La líder depuesta y nobel de la paz birmana, Aung San Suu Kyi, lleva seis semanas sin poder reunirse con sus abogados, quienes indicaron este lunes que pedirán al tribunal donde está siendo juzgada poder verse con su cliente.
Uno de los abogados de Suu Kyi, Khin Muang Zaw, confirmó a Efe que las vistas de los casos contra la exmandataria en un tribunal de la capital, Naipyidó, han vuelto a ser retrasadas hasta los próximos 6 y 7 de septiembre.
“No habrá vistas los próximos lunes y martes, por lo que no hemos tenido contacto con nuestros clientes desde hace seis semanas”, declaró en un mensaje encriptado el miembro de la defensa, que también representa al presidente depuesto, Win Myint.
Desde el pasado julio, las vistas han sido aplazadas varias veces, primero debido a la coincidencia con días festivos y luego a causa de la caótica situación de la pandemia en el país, cuyo número oficiales de víctimas no dejan de crecer mientras prosigue la profunda crisis política.
La líder se encuentra bajo custodia de las autoridades desde las primeras horas del golpe de Estado militar del 1 de febrero, tras lo que fue acusada de delitos como incitación al odio, violación de las normas de la covid-19 e importación ilegal de “walkie-talkies”.
Suu Kyi, que permanece detenida en una localización desconocida tras pasar varias semanas en arresto domiciliario, también afronta una acusación por violar la Ley de Secretos Oficiales, penado con hasta 14 años de prisión, un cargo presentado ante un tribunal en Rangún.
El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
El rechazo al golpe de los militares se ha puesto de manifiesto con protestas a lo largo del país y un movimiento de desobediencia civil que ha conseguido parar la Administración y parte del sector privado.
Las huelgas indefinidas de los sanitarios, perseguidos por los militares, han ahondado más en la preocupante ola de la covid-19 en el país, que acumula más de 298.000 contagios y 14.000 muertes, según las cifras oficiales.
La junta militar ha reprimido con extremada violencia las protestas y más de 1.000 civiles han muerto, mientras que se ha arrestado de manera arbitraria a más de 7.000 opositores al régimen, según los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
EFE