Pese a la gran cantidad de denuncias por parte de la comunidad internacional y de organizaciones humanitarias, el régimen chino continúa expandiendo su extensa red de campos de concentración en la región de Xinjiang, ubicada al noroeste del país. Allí, la minoría musulmana uigur es sometida a trabajos forzosos y es víctima de sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Por: Infobae
Según datos aportados por una investigación de BuzzFeed News, las prisiones del régimen tienen espacio suficiente para detener a más de un millón de personas al mismo tiempo. Específicamente, a 1.014.883 en todo Xinjiang. Eso es espacio suficiente para encarcelar simultáneamente a más de 1 de cada 25 residentes esa región china, lo que representa una cifra siete veces mayor a la capacidad de detención penal de Estados Unidos, el país con la mayor tasa oficial de encarcelamiento del mundo.
Esa estimación está en línea con los datos aportados por investigadores, organizaciones humanitarias, e incluso la ONU. Un análisis de 2018 del académico Adrian Zenz que se realizó a partir de una base de datos filtrada de números de detenidos para el 65% de los condados de Xinjiang indicaba un millón de detenidos. Chinese Human Rights Defenders, en tanto, publicó una estimación similar ese año, basada en entrevistas con exiliados uigures.
Ese mismo año un comité de la ONU hizo una estimación similar citando “informes creíbles”, mientras que el Departamento de Estado norteamericano señaló una semana después que China podría estar deteniendo a “millones” de musulmanes en Xinjiang.
Sin embargo, las estimaciones respecto a las cifras reales de minorías detenidas por las autoridades chinas van más allá de ese balance. El medio norteamericano aclara que en ese número no se tiene en cuenta “el sofocante hacinamiento que muchos ex detenidos de Xinjiang han descrito en entrevistas”. Además, el Gobierno chino siguió ampliando su vasta red de campos de concentración durante el último tiempo. Actualmente se está construyendo un nuevo complejo de detención, y en cuatro de los ya existentes se están añadiendo nuevos edificios, lo que permite poner aún más personas entre rejas.
Asimismo, el estudio, para el que se utilizaron imágenes satelitales, documentos y testimonios, incluye los recintos construidos desde 2016. Hasta el pasado mes de agosto, fueron identificadas 268 instalaciones. Esta investigación incluye esas y otras 79 descubiertas por BuzzFeed News y otras organizaciones; no están incluidos los más de 100 campos de concentración que se construyeron antes de 2016 y que probablemente siguen funcionando.
Estos factores elevarían aún más la estimación de más de un millón de detenidos de forma simultánea.
Las conclusiones de este estudio reflejan lo que los investigadores, los funcionarios de la ONU, gobiernos occidentales y activistas humanitarios vienen sosteniendo desde hace tiempo: “La campaña de detención de China en Xinjiang es la mayor dirigida contra una minoría religiosa desde los campos nazis de la Segunda Guerra Mundial”.
A medida que crecen las denuncias, el régimen de Xi Jinping sostiene que se trata de “centros de educación y formación profesional” diseñados para “erradicar los pensamientos extremistas”. En 2018, un alto funcionario del Gobierno de Xinjiang indicó que los campos de concentración están destinados a “deshacerse del ambiente y el suelo que engendra el terrorismo y el extremismo religioso, y a detener las actividades terroristas violentas”.
La ola de detenciones a musulmanes comenzó en 2016. En ese entonces, escuelas y otros edificios públicos fueron convertidos en centros de detención improvisados. Pero rápidamente el esquema represivo evolucionó hasta convertirse en una sofisticada red de prisiones, que se extiende a través de casi toda la región de Xinjiang, que tiene aproximadamente el mismo tamaño que el estado norteamericano de Alaska.
A medida que se fueron construyendo los nuevos centros de detención de alta seguridad, el régimen chino requisó escuelas, hospitales y edificios de apartamentos, y los convirtió rápidamente en campos improvisados. Este proceso permitió a Beijing encarcelar a cientos de miles de musulmanes hasta que se completó la nueva infraestructura de detención.
En abril de 2021, las instalaciones examinadas por BuzzFeed News tenían una superficie combinada de más de 19,2 millones de metros cuadrados. Gran parte de ese crecimiento se produjo entre 2017 y 2018.
La planificación de las prisiones se lleva a cabo con meticulosos detalles: desde el tamaño de las barras en las ventanas hasta el espaciamiento de las luces a lo largo del perímetro y la altura de las torres de vigilancia. Las celdas están diseñadas para albergar entre ocho y 16 personas, con un espacio de entre 5 y 7 metros cuadrados por cada una.
Gracias a este tipo de reportes, que ponen de manifiesto el esquema de represión y tortura contra las minorías étnicas y religiosas, cada vez son más los ex detenidos que se animan a contar en primera persona cómo son las condiciones de reclusión.
Decenas de ex detenidos aseguraron que en las prisiones y campos de concentración del régimen hay grandes hacinamientos de personas.
El año pasado, una investigación de BuzzFeed News sobre un centro de reclusión en la ciudad montañosa de Mongolküre descubrió que las celdas que, según las normas penitenciarias chinas sólo deberían tener capacidad para cuatro personas, en realidad albergaban hasta diez. Algunos, de hecho, revelaron que se les obligaba a dormir por turnos debido a la falta de camas, o incluso a dormir uno al lado del otro en catres individuales.
El calvario, en primera persona
El régimen de Xi Jinping ha justificado sus políticas dirigidas a los musulmanes como esfuerzos para proteger la seguridad nacional y terminar con el terrorismo. Pero la realidad contradice el relato de las autoridades chinas, ya que una enorme mayoría de los detenidos son civiles sin ningún tipo de vinculación política, y mucho menos a organizaciones extremistas.
Ahmati, un uigur de Kashgar, contó a BuzzFeed News que en 2016 la policía comenzó a instalar puestos de control en las carreteras. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad aumentaron la persecución deteniendo a la gente en plena calle.
“Pensé que aquí no hay ejércitos extranjeros. No hay enemigos (…) Luego lo entendí: el enemigo éramos nosotros”, manifestó Ahmati, quien pidió ser identificado por su apodo, para protegerse a sí mismo y a los miembros de su familia que aún están en China.
Nadie sabía lo que estaba ocurriendo en los campos de concentración construidos por el régimen, hasta que a mediados de 2016 recrudeció la persecución contra los uigures. Era tal la opresión que la gente comenzó a entrar en pánico en Xinjiang. Las mezquitas estaban vacías, y personas como Ahmati se desprendieron de sus objetivos religiosos. Él, por ejemplo, se vio forzado a tirar su colección de textos.
“Antes de esto, los uigures eran un pueblo unido. Estábamos muy unidos”, comentó. Pero tras el inicio de la represión, “se rompió la confianza entre la gente”: “Ya no se podía visitar a la gente”. Sobre todo si se trataba de personas cuyos familiares estaban -o habían sido- detenidos.
Ahmati se fue de Kashgar en 2017. Ese mismo año, sus dos hermanos mayores fueron enviados a campos de concentración.
Eysa Imin también compartió su experiencia con BuzzFeed News. Criado en una pequeña aldea a las afueras de Korla, la segunda ciudad más grande de Xinjiang, no tardó en descubrir que haber pasado tiempo en el extranjero, especialmente en países de mayoría musulmana, le convertía en objeto de sospecha para las autoridades del régimen. En octubre de 2015 fue detenido en el aeropuerto de Urumqi, e inmediatamente llevado a un centro de detención en Korla.
Funcionarios de la seguridad del Estado le interrogaron durante horas sobre sus contactos en el extranjero y sobre si había realizado alguna acción que pudiera suponer una amenaza para el país. Allí permaneció 43 días, encerrado en un recinto con espacio para poco más de 500 personas. Por las mañanas, antes del desayuno, los presos tenían que cantar canciones patrióticas, como “Sin el Partido Comunista, no hay una nueva China”.
Al ser liberado después de un mes y medio, la policía le entregó un documento en el que se indicaba que había sido detenido por poner en peligro la seguridad nacional, pero que quedaba en libertad con todos los cargos retirados.
En enero se trasladó a Turquía con su mujer y sus hijos pequeños. A pesar de haber estado detenido, mantuvo el contacto con sus familiares y amigos en Korla. Todos estaban al tanto de la construcción de nuevas prisiones.
Después de un tiempo regresó a la ciudad y se sorprendió al ver decenas de nuevos puestos de control y unidades policiales en las calles. Un policía conocido le informó que su nombre estaba en una lista negra del régimen por haber vivido en Turquía. Motivo por el cual intentó pasar desapercibido en casa de sus suegros.
Pero era tal el control que se hizo imposible evitar a las autoridades: “Me di cuenta de que, tanto si vas en autobús como en coche, cuando pasas por los puestos de control, sólo piden a los uigures que se bajen de los vehículos para poder comprobar sus identificaciones y registrarlos”.
Volvió a ser detenido en marzo de 2017 y enviado a un campo de concentración en Korla, con capacidad para sólo unas 200 personas. En esa oportunidad, la cantidad de uigures detenidos era mucho mayor, por lo que las condiciones de reclusión eran peores con relación a su primera detención. Ninguna de las otras personas detenidas era de la comunidad china Han, sólo había otras minorías musulmanas como él. Su celda estaba “abarrotada”.
En abril de 2017, Imin salió por última vez del centro de detención, después de aproximadamente un mes de encierro. Según comentó, le concedieron la libertad por haberse comprometido a espiar a otros uigures a su regreso a Turquía. Algo que, según dijo, finalmente nunca cumplió.
Semanas atrás Estados Unidos volvió a acusar al régimen chino de llevar a cabo un “genocidio contra los uigures” en Xinjiang, luego de que el secretario de Estado Antony Blinken se reuniera con uigures que sobrevivieron a los campos de concentración.
El jefe de la diplomacia norteamericana se reunió con siete sobrevivientes, defensores y familiares de personas aún detenidas en Xinjiang. El propósito era demostrar el compromiso del gobierno de Joe Biden de “pedir el fin de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en curso de la República Popular China contra los uigures y miembros de otros grupos minoritarios étnicos y religiosos en Xinjiang”, sostuvo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado.
“Estados Unidos continuará colocando los derechos humanos en la vanguardia de nuestra política hacia China y siempre apoyará las voces de activistas, sobrevivientes y familiares de víctimas que denuncien valientemente estas atrocidades”, agregó.