El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 3.393 protestas durante el primer semestre de 2021, equivalente a un promedio de 19 diarias. Esta cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo período del año anterior.
Un año y tres meses después de la llegada del Covid-19 en Venezuela, la situación de vulnerabilidad de las familias ha ido en
aumento. No solo cargan con las consecuencias de una pandemia, de los controles prolongados ejercidos por el Estado sin un plan efectivo, sino que la población enfrenta las dificultades y desafíos propios de la Emergencia Humanitaria Compleja.
En estos seis meses de 2021, los venezolanos continúan ejerciendo el derecho humano a la protesta pacífica en las calles, a pesar de las acciones represivas perpetradas por el régimen de Nicolás Maduro y civiles armados, quienes se han amparado en el estado de alarma por Covid-19 para profundizar el control social y realizar prácticas contrarias a la garantía de derechos. Periodistas y defensores de derechos humanos han estado bajo el asecho.
A la fecha, el régimen no ha demostrado tener voluntad política real para dar cumplimento a las recomendaciones emitidas por organismos internacionales de protección de derechos humanos. Es fundamental el diseño e implementación de medidas, planes y políticas públicas que garanticen y protejan de forma plena y efectiva el derecho a la reunión y manifestación pacífica.
Con información del Observatorio de Conflictividad Social, para leer la nota completa aquí