La noche pintaba joven para una fiesta exclusiva. Siete yates de lujo aparcados en aguas cristalinas, uno al lado del otro en el destino más paradisíaco del Caribe venezolano donde un grupo muy limitado de personas, anónimas todas y previsiblemente muy poderosas, fueron resguardadas por un cinturón de seguridad. Más de una decena de hombres de negro portando armas largas amenazaban a quienes se acercaban.
ISABEL GUERRERO // ARMANDO INFO
Ocurrió el sábado 13 de junio de 2021 en uno de los cayos Noronquises, al norte del Archipiélago de Los Roques, y sorprendió a todos por lo irregular. La preocupación se extendió entre los lugareños como pólvora: “Nunca había visto que cerraran una isla y prohibieran la entrada a turistas”, dijo uno de los testigos, oriundo de Los Roques.
El secreto a voces no podía hacer otra cosa que estallar. En tiempos de pandemia, marcados por la escasa actividad turística, la interrupción tan llamativa de ese fin de semana se comentaba en todas partes. El cayo “estaba ocupado para un evento privado”, se oyó el archipiélago y los últimos en enterarse fueron los mismos roqueños. De nada valieron las restricciones de vuelos, las normas de convivencia y las limitaciones en prestación de servicios. La pandemia era para otra gente, la música inundó la paz del lugar.
El Almirante Eladio Jiménez Rattia, jefe de Gobierno del Territorio Insular Miranda desde el 15 de septiembre de 2020 -también presidente del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (Inea) desde la misma fecha-, fue increpado por los habitantes para que “aclarara” la polémica. Aunque prometió respuesta en tiempo corto, nunca hubo explicación para la excentricidad ocurrida en Los Roques, un parque nacional invaluable por su biodiversidad y extensión.
Aunque no es la primera vez que se cierra un islote del archipiélago, el resguardo armado de la fiesta y el impedimento para circular se vivieron como el inicio de un nuevo significado para la etiqueta de “exclusivo” que el propio Estado venezolano ha querido imponer al turismo en la zona.
Así ocurre con los Noronquises -la zona escogida para el festejo- conformada por tres cayos coralinos, de los 42 que tiene el archipiélago, y que constituye parte fundamental de la oferta de inversión turística promovida desde 2019 por el gobierno de Nicolás Maduro. En papel, de acuerdo con la información sobre la oferta pública del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior de Venezuela, buscan inversionistas para dos hoteles “especiales” en los Noronquises con servicios wellness -una tendencia del mercado con todo tipo de programas para el bienestar y la salud- y observación de fauna marina.
A los Noronquises, unos islotes más remotos y apartados de las rutas turísticas de paquete, se suman los cayos de Francisquí, Crasquí y Prestonquí (o isla Agustín), donde también se ofrecen lotes de terreno para “socios inversionistas”, a través de un contrato de concesión o alianza comercial por tiempo determinado. Estos contratos o alianzas comerciales están a la orden del día para quienes pueda pagarlo y rondan un costo promedio por edificación de seis millones de dólares, según lo muestra el folleto de inversión turística del ministerio a cargo. Es una opción de riesgo en un entorno incierto como el venezolano, pero puede generar para el inversionista su propia utopía de la Laguna Azul.
Para ajustar el circuito en este esquema de captación de inversionistas, el Ejecutivo venezolano aprobó la Ley de Inversión Extranjera Productiva, el 29 de diciembre de 2017, publicada en la Gaceta Oficial y sancionada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente que impuso el gobierno de Maduro para limitar la actuación del Parlamento de mayoría opositora. Entre los objetivos de la ley está: “Promover la inversión extranjera productiva para favorecer el desarrollo integral de la Nación, la Suprema Felicidad del Pueblo y el fortalecimiento de la economía productiva y diversificada”.
En el Archipiélago de Los Roques, por ser un parque nacional, los residentes no tienen titularidad de la tierra sino un permiso provisional, en principio, otorgado por la Autoridad Única cuando dependía del extinto Ministerio de Ambiente. Algunos roqueños lograron sacar el título supletorio que le da derecho sobre la bienhechuría, aunque no todos lo han conseguido por la cantidad de trámites que exige la ley en la actualidad.
El otorgamiento de estos papeles pasó a manos de la jefatura de Gobierno del Territorio Insular Miranda, del Instituto Nacional de Parques (Inparques), y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, entes todos coludidos ahora en la promoción de facilidades para inversionistas con divisas interesados la adquisición de inmuebles en zonas privilegiadas. Un plan que ha producido una concentración de la propiedad bajo la bandera del ecosocialismo.
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