, pues ambos candidatos “han tenido manifestaciones de rechazo a cualquier reconocimiento de derechos de los LGTBIQ+”, advierte a Efe Gabriela Zavaleta, presidenta de Más Igualdad, organización promotora de “Sí Acepto”, campaña a favor de las bodas entre parejas del mismo sexo.
“Por el lado de Fujimori hay evidencias de que ni ella ni su partido (Fuerza Popular) son aliados de nuestra causa”, precisa Zavaleta al recordar que la candidata tiene vínculos con iglesias evangélicas y siempre ha obstruido en el Congreso proyectos de ley como la unión civil.
Mientras, Castillo, que es maestro y líder sindicalista, ha simpatizado con el colectivo ultraconservador ‘Con mis hijos no te metas’, el mayor opositor a la implementación del enfoque de género en la educación pública peruana, y “es preocupante que tenga expresiones como ‘soy profamilia y provida'”, lamenta.
Pese a que Fujimori tiene en su equipo al exministro Carlos Bruce, promotor en años anteriores de la unión civil entre homosexuales, la activista no cree que Fuerza Popular lo haya convocado para eso.
LA JUSTICIA, EL ÚLTIMO RECURSO
Tiene algo más de esperanzas en Castillo, que ha sumado a miembros de Nuevo Perú, partido que sí defiende abiertamente el matrimonio igualitario, algo que, no obstante, reconoce casi inviable en el Congreso recientemente electo, de mayoría conservadora.
“En Perú es todavía fuerte el tabú sobre las parejas del mismo sexo, pero la familia y los amigos lo logran. La visibilidad es una gran ayuda. Esperemos que eso impregne en los congresistas”, desea Zavaleta.
Las mayores expectativas están depositadas en la Justicia, “un vía mucho más alentadora y democrática”, según Zavaleta, que ya ha comenzado a reconocer en primera instancia algunos matrimonios homosexuales contraídos en el extranjero.
En ello también coincide Chávez: “Lo que no va a poder impedir este Congreso son las recomendaciones internacionales y que acudamos a la Justicia nacional e internacional. Por lo menos va a haber lucha de nuestra parte”.
EFE