Cuando llegó al poder, Chávez no tenía un proyecto económico elaborado, más allá de ciertas alusiones nacionalistas y de justicia social. Tan así, que conservó por año y medio a la ministra de Hacienda del gobierno anterior, Maritza Izaguirre. Es por razones políticas, al toparse con la resistencia de los empleados de PdVSA de ver vulnerada su cultura corporativa y con el hecho de que la agenda del sector privado no tenía por qué coincidir con la suya, que desata su ofensiva contra las instituciones que resguardan la actividad económica. Más pudieron sus ansias por controlarlo todo, impulsadas por ese inmenso ego de creerse heredero genuino de Bolívar, que consideraciones racionales acerca del manejo sano de la economía. Por demás, ahí estaba el petróleo que, creía, daba para todo.
Para ponerle la mano a esta fuente aparentemente inagotable de recursos, tendió la trampa que –confesaría luego—“justificaría” el despido de los gerentes, profesionales y operarios más cualificados de PdVSA, la mitad de su nómina. A pesar de los azarosos sucesos que provocó en abril, 2002, logró finalmente ufanarse ante los suyos de que, “Ahora PdVSA es de todos”. Transmutó la misión corporativa de la empresa por una de naturaleza política: financiar el socialismo de reparto que, a instancias de su mentor, Fidel Castro, debía instaurar. Entre 2003 y 2016 PdVSA desvió más de $ 250 millardos de sus ingresos para financiar misiones y fondos de desarrollo social. Encima, fue atiborrada de empresas de construcción, alimentarias, de servicios y manufactureras. Pero no sólo le creó una carga que terminó drenando sus recursos, sino que se privilegiaron criterios políticos discrecionales para la distribución de sus proventos, instaurando una dinámica que se fue apoderando, no sólo de PdVSA, sino del sector público en general. Precios del crudo en torno a los $ 100 por barril entre 2008 y 2014 (salvo 2009), parecían permitirlo todo. Chávez pudo comprar alianzas internacionales para evitar la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela por la OEA y subsidiar a la economía cubana. Pero, como lo atestiguan los escándalos destapados a cada rato en la prensa internacional, hubo destinos aún más turbios.
Maduro carece de la ascendencia, carisma e ideas de Chávez. Supo que su permanencia en el poder dependería de su capacidad de comprar a los mandos militares más corruptibles, haciéndolos cómplices de sus desmanes, traicionando su mandato constitucional. Además de ponerlos al frente de buena parte de las responsabilidades económicas del Estado, contratar con las empresas que ellos creaban, entregarles el control de puertos, aeropuertos y de la minería de Guayana, y otorgarles el monopolio de la importación de alimentos y medicinas, ¿qué mejor premio que entregarles también PdVSA? En 2017, nombró como su presidente al general Quevedo, sin experiencia alguna en la materia, con un resultado tan desastroso que el mismo Maduro, tres años más tarde, se vio en la necesidad de destituirlo.
El viejo John D. Rockefeller, fundador del imperio petrolero de la Standard Oil que, luego de ser desmembrada por la Ley Sherman (Antimonopolio), dio lugar a la Exxon, Socony, Mobil, Chevron y a otras empresas poderosas, solía decir que el mejor negocio del mundo era una empresa petrolera “bien administrada” y que el segundo mejor, una “mal administrada”. No vivió para apreciar la asombrosa capacidad destructiva de Chávez, Maduro y los suyos. ¡Es que hay que echarle bolas!
Lamentablemente, la acción destructiva no terminó ahí. La abundancia petrolera permitió subyugar aún más a la actividad económica privada. Los controles de precio, las expropiaciones y confiscaciones, y la sobrevaluación del bolívar oficial, junto a la ausencia de garantías de propiedad y procesales, acabó con buena parte del parque industrial y agrícola. En su reemplazo, Chávez cuadruplicó, entre 2004 y 2012, las importaciones, muchas exentas del pago de impuestos. Las empresas agrícolas, manufactureras y de servicio que confiscó fueron, en su mayoría, pasto de la depredación de sus nuevos administradores “socialistas”. La renta cubriría los faltantes. Al destruir a PdVSA y achicar la base impositiva doméstica, menguaron los recursos para sostener el gasto público. Se acudió, entonces, a la emisión monetaria del BCV, desatando una dinámica hiperinflacionaria que ha empobrecido brutalmente a los venezolanos.
Como hemos venido insistiendo, la terrible ruina de la economía venezolana no es (sólo) producto de la ignorancia y la incompetencia, aunque de éstas ha habido a borbotones. Al desmantelar los resguardos institucionales que amparaban las actividades productivas y comerciales, y al supeditar lo económico a criterios políticos discrecionales –a cuenta de “revolución”– se terminó asentando un Estado Patrimonial. Se fue conformando un régimen de complicidades, sobre todo con los militares corruptos, para expoliar la riqueza nacional, incluyendo también a bandas criminales, tanto nacionales como extranjeras. Independientemente de que Chávez y/o algunos de sus acompañantes hayan podido al comienzo creer en sus motivaciones justicieras, el “Socialismo del Siglo XXI” fue excusa para la parasitación del país por parte de los más poderosos, inescrupulosos y “vivos”. Con el canto de sirena de redimir al pueblo aboliendo las garantías constitucionales, nos construyeron una trampa-jaula que nos ha llevado a la pobreza más extrema. Lo irónico es que los chavistas se dan cuenta, ahora, que también los incluye.
La reactivación económica sólo será posible con base en la iniciativa privada. Requiere restituir al Estado de Derecho, con sus seguridades y previsibilidades, y sustituir el financiamiento monetario del gasto público con recursos externos para abatir la inflación, sujetos, claro está, a una reforma profunda del Estado para elevar la pertinencia, eficacia y eficiencia del gasto. Pero esto significa desmantelar las bases del régimen de expoliación sobre el cual descansan las alianzas mafiosas que sostienen a Maduro. ¿Cómo retornar al ordenamiento constitucional, reafirmando sus garantías civiles, políticas y económicas, y acceder a reformas que acaben con la discrecionalidad, falta de transparencia y la no rendición de cuentas si, con ello, desaparecen los privilegios que son la razón de ser de la dictadura? ¿Qué posibilidades hay de conservar el poder si la obtención de recursos para su sobrevivencia, ya sean aquellos provenientes del levantamiento de algunas sanciones y/o contratando financiamiento internacional, obliga a desmantelar el régimen de control social y de terror que mantiene sometida a la población y ampara sus desmanes? ¿Cómo sostenerse en un ambiente de medios de comunicación libres que exigen responsabilidades, que se enderecen las cuentas y se encaucen culpabilidades?
Y he ahí el conflicto existencial de Maduro y los suyos: luchar para mantenerse con un arreglo poco sostenible en el tiempo y con el riesgo de ser desalojados eventualmente del poder por cualquier medio, o acceder a las reformas requeridas para dotar a la economía de la estabilidad, confianza y viabilidad deseadas, a sabiendas que marcaría el fin de su cruel autocracia. De tanto destruir la institucionalidad para forjar el régimen de expoliación con el que se lucraron a sus anchas durante años, se encuentran ahora sin opciones. Sin percatarse, se incluyeron en la trampa-jaula que forjaron, y no saben cómo salir.
La Academia Nacional de Ciencias Económicas, como las demás academias, valiosos profesionales de la economía y especialistas de variadas disciplinas, tienen años señalándole al régimen las insuficiencias y errores de sus políticas, e instándole a corregirlas. Pero sus personeros prefirieron refugiarse en la excusa de una “guerra económica” para negar estos cambios y continuar depredando al país.
Todo apunta a la necesidad de una salida política que obligue a este régimen criminal a convencerse de que debe acceder a desmantelar sus privilegios e impunidades. ¿A qué precio?
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com