El viernes pasado, el régimen de Nicolás Maduro y sus opositores, nucleados en la Plataforma Unitaria de Venezuela, firmaron un memorándum que servirá de marco a las negociaciones que llevarán adelante, a partir del 1 de septiembre, en México.
El proceso debe desmentir el razonable pesimismo de quienes han venido observando una crisis que se ha vuelto crónica. Aún cuando las autoridades acaban de hacer un gesto para dar verosimilitud a sus declaraciones, como la liberación de Freddy Guevara, los antecedentes son una cadena de fracasos. El más estrepitoso fue el de 2016, liderado por el Vaticano. Maduro y el otro gran caudillo del chavismo, Diosdado Cabello, denunciaron que el cardenal Pietro Parolin, encargado de facilitar las conversaciones, en realidad las había boicoteado. Parolin, que es el secretario de Estado de la Santa Sede, había osado pedir medidas para corregir el desabastecimiento de alimentos y medicinas, la apertura de un camino electoral, y la liberación de presos políticos.
Esta vez el paraguas lo pone Noruega, que viene gestionando conversaciones reservadas. El representante de ese país, Dag Nylander, tiene experiencia en este tipo de ejercicios. Cumplió la misma función en las tratativas entre el Gobierno de Colombia y los guerrilleros de las FARC, a lo largo de cuatro años, en La Habana. A Nylander, por lo visto, le sobra paciencia.
En el memorándum aparece un inventario de objetivos con distinto alcance práctico. En lo esencial, el chavismo pretende el levantamiento de sanciones para el Estado y también para los funcionarios. Es un reclamo importantísimo, sobre todo porque de un momento a otro se podría abrir un proceso formal en la Corte Penal Internacional de La Haya para varios jerarcas de la dictadura. La oposición pide garantías electorales, que incluyan el reconocimiento de derechos políticos para todos. Es decir: garantizar la transparencia la competencia para acceder al poder, comenzando por la eliminación de las proscripciones.
El experimento ofrece varias novedades. Algunas exceden la cuestión venezolana. Entre las más significativas está la participación de los rusos acompañando al chavismo, del mismo modo que los representantes de los Países Bajos acompañan a la oposición. Al aparecer en esa mesa, Rusia da un paso más en su progresiva intervención en la escena latinoamericana. El gobierno de Vladimir Putin es el principal respaldo que tienen hoy, además de la tiranía venezolana, los regímenes de Miguel Díaz-Canel, en Cuba, y de Daniel Ortega, en Nicaragua. Es un apoyo más político que económico, como se advierte en la pésima situación en que están ambos países. Tampoco Rusia tiene demasiado margen para la generosidad.
Esta participación de los rusos puede servir para despejar un interrogante. ¿El Kremlin tiene una agenda latinoamericana o su protagonismo en esta parte del mundo se limita a tensar la cuerda con los Estados Unidos? Dicho de otro modo: ¿su intervención es algo más que un movimiento simétrico respecto de la injerencia de Washington en el área de influencia de Moscú? Diplomáticos rusos afirman en Caracas: “Participamos del diálogo de México porque no queremos aparecer como parte del problema; queremos ser parte de la solución”.
Además de la presencia rusa, llaman la atención algunas ausencias. La más notoria es la de España. Europa ha tenido siempre en España su principal vínculo con América Latina. Y el Gobierno de Pedro Sánchez ha expresado mucho interés en la peripecia venezolana. Sin embargo, en México están Rusia y los Países Bajos. Es posible que España esté pagando el precio de cierta ambigüedad. La proximidad con Podemos inclina su diplomacia hacia el chavismo. Igual que el activismo de José Luis Rodríguez Zapatero, un gestor muy confiable para Maduro, y de creciente gravitación en Madrid. Además, el nuevo secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, es un buen amigo del régimen caribeño, ante el cual fue embajador. Pero la misma España es la que asila a Leopoldo López.
La Argentina kirchnerista, también ausente, cumple un papel muy parecido. Su presidente, Alberto Fernández, se apartó del Grupo de Lima, un club regional de antichavistas. Y retiró la denuncia penal que había hecho su antecesor, Mauricio Macri, ante La Haya, acusando a la cúpula venezolana de cometer crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la aproximación de Fernández a los Estados Unidos, que quedó demostrada en la reciente visita a Buenos Aires del Asesor Nacional de Seguridad, Jake Sullivan, le convierten en un aliado sospechoso. Esto no significa que España y la Argentina no terminen integrando el más amplio pelotón de Países Amigos, que se está formando a instancias de Noruega.
El otro dato que debe registrarse es la reticente bendición de los Estados Unidos a las conversaciones que se inician. Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado, admitió que podrían levantarse algunas sanciones siempre y cuando se adviertan progresos significativos en la negociación. El reconocimiento mismo de la mesa que se tendió en México es una novedad, ya que supone un reconocimiento, al menos de facto, de que Venezuela está siendo gobernada por Maduro. Y no por Juan Guaidó, a quien en Washington siguen saludando como Presidente Interino.
Esta flexibilización es una admisión tácita del callejón sin salida en que se metió Estados Unidos al reconocer a un gobernante que carece del control territorial de su país. Hay que tomar nota de este detalle, porque puede servir de antecedente a lo que suceda en Nicaragua. Antony Blinken, el secretario de Estado de Joe Biden, ya declaró que, al violarse todas las garantías institucionales, las elecciones de noviembre en ese país carecerán de validez. ¿Significa que Biden desconocerá como presidente a Daniel Ortega, que se proyecta como el fraudulento triunfador de esos comicios? Es muy probable que no. Es la lección venezolana.
Más allá de estos detalles, Estados Unidos tiene la llave de lo que ocurra en México. En estas tratativas habrá una esgrima invisible entre Washington y Moscú. Un partido que se juega en otro estadio. Porque es inútil esperar elecciones limpias en Venezuela si el régimen no obtuvo garantías, al mismo tiempo, sobre el levantamiento de sanciones penales y económicas. Sobre el país. Y sobre las personas.
El noruego Nylander conoce a la perfección este problema. Lo aprendió orientando los acuerdos de paz de los colombianos. Es imposible llegar a un entendimiento sin flexibilizar el Código Penal. Y algo mucho menos confesable: sin garantizar a los funcionarios de una dictadura corrupta que podrán disfrutar, siquiera en parte, del dinero que han robado.
Este artículo fue originalmente publicado en El País el 16 de agosto de 2021