La fiscal jefa de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, deja hoy el cargo tras nueve años de servicio con luces y sombras. Consiguió las primeras condenas por crímenes sexuales y destrucción de patrimonio protegido, pero se va con el lastre de las absoluciones de altos cargos africanos sospechosos de crímenes de lesa humanidad.
La jurista gambiana tomó posesión en junio de 2012 de una posición que conocía de cerca. Fue la fiscal adjunta de Luis Moreno Ocampo, el primer fiscal jefe de un tribunal internacional criticado por centrarse demasiado en África.
Durante el mandato de Bensouda, las miras de la Fiscalía se extendieron. Abrió investigaciones en Afganistán, con acusaciones contra tropas de Estados Unidos; en Georgia, donde se exploran supuestos delitos del Ejército ruso; y en Palestina, debido a crímenes cometidos presuntamente por Israel y por el movimiento islamista Hamás.
Ninguna de las investigaciones ha conllevado de momento órdenes de arresto, en parte por la falta de colaboración de los países investigados.
Entre los éxitos de Bensouda se encuentra haber puesto el foco sobre los delitos sexuales y de género, los cuales “no recibían la atención que merecen de la comunidad internacional” y “vemos que suceden todo el tiempo”, dijo la jurista en una reciente entrevista con Efe.
Su oficina desarrolló en 2014 una estrategia pública para procesar a los sospechosos de estos crímenes siempre que existan indicios. “Tuvimos que recibir formación de manera constante en todos los niveles, una capacitación que concernía a todos los que se ocupaban de las investigaciones y de los procesamientos”, explicó.
La teoría pasó a la práctica cuando la CPI impuso sus primeras condenas por crímenes sexuales. Una fue al exguerrillero Bosco Ntaganda, que permitió que sus hombres abusaran sexualmente de menores de edad en la República Democrática del Congo. Otra, al excomandante ugandés del Ejército de Resistencia del Señor Dominic Ongwen por los delitos de “matrimonio forzado” y “embarazo forzado”, un eufemismo de embarazo tras violación.
Esta estrategia no siempre salió bien. El primer condenado por delitos sexuales fue el exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba, pero fue absuelto en segunda instancia porque una sala de apelaciones encontró deficiencias legales en el veredicto. Bensouda se quejó de la actuación de los magistrados en público, algo inédito en ella, y el entonces presidente del tribunal, Chile Eboe-Osuji, le pidió respeto a las decisiones judiciales.
La fiscal ha sido criticada por confiar demasiado en testigos presenciales para armar las acusaciones. El juicio del expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo mostró las debilidades de esa estrategia, pues el caso implosionó en parte porque testigos clave de la Fiscalía no corroboraron lo que habían dicho a los investigadores, según expertos que siguieron todo el proceso. El juez Cuno Tarfusser anunció la absolución de Gbagbo por falta de pruebas y le reprochó a Bensouda que presentase unas “excepcionalmente débiles”.
Por otro lado, la jurista gambiana consiguió que el tribunal considerara por primera vez el derribo de edificios históricos y religiosos protegidos como un crimen de guerra. Ocurrió en el caso del yihadista Ahmad Al Mahdi, condenado a nueve años de cárcel por ordenar la demolición de nueve mausoleos y una mezquita en Tombuctú, Mali, que eran lugar de peregrinación para la población local.
COLOMBIA Y VENEZUELA
Bensouda mantiene abierto el examen preliminar de Colombia, hecho público en 2004 por el conflicto armado entre el Ejército, la guerrilla de las FARC y grupos paramilitares.
La Fiscalía de La Haya vigila de cerca la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz, un mecanismo de justicia transicional para procesar delitos graves cometidos en el marco de conflicto armado. O, como dijo recientemente la jurista gambiana a Efe, “un desarrollo muy interesante” porque “va en la dirección de intentar traer justicia”. El asesinato de líderes sociales en Colombia también recibe el escrutinio de su oficina.
Otro país latinoamericano que ha atraído la atención de la CPI es Venezuela, con un examen preliminar abierto por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad en manifestaciones y cárceles desde al menos abril de 2017.
Bensouda dijo la semana pasada que el expediente de Venezuela “ha avanzado significativamente” y esperaba anunciar “en cuestión de días” si abre una investigación formal o clausura el informe. En principio, la decisión se hará pública cuando el tribunal se pronuncie sobre una solicitud de control judicial presentada por Caracas, ya que Venezuela se quejó de recibir un trato “discriminatorio” y “desigual”.
SUCESOR
Su sucesor es Karim Khan, un abogado británico con una amplia experiencia en la justicia penal internacional que estará nueve años en el cargo. Ambos ya han mantenido encuentros virtuales y presenciales para organizar la transición y el tribunal organiza este miércoles una ceremonia de relevo.
Antes de marcharse, la jurista gambiana dejó a su colega una recomendación. “Habrá intentos de interferir con su imparcialidad. Debería hacer todo lo posible para resistirlos”. EFE