El gobierno de México promulgó este lunes una polémica reforma que amplía por dos años el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.
El mandato de Zaldívar, quien asumió como presidente del máximo tribunal en 2019, ahora culminará en 2024 en lugar de 2022.
“Con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (…), la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024”, se lee en el decreto.
Zaldívar, considerado cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, fue nombrado en 2009 como magistrado y en enero de 2019 como presidente de la Suprema Corte.
La reforma, que también modifica varios aspectos del Poder Judicial para facilitar el acceso a la justicia, había sido aprobada por los diputados a finales de abril tras su aval en el Senado, en un Congreso aún dominado por Morena, el partido de López Obrador.
La ley orgánica del Poder Judicial mexicano establece que los ministros del máximo tribunal seleccionan entre ellos al presidente de la Suprema Corte cada cuatro años, en un cargo para el que no hay reelección.
El pasado 16 de abril, López Obrador dijo estar de acuerdo con la reforma al señalar que hay “vicios y nepotismo” en el Poder Judicial y que Zaldívar es un hombre “íntegro”.
Sin embargo, el cambio a la ley generó un amplio rechazo entre especialistas jurídicos, analistas e incluso entre miembros del partido gobernante, Morena.
El veterano diputado Porfirio Muñoz Ledo calificó el cambio como “una violación patética de la Constitución”.
En ese momento, Zaldívar dijo que estaría atento a las acciones de inconstitucionalidad que se presentaran contra la reforma en la propia Suprema Corte.
La reforma fue promulgada un día después de las elecciones legislativas en la que el partido Morena de López Obrador perdió la mayoría absoluta en el cuerpo de 500 diputados que ostentaba por sí solo y tras varios reveses en tribunales a reformas clave del gobierno.
AFP