El informe señala que a medida que la crisis social, económica y política del país se ha agravado, “la libertad de Internet en Venezuela se ha vuelto más precaria. Los fallos de infraestructura provocan frecuentes interrupciones de la conectividad, aunque la entrada de nuevos proveedores de servicios ha mejorado el acceso para los pocos que pueden permitírselo, los periodistas independientes, que en su mayoría trabajan en medios online, son víctimas de acoso, agresiones físicas y detenciones arbitrarias. Los venezolanos de a pie se censuran cada vez más en Internet, por temor a ser detenidos por expresar comentarios críticos en mensajes privados y en las redes sociales. A medida que el régimen consolida su poder, las autoridades parecen estar considerando reformas legales que restringen aún más la libertad de expresión en línea”.
Por freedomhouse.org
– “Las instituciones democráticas de Venezuela se han deteriorado desde 1999, pero las condiciones han empeorado notablemente en los últimos años debido al endurecimiento de la represión contra la oposición y a que el partido gobernante se apoya en unas elecciones ampliamente condenadas para controlar todos los poderes del Estado. Nicolás Maduro consolidó aún más el poder en unas elecciones fuertemente controladas en diciembre de 2020, que fueron boicoteadas por la oposición y por Juan Guaidó. Las autoridades han cerrado prácticamente todos los canales para la disidencia política, restringiendo las libertades civiles y persiguiendo a los supuestos opositores sin tener en cuenta el debido proceso. La grave crisis humanitaria del país ha dejado a millones de personas luchando por satisfacer las necesidades básicas y ha impulsado la emigración masiva”.
– “El régimen de Maduro bloqueó el acceso a sitios web en momentos políticamente delicados, incluido un número creciente de sitios web de medios de comunicación, aunque la conectividad a Internet no se restringió durante el periodo de cobertura”.
– “En las elecciones a la Asamblea Nacional de diciembre de 2020, fuertemente controladas, se produjeron restricciones digitales generalizadas, incluidos los bloqueos dirigidos a los sitios web de participación en la consulta popular dirigida por la oposición, una encuesta presentada como alternativa a las elecciones”.
– “En medio del creciente número de detenciones arbitrarias por mensajes en redes sociales y plataformas de mensajería como TikTok y WhatsApp, los periodistas y los ciudadanos de a pie se autocensuran cada vez más”.
– “Las autoridades siguen manipulando los contenidos en línea, incluso a través de cuentas falsas e incentivando a los usuarios a publicar narrativas progubernamentales a través del Sistema Patria”.
– “El poder judicial continuó emitiendo sentencias politizadas que socavan la libertad de expresión; en mayo de 2021, los tribunales autorizaron la incautación de la sede de El Nacional, un periódico independiente que ahora publica en línea, en una demanda civil iniciada por Diosdado Cabello Rondón”.
A. Obstáculos al acceso
La crisis económica de Venezuela, marcada por múltiples años de recesión e hiperinflación, ha obstaculizado la infraestructura de telecomunicaciones del país y la calidad del acceso a Internet. La decadente infraestructura del país sufre averías, robos y vandalismo, lo que provoca frecuentes apagones y poca velocidad de conexión
B. Limitación de contenidos
El régimen de Maduro continuó bloqueando los medios digitales y las redes sociales, particularmente para limitar las actividades de los aliados de Guaidó. Un informe de mayo de 2021 del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela detalló la censura en línea generalizada y persistente.
C. Violaciones de los derechos de los usuarios
Aunque la constitución garantiza la libertad de expresión, el régimen ha aprobado leyes y normas que coartan este derecho. Varias leyes, como la ley contra la incitación al odio de 2017 y Resorte, ofrecen vías para limitar el discurso que se considera que incita al odio, la violencia o la “ansiedad” entre la población, incluso en Internet. Además, el prolongado estado de excepción, en vigor desde 2016, incluía disposiciones sobre la lucha contra las ciberamenazas y autorizaba normas para evitar “campañas de desestabilización.” En diciembre de 2020, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el estado de excepción.