El magistrado Alejandro Abascal estudia el embargo de 5,7 millones de dólares (4,9 millones de euros) de la Fundación Ayacucho, una firma ligada al entorno de Raúl Morodo. El juez que investiga el patrimonio del exembajador de España en Venezuela, acaba de incorporar a la causa el resultado de una comisión rogatoria librada a Suiza en relación a toda la información bancaria que dispusiera de esta firma. El objetivo es acotar el destino final de los presuntos pagos millonarios y sin justificación aparente que el entorno del exdiplomático canalizó procedentes de la empresa pública Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Por GEMA HUESCA / vozpopuli.com
De este modo, el magistrado da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre el resultado de la comisión rogatoria, así como la propuesta de embargo que proviene, a su vez, de las autoridades suizas. De la documental incorporada ahora a la causa, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, se desprende que la Fiscalía Federal de Berna ya acordó el 10 de septiembre de 2019 el bloqueo provisional de todos los “valores patrimoniales” a nombre de la sociedad en la Banca Zarattinni & Co. por importe de 5,71 millones de dólares.
El movimiento se produce en el marco de la comisión rogatoria que libró en septiembre de 2019 Santiago Pedraz, magistrado que estaba entonces al frente de la causa. En su respuesta, incluida en un pendrive remitido a la Audiencia Nacional a principios de septiembre, la Fiscalía Federal explica que han estudiado toda la documental bancaria de la Fundación Ayacucho relativa a la apertura de cuentas, la correspondencia, patrimonio y aclaraciones sobre transacciones.
Al respecto explican que el patrimonio a fecha de 31 de diciembre de 2020 ascendía a un total de 5.716.497 dólares, de los cuáles 4,2 millones pertenecen a títulos valores y 1,48 son fondos líquidos. “Dado que el bloqueo de los valores patrimoniales mencionados anteriormente únicamente es provisional, les rogamos que solicite mediante comisión rogatoria un bloqueo ordinario del patrimonio“, reza el escrito de la Fiscalía suiza.
Junto a esta documental, las autoridades helvéticas aportan también información clave sobre un pago que recibió la Fundación en abril de 2019, apenas un mes antes del estallido de la trama en cuyo epicentro se encuentra el exembajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela. Los investigadores pusieron el foco en la Fundación Ayacucho por el abono de 1,3 millones de euros que canalizó el 2 de abril en sus cuentas de Suiza. El pago procedía de Belcano Investments Inc. Se trata de una mercantil vinculada a otro de los grandes protagonistas de la causa: Carlos Adolfo Prada.
La consulta Alcander
La Policía Judicial sitúa a Prada en el entorno más cercano de Alejo Morodo (hijo del diplomático) y le implica en el presunto desvío de fondos de la petrolera bolivariana mediante contratos de consultoría ficticios. Los imputados en este procedimiento -a los que se les atribuye delitos contra la Hacienda, blanqueo, corrupción en los transacciones internacionales y falsedad documental- se habrían apoyado en empresas pantalla para canalizar los fondos que se desviaron a España. Las firmas se ubicarían, entre otros sitios, en Panamá o en San Vicente y Granadinas.
La documental bancaria aportada por las autoridades helvéticas desvela además que el abono de 1,3 millones de euros desde Belcano Investments a Ayacucho estaba vinculado con la operación de compra venta de la Consultora Alcander. Esta firma ya estaba en el foco de los investigadores por haber canalizado pagos de la petrolera bolivariana. Según informó el diario El Mundo, la UDEF advirtió en relación a esta consultora que recibió fondos de las sociedades constituidas en el extranjero y que éstos se utilizaron para “financiar operaciones de compraventa de inmuebles”.
Las conclusiones alcanzadas por la Policía Judicial coinciden con la nueva documental aportada y la cual incluye, además, un acta notarial relativa a la compraventa de la consultora Alcander. El traspaso de acciones se efectuó justo un día después de que la Fundación Ayacucho recibiera los 1,3 millones de euros. La escritura se protocolizó el 4 de abril de 2019 en Panamá y de la misma se desprende que Lakesidp Overseas Ltd (constituida en 2012 en San Vicente y las Granadinas) vendió participaciones de Alcander a Carlos Adolfo Prada Gómez. Se da la circunstancia de que este socio de Alejo Morodo pagó por esas participaciones untotal de 1,3 millones de euros, la misma cuantía que ingresó un día antes la Fundación Ayacucho.
Silencio ante el juez
La incorporación a la causa de todo este material se produce apenas una semana después de la ronda de declaraciones que acordó el magistrado Alejandro Abascal a petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Público solicitó que comparecieran en sede judicial una veintena de personas implicadas en el procedimiento, entre ellas el propio Carlos Adolfo Prada. El exembajador Morodo, que siempre ha defendido la veracidad de los contratos, guardó silencio ante el instructor acogiéndose a su derecho a no declarar. Su hijo Alejo, hizo lo mismo.
La Fiscalía solicitó la comparecencia de imputados y también de testigos -entre los que se encuentra el exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos- tras incorporar documentación bancaria relativa a la causa así como tras el análisis de toda el material incautado en los registros efectuados tras el estallido del procedimiento. Del mismo modo avisó de que la causa también contaba con el estudio efectuado por Hacienda de diversas sociedades de las que es gestor Alejo Morodo.
Al término de sus citaciones, el sindicato Manos Limpias (que ejerce la acusación en el procedimiento) solicitó prisión incondicional para Morodo alegando que no estaba colaborando con la causa y que existía un importante riesgo de fuga por sus “extraordinarios contactos con Venezuela”. Sin embargo, el magistrado Abascal declinó la pretensión asegurando que está “cumpliendo escrupulosamente” con las comparecencias apud acta que tienen contraídas y recordando, además, que se le retiró el pasaporte, por lo que no puede salir del país.