Durante la mañana de este jueves 1 de julio y ante los embajadores de diferentes naciones del continente en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, presentó un balance sobre el paro nacional en el país, en el que cuestionó duramente la violencia ocurrida durante dichas jornadas.
Por Infobae
Aunque la mano derecha del presidente Iván Duque reconoció que entiende la frustración y descontento del pueblo colombiano y su deseo por salir a manifestarse, dijo que dichos espacios de movilización deben ser en paz y no cometer violencia como la que “minorías” han ejercido en estos más de dos meses de protestas.
“Desde el 28 de abril, Colombia ha venido sufriendo una situación atípica, completamente desconocida para nosotros, porque, de la mano de esas protestas, desafortunadamente se ha desarrollado una serie de actividades violentas (…) de unos grupos minoritarios que han utilizado las protestas para destruir, para incitar a la violencia, para salir armado”, expresó Ramírez Blanco.
Además, sobre el estallido social que inició el pasado 28 de abril, motivado por la reforma tributaria, la reforma a la salud y la incesante violencia que azota el país, Marta Lucía Ramírez añadió: “Lo que le ha sucedido hoy a Colombia le puede pasar a cualquiera de los países del hemisferio, tenemos que insistir en que la manifestación pacífica es un derecho”.
Sobre la incautación de material ilícito por parte de la fuerza pública colombiana en los últimos 60 días, la funcionaria del gobierno Duque dijo que se han retenido “41 mil armas, pistolas, revólveres y armas de largo alcance” que, según Ramírez, se han utilizado para deslegitimar la protesta social que, en su mayoría, ha sido pacífica.
“Cuando se suman todas las armas incautadas: de fuego, neumáticas, cortopunzantes, elementos explosivos o semejantes, se llega a cerca de 70 mil en una tarea adelantada por las autoridades pertinentes”, sostuvo.
Sobre los fallidos diálogos con el Comité del Paro, la también ministra de Relaciones Exteriores dijo que la mesa que se concertó con los líderes gremiales “desafortunadamente también se utilizó como una manera de presionar políticamente al Gobierno”.
No obstante, reiteró el deseo del gabinete del que hace parte de entablar negociaciones con dichos actores. Sin embargo, lamentó que “algunos de ellos (integrantes del Comité) promovieron también buena parte de todos estos paros que tanto daño le han hecho al país”, sentenció.
La canciller, quien sucedió a Claudia Blum en el cargo, también se refirió a los constantes casos de brutalidad policial, sustentados en material gráfico y audiovisual. En ese sentido, comentó que en Colombia se han presentado “14.055 manifestaciones, de las cuales ha habido 12.416 que han sido pacíficas. Lamentablemente ha habido unas que han tenido violencia y esas han requerido la intervención de la Fuerza Pública, unas 1.600, cerca del 10 %. Entonces, que no se diga que en Colombia se desconoce la protesta pacífica porque la Policía está interviniendo”, dijo.
Además, defendió el actuar de la Policía Nacional y reiteró que, en caso de que se presenten alteraciones del orden público, los uniformados deben entrar a actuar para restablecer la tranquilidad.
“Hay que separar los dos fenómenos porque tenemos que permitir que las autoridades actúen contundentemente cuando no hay una protesta pacífica porque el Estado tienen la obligación de proteger los derechos de los que protestan, pero también de los que no protestan”, dijo.
Quizá uno de los pronunciamientos más controversiales durante su diatriba, se dio cuando mencionó la institucionalidad de la Policía, Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, de quienes defendió su actuar y se despachó contra las pérdidas económicas que supuesta ocasionó el paro: “Les quiero decir que a partir del 28 de abril se ha destruido más del 50% de lo que íbamos a generar con esa reforma tributaria. 12 billón de pesos ha perdido Colombia, esto 4 mil millones de dólares, 1.700 bienes privados perdidos, 2.200 bienes públicos, una gran destrucción de la infraestructura y al sistema de transporte público”, señaló la canciller.