Al menos 60 familias se encuentran afectadas por medidas de desalojos arbitrarios por parte de organismos del Estado en Falcón, a quienes se les había adjudicado hace años sus casas a través de la Misión Vivienda y hoy son despojadas de las mismas por funcionarios del Ministerio de Hábitat Vivienda y cuerpos de seguridad sin procedimientos legales, así lo afirmó Omar García coordinador del Observatorio de derechos humanos de FundaRedes en la entidad costera.
Por: FundaRedes
El procedimiento de readjudicación de casas en esta oportunidad se dio en la urbanización El Oasis, municipio Los Taques de esta entidad, en donde las familias han vivido desde hace 15 años en este lugar y ahora son desalojados sin argumento legal para ello, a través del uso de la fuerza pública y sin permitirles siquiera retirar sus enseres y otras propiedades.
García detalló que “organismos del Estado venezolano disponen de estas casas que fueron asignadas a personas que no poseían viviendas y ahora a través de un procedimiento ilegal han sido desalojadas para entregarlas a otras familias”.
Del mismo modo recalcó que FundaRedes desde el año 2020 ha denunciado que estos procedimientos ilegales se han realizado en medio de la crisis de pandemia, dejando a decenas de personas sin hogar. “La gran mayoría de estas familias cuentan con documentos de adjudicación y sin ser revocados, ni recibir notificaciones con anterioridad, los sacan de las viviendas despojándolos incluso de sus bienes muebles”.
Dentro de las víctimas documentadas por los activistas se registraron personas con discapacidad, adultos mayores, quienes son dejados sin un techo luego de residir allí durante años.
También Omar García expresó que la comunidad obstaculizó el procedimiento ilegal intentando evitar que se cometieran los desalojos, sin embargo, los funcionarios de PoliFalcón los amenazaron con privarlos de la libertad.
“Desde FundaRedes recordamos que en varias ocasiones se ha denunciado esta situación ante la Defensoría del Pueblo, por ello exhortamos a los organismos competentes a que investiguen estos hechos los cuales atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluyó García.