El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, llamó a articular una “acción fuerte” de la comunidad internacional para apoyar el retorno de la democracia a Venezuela.
Por Gustavo Ocando / VOA
“Necesitamos una acción fuerte de la comunidad internacional, que respalde las mejores acciones de libertad en la región”, dijo Almagro en su salutación a los magistrados designados hace cuatro años por el Parlamento venezolano, que en su mayoría están fuera de su país por persecuciones oficiales en su contra.
Esa “acción fuerte” de otros países sería un punto clave para el futuro de Venezuela, “si quiere volver a ser un país libre y democrático”, agregó.
El principal vocero de la OEA aplaudió la labor de los juristas venezolanos, que han dictado sentencias desde el extranjero sobre el devenir legal de su país, y consideró que sus designaciones “marcaron un camino en la lucha contra la dictadura, contra la corrupción del régimen”, una “lucha” que sigue, acotó.
El llamado de Almagro coincide con la inminencia de un proceso de negociación política en Venezuela con el concurso de actores internacionales, como Noruega. También, ocurre en momentos cuando la oposición denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro inició una nueva oleada de represión y persecución contra dirigentes políticos y activistas de derechos humanos críticos de su gestión.
Juan Guaidó, líder opositor reconocido como presidente interino de Venezuela por 50 gobiernos del mundo, principalmente de América y Europa, expresó su agradecimiento a los magistrados designados hace años por su “sacrificio”.
Remarcó que Venezuela no desistiría de su “lucha por la libertad” y convidó a los juristas, que le escuchaban de forma telemática desde Chile, Panamá, Estados Unidos, Barbados, Colombia, Alemania y España, a no cesar su “templanza y fortaleza” en pro de la independencia de poderes.
“Acto de rebeldía”
Elenis Rodríguez, magistrada de la Sala Constitucional designada en 2017, valoró sus juramentos de hace cuatro años como “un acto de rebeldía” ante la dependencia de los poderes y la politización de la justicia en su nación.
Tras refrendar que su exilio había sido “involuntario”, aseguró que las familias de las víctimas de derechos humanos en Venezuela tienen las más altas expectativas de “alcanzar justicia” gracias al rol de sus colegas y de ella.
Antonio Marval, presidente del Tribunal Supremo de Justicia que la oposición llama “legítimo”, consideró en la sesión aniversario que quienes se juramentaron el 21 de julio de 2017 han logrado “superar las expectativas de origen” mediante la publicación de sentencias de manera frecuente.
“Nuestros magistrados han sido reflejo de la Venezuela que lucha por levantarse con talento y trabajo. Debo recalcar y así aplaudir a mis compañeros: han logrado salir adelante y siempre al frente de nuestra institución”, expresó.
Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente del Parlamento de 2015 y quien lideró el comité evaluador de los candidatos a la corte suprema venezolana, lamentó que el gobierno de Maduro haya perseguido a los magistrados y sus familiares “apenas horas” después de juramentarse en una plaza de Caracas.
Los juristas venezolanos en el exilio son “personas valiosas y valientes” y “la conciencia jurídica” de un país urgido de su rescate democrático, a juicio de Enrique Aristeguieta Gramcko, miembro de la Junta Patriótica que sustituyó al dictador venezolano Marco Pérez Jiménez, hace 63 años.
Aprovechó su mensaje en el acto protocolar para recomendarles debatir sobre fórmulas para que la democracia tenga “anticuerpos” para prevenir que “depredadores utilicen sus mismos recursos para destruirla desde adentro”.
“La democracia no puede ser bobalicona. Debe tener sus anticuerpos para evitar que esas cosas pasen. Los totalitarios no deben tener derecho de participar en las justas democráticas”, advirtió en su discurso.