EEUU está manteniendo conversaciones con México para restaurar el programa migratorio por el que las autoridades estadounidenses devolvían a suelo mexicano a los solicitantes de asilo que llegaban a su territorio en espera de que se resolvieran sus casos, tras una decisión del Tribunal Supremo.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en su rueda de prensa diaria que el Departamento de Estado, con el apoyo del de Seguridad Nacional, está llevando a cabo conversaciones “diplomáticas” con el Ejecutivo de México para cumplir la orden del Supremo.
El martes, la más alta instancia judicial de EEUU consideró que la Administración del presidente Joe Biden posiblemente violó la ley federal cuando intentó acabar con Permanecer en México, como se conoce el programa instaurado por el Gobierno de su predecesor Donald Trump (2017-2021) por el que se devolvía al país vecino a los solicitantes de asilo mientras esperaban a que se resolvieran sus casos.
Con el voto de disenso de tres jueces progresistas, el Supremo rechazó bloquear la decisión de una corte de menor instancia que ordenaba al Ejecutivo de Biden restablecer dicha política.
Todavía no está claro a cuántas personas puede afectar esta decisión.
Psaki aseguró que su Administración se opone a ese programa, pero que al mismo tiempo cumplirá la orden judicial, y recordó que cuando estuvo en vigor anteriormente provocó un atasco en la tramitación de los casos de los demandantes de asilo.
Asimismo, la portavoz recordó el comunicado emitido anoche por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), donde informó de que ha apelado la resolución de la corte del distrito que el Supremo ha decidido no bloquear.
Biden suspendió en su primer día en la Casa Blanca las inscripciones en ese programa, impulsado en enero de 2019 por Trump y por el que Estados Unidos envió a más de 60.000 indocumentados que cruzaron la frontera a esperar durante meses en México sus citas ante jueces migratorios.
En febrero, el Gobierno de Biden empezó a permitir la entrada en Estados Unidos de migrantes con casos activos bajo ese programa y en junio, el Departamento de Seguridad Nacional puso fin definitivamente al programa, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
El pasado 13 de agosto, el juez federal Matthew Kacsmaryk, nominado por Trump para su cargo en una corte de Texas, dio la razón a los fiscales generales de Texas y Misuri, que habían demandado a la actual Administración en abril por su decisión de acabar con el programa.
EFE.