Es bien sabido que el fenómeno por el cual las aguas de los ríos Orinoco y Caroní se intersectan pero sin mezclarse a lo largo de varios kilómetros, es observable aún desde gran altura. El cruce ocurre frente a Ciudad Guayana, capital industrial del estado Bolívar, en el sur de Venezuela, y define, por efecto de las diferencias de temperatura, densidad y velocidad de ambos caudales, una autopista acuática bicolor con rumbo al océano Atlántico.
EWALD SCHARFENBERG // ARMANDO INFO
Pero desde Nueva York también creyeron ver que otra mezcla difícil, la de dos grupos empresario-familiares, se originaba en Ciudad Guayana.
Fue en septiembre de 2014. Entonces, el JP Morgan Chase Bank, en Brooklyn, emitió un reporte para FinCEN (acrónimo en inglés de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos) en el que daba cuenta de transacciones presuntamente irregulares que llevaban a cabo empresas y personas ligadas al grupo financiero del venezolano Banco Caroní -con las familias Maza y Kabchi a la cabeza- y en las que había participado una compañía bursátil panameña en la que otra familia oriunda de Guayana, los De Grazia, tenía intereses.
El documento forma parte de los 2.100 Reportes de Actividad Sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) obtenidos por BuzzFeed News y organizados como una base de datos consultable por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, con sede en Washington DC), que dieron lugar a la serie de los FinCEN Files, en la que participaron 107 medios de todo el mundo, entre ellos, Armando.info, que la publica desde el año pasado.
En el reporte, los oficiales de cumplimiento del JP Morgan Chase informaban sobre 533 transacciones financieras irregulares que habían monitoreado entre enero y agosto de 2014, por un total de poco más de 205 millones de dólares. De esas transacciones, 414 habían tenido como origen un pequeño banco de la isla caribeña de Barbados, el Continental Bank Corp, propiedad de los directivos venezolanos del Banco Caroní, y otras 119 habían sido destinadas al mismo banco.
Muchas de las operaciones desembocaban en transferencias de fondos a cuentas personales en Suiza y Estados Unidos de personas vinculadas al Banco Caroní, resaltaba el informe, que además recordaba que JP Morgan Chase había emitido con anterioridad al menos otros once SAR para FinCEN, donde mencionaba al Banco Caroní y subsidiarias en relación a “ventas de bonos (…) y actividad de transferencias por cable (…) que generaron sospechas de involucramiento en el procesamiento de ingresos provenientes de la corrupción oficial, comportamiento de servicios no registrados para el cambio de monedas, fraude financiero, y otras actividades no transparentes y de alto riesgo”.
En vista de todo ello, seguía el documento, en 2012 JP Morgan Chase había emprendido una “salida de toda la empresa” (a firmwide exit) de sus relaciones con el Banco Caroní. Pero, a pesar de esa medida profiláctica, todavía en 2014 continuaba involuntariamente al tanto de las actividades del banco venezolano, porque el Continental Bank de Barbados -vinculado al Caroní- venía usando a la sucursal del Royal Bank of Canada en esa isla como intermediario para sus operaciones internacionales y este, a su vez, tenía a JP Morgan Chase como banco corresponsal.
“El 4 de marzo de 2014”, dice el documento, “JP Morgan Chase emitió una solicitud verbal de ‘cese y desista’ al Royal Bank of Canada (Barbados), en lo que respecta a su facilitación de transacciones para el Continental Bank a través de JP Morgan Chase”.
El análisis de los ejecutivos de JP Morgan Chase Bank había permitido determinar que las transferencias originadas en el Continental Bank de Barbados o destinados al mismo, particularmente en el período entre enero y febrero de 2014, reflejaron “patrones consistentes con actividades del VPCS, actividad informal de transferencia de valores, y también incluyeron aspectos materiales no transparentes”, en alusión a su falta de datos descriptivos y soportes del propósito de las operaciones. En el informe, las iniciales VPCS corresponden al inglés Venezuelan Parallel Currency System, fórmula con la que se refiere al mercado negro de divisas.
En un largo párrafo explicativo, los funcionarios del JP Morgan Chase relataban la evolución del régimen de control de cambio de divisas, impuesto por Hugo Chávez, desde 2003 a la fecha. En 2014, resumían, “los sistemas Cencoex, SICAD 1 y SICAD 2 funcionan en paralelo”, pero, advertían, “como todos son restrictivos, la demanda por dólares en el mercado negro continúa, así como el VPCS”.
Así, los 205 de millones de dólares que corrieron durante el periodo enero-agosto de 2014 por el JP Morgan Chase, atribuibles a transferencias del o hacia el Continental Bank de Barbados, habrían correspondido a operaciones de ese tipo. Aunque las transacciones sujetas a escrutinio sumaban más de 500, solo 19 de ellas concentraban 30% -unos 62 millones de dólares- del monto total. Y de ese dinero, 56 millones de dólares correspondían a apenas dos transferencias hechas por una compañía en Panamá, Intersecurities International Inc, dos de cuyos accionistas y directores principales, Carmelo De Grazia Suárez y Daniel De Grazia Suárez, son parte de la familia que en Venezuela controla Bancamiga.
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