Faltan pocos días para que finalmente sea publicado “el íntegro de la sentencia definitiva” en el caso de Rufo Chacón, tal como lo anunció el pasado 4 de octubre el fiscal usurpador, Tarek William Saab, quien en su cuenta Twitter informó sobre la condena penal contra los dos exfuncionarios de Politáchira.
Rufo Chacón es el joven que perdió la vista a los 17 años por los disparos de perdigones efectuados a su rostro por los policías Javier Useche Blanco y Henry Ramírez Hernández. Rufo acompañaba a su madre en una protesta pacífica para exigir gas doméstico tras no contar con el servicio por más de cuatro meses.
Él aún espera una indemnización de parte del Estado venezolano por los daños que le ocasionaron. Rufo junto a su madre, continúan exigiendo que “debe pagar con cárcel toda la cadena de mando, quienes dieron la orden y entregaron las armas”, el día que se registraron los hechos en el municipio Cárdenas del estado Táchira.
La vida de Rufo cambió en un “abrir y cerrar de ojos”. Su hermano, quien tenía 15 años para el momento de la protesta, también fue víctima de la represión, el día más oscuro para esta familia tachirense. Aún lleva 47 perdigones en su rostro y requiere con urgencia el cambio de sus prótesis, debido a que sus cavidades oculares crecieron, pero su familia no cuenta con los recursos económicos para la compra de unas nuevas.
Tras el anuncio de la condena a los expolicías, Adriana Parada, madre de Rufo, espera que culminen los 10 días hábiles para que los exfuncionarios sean trasladados al Centro Penitenciario de Occidente y no continúen privados de libertad en la sede de Politáchira, donde han permanecido desde que fueron sacados de la sede del CICPC, sin conocer quién habría dado la orden.
“La justicia incompleta no es justicia, a mí no me da felicidad (la condena). A mi hijo nadie le va a devolver la vista. Yo quisiera sacar a mi hijo del país y darle una mejor vida, pero no tengo el dinero para hacerlo. No tenemos ni para darle el cambio de prótesis”, se lamentó Adriana.
Empezar de cero
La crisis económica es otro problema que ha tenido que enfrentar esta familia. Ante la necesidad de cubrir los gastos básicos como la compra de alimentos, nuevamente volverán a abrir un kiosco en casa de la abuela de Rufo, donde esperan vender golosinas, víveres, pasteles y empanadas.
Esta actividad durante un tiempo les generó ingresos con las ventas delivery que hacía Rufo en compañía de otro familiar, pero se vieron obligados a cerrarlo por las constantes amenazas de grupos armados.
Las dificultades en la vida de Rufo parecen no terminar, pues anhela ser músico, pero las limitaciones económicas siguen impidiendo alcanzar su meta. Hace pocos meses ingresó a una escuela de braille, donde tampoco pudo continuar.
Su mamá manifestó que la Fundación Frigilux les prometió el cambio de prótesis, pero hasta ahora no se ha materializado la promesa. Esta organización benéfica también dijo seguir apoyándolos con el pago del alquiler de la vivienda de resguardo, donde habitan ella y sus tres hijos desde hace dos años
La madre de Rufo desconoce por qué no responden “las personas de la Fundación Frigilux, quienes se comprometieron en comprar una vivienda y rechazamos a otras fundaciones, cuando se nos acercaron a ayudar”.
Violación de derechos
Tal como lo anunció Tarek William Saab, el Ministerio Público del régimen “logró la condenatoria” por 27 años y nueve meses de cárcel a Javier Useche Blanco, autor del disparo contra Rufo Chacón, por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración, trato cruel y uso indebido de arma orgánica. Mientras al otro exfuncionario, Henry Ramírez Hernández, se le condenó por el delito de trato cruel a 21 años y cinco meses.
Raquel Sánchez, representante del Foro Penal y quien forma parte del equipo de abogados que ha llevado el caso desde el comienzo, manifestó que “el Estado venezolano al no honrar la reparación de los daños, obliga a la víctima a ejercer acciones” que, por cierto, se le dificulta adelantar ante la falta de recursos.
La abogada señaló que en este caso han sido violados todos los derechos. Asegura que “el día de los hechos, no hubo ningún tipo de garantías, no hubo protección direccionada a los grupos vulnerables en control de manifestaciones públicas, no hubo uso diferenciado y progresivo a la fuerza pública”.
Indicó que el día de la manifestación se usaron vehículos que no estaban identificados para el control de las manifestaciones y aunque ya se determinó la responsabilidad sobre dos exmiembros de Politáchira, “aún hay responsabilidades” por investigar, luego de que los exfuncionarios en el juicio rebelaran a otros implicados.
Por su parte, la abogada penalista y colaboradora del Foro Penal, Raiza Ramírez, señaló que “durante el juicio quedó determinado la culpabilidad de estas personas. Hubo testigos presenciales que a su vez fueron víctimas de golpes o perdigones, quienes manifestaron claramente, quién fue el autor de los hechos”.
Manifestó que los dos condenados “tenían cargos de jefatura dentro del cuerpo policial, y Useche, el condenado en homicidio de frustración, fue quien dio la orden cuando llegaron al sitio de quitar los cilindros de gas doméstico”.
Raiza Ramírez destacó que uno de los exfuncionarios dijo que “el uso proporcional de la fuerza no era necesario en ese momento, que solo aplica de persona a persona, lo cual es falso”. Aclaró que el uso proporcionado de la fuerza debe ser conducido y debe hacerse con el debido cuidado de un uso diferencial de la fuerza, cuando se trata una protesta.
Para la diputada del parlamento nacional, Karim Vera, “el Estado venezolano sigue en deuda con dar respuesta a la violación de los derechos humanos”. Resaltó que “así actúa el régimen en contra del pueblo, que se niega a doblegarse, lucha por sus derechos y avanza en la protesta de calle, porque no están dispuestos a vivir en la miseria como pretende Nicolás Maduro”.
