“Diez muertes de presos políticos bajo custodia del Estado son suficientes para que el Fiscal de la CPI Karin Khan exija a la sala de cuestiones preliminares que decida firmar el informe preliminar” afirmó Rafael Narváez
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El abogado defensor DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles condenó la vulneracion por parte del Estado del Art 43° CRBV que establece el derecho la vida y la obligación de preservar la vida de los privados de libertad. Ccon la muerte del General RaúI Isaias Baduel aumenta la cifra a diez de presos políticos fallecidos bajo custodia del Estado convirtiéndo a los centros de reclucion, en especial el Sebin, en una “Funeraria en Capilla Ardiente” al no proteger y garantizar su vida .
El cordinador por los derechos civiles exigió a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet solicitar aplicar el Protocolo de Minnesota en el caso de la muerte del General RaúI Isaias Baduel para evitar que funcionarios del Estado que sean sospechosos de haber cometido este crimen puedan actuar, influir en la investigación y se recomienda en estos casos una comisión investigadora independiente para el esclarecimiento del caso tomando en cuenta que hay muchos testimonios de familiares y abogados de la defensa que cuestiónan la tesis del Estado de muerte por Covid19.
El abogado penalista fustigó la inobservancia e indolencia por parte del que dice ser Defensor del Pueblo, su conducta omisiva ante tantas atrocidades, vejaciones, torturas y asesinatos (como los casos Alban y Acosta Arevalo ) contra los presos políticos que ocurren en los centros de detencion, lo que lo hace cómplice.
Para finalizar el defensor por los derechos civiles expresó que es imposible para el Estado intentar borrar con el secuestro de la investigación penal de estos crímenes horrendos y sostuvo su tesis que no hay crimen perfecto por que los “muertos hablan” y la verdad prevalecerá.
Estamos en presencia de un récord de violaciónes graves a los derechos humanos por parte de un Estado que condenó la actuación de la 4ta República y que ahora la aplica como política de Estado. La única esperanza es la CPI, concluyó Narváez