La coordinadora del Observatorio Educativo de Venezuela, Olga Ramos, analizó las condiciones del inicio del año escolar, en el contexto de la pandemia. Como experta de políticas públicas en materia educativa, alertó que el Estado no está en capacidad de atender el adecuado funcionamiento de los más de 20.000 planteles en todo el país y denuncia el modelo centralizado de gestión, sin labores de censo y contraloría, como la principal causa de lo que denominó “emergencia humanitaria en educación”. A esto se suma el deterioro, el vandalismo, la falla de los servicios públicos, el éxodo de docentes y el abandono de la profesión por bajos salarios, junto a la decisión del Ejecutivo de trasladar las responsabilidades de cuidado y mantenimiento a la comunidad educativa que, debido a la crisis socioeconómica, no puede responder a esta urgencia.
Por Marianna Gómez / La Patilla
– De los problemas de infraestructura, abordemos, en primer lugar, el deterioro. Los reportes de nuestros corresponsales en Guárico, Aragua, Nueva Esparta, Anzoátegui, Lara, Zulia, Táchira, Carabobo y Mérida, revelan planteles en ruinas: techos caídos, aulas sin pupitres, saqueados, baños sin mantenimiento y con focos de infecciones. ¿Qué está ocurriendo en las escuelas?
Según las cifras que dio el Ministerio de Educación, hay 29.103 planteles, una cifra menor que la ofrecida por el ministro de Comunicaciones, pero esa es la cifra oficial. De esos, 4.975 son de propiedad y gestión privada, algunas de ellas subvencionadas como las de la AVEC -especialmente las de Fe y Alegría, que son de las más conocidas- y el resto que son propiedad del Estado, bien sea el Ministerio de Educación, una gobernación, una alcaldía o una empresa del Estado que atienda a los hijos de sus trabajadores. Por lo tanto, esa instancia tiene la responsabilidad de cubrir todos los costos de su funcionamiento y mantenimiento. De esos 24.128 planteles, la mayoría son de dependencia nacional. Este dato es muy importante y nos lleva a plantear si es factible que un ministerio pueda administrar y gestionar 20.000 escuelas.
-¿En qué consiste la labor de funcionamiento y mantenimiento de una escuela, a la que el Estado está obligado?
El Ministerio de Educación debe tener una planificación anual que permita mantener la institución en óptimas condiciones: la limpieza, el equipamiento, el funcionamiento del sistema eléctrico y de aguas, que los baños estén en perfecto estado y, cada cierto tiempo, se hace mantenimiento mayor, que debería programarse cada cinco años para atender los problemas más graves de infraestructura, y el intermedio, que se hace a finales del año escolar para reparar fallas de friso, suelo. Ese proceso de mantenimiento, se perdió en Venezuela.
Se creó el programa “Cada familia, una escuela”, que inicialmente era desarrollado y financiado por el ente correspondiente, junto con el acompañamiento de las familias. Pero esa participación se fue convirtiendo en que la escuela tenía que resolver y, al final, terminaron exigiendo los materiales a las familias. Las escuelas tienen el plan de mantenimiento “Una gota de amor para mi escuela”, desarrollado por la comunidad educativa que son las familias, el cuerpo docente y de trabajadores administrativos y obreros. Durante la pandemia no se hizo, y con los daños previos, más los que se incrementaron, las escuelas están en peores condiciones debido al saqueo, el robo y el vandalismo.
Por ejemplo, roban las rejas porque venden el metal, los techos, ha sido un proceso de deterioro que hace que el mantenimiento no sea reparar las fallas, sino que, en algunos casos, significa reconstruir la escuela. Hemos visto escuelas con filtraciones en los techos y se ven las manchas de humedad. Cuando se trata de ese tipo de daños, se necesita más que “una gota de amor”, más que pasarle pintura al techo, se necesita reparar, sustituir e impermeabilizar. Si hay fisuras o grietas en las paredes, debes ver si es el friso o si es un problema de los materiales, y dependiendo de la gravedad, evalúas si debes sustituir o reparar con cierto nivel de mantenimiento que no se resuelven con “una gota de amor”, se resuelven con técnicos en infraestructura que evalúan y dicen qué se tiene que hacer y cuánto se debe invertir. Este trabajo tiene un tiempo que no se resuelve a unos días del inicio del año escolar. En muchos casos hay deficiencias graves y no existen los planes que permitan el desarrollo. El ministerio dijo que, al inicio del año escolar, iban a trabajar a fondo en 1.200 escuelas, luego pasaron a ser 2.000, cuando son más de 24.000 que son oficiales. Pero, ¿ese es el porcentaje de incidencia que tiene el Estado sobre las escuelas que son de su propiedad? Ello no permite que haya seguridad y garantía en los procesos.
-Otro tema asociado a las graves condiciones de las escuelas, es el de las fallas en los servicios públicos. ¿Cuáles son los problemas más graves?
Hay muchas zonas del país que tienen problemas graves en los servicios, donde por apagones o cortes programados, se va la luz muchas horas al día. Si hay una escuela que está en esa zona, se necesita que haya una planta eléctrica que garantice que la escuela cuente con electricidad. Una de las cosas que se robaban, en estos casos, era el cableado. Otro problema es el agua y ello significa que hay que dotar a las escuelas con camiones cisternas, pero hasta ahora se han tenido que comprar con recolectas que se hacen entre los docentes y las familias, a pesar de que estamos hablando de educación gratuita, porque el ministerio, las gobernaciones o las alcaldías, no los dotan. Y, algo que es más grave, que no se puede resolver en las escuelas es que el sistema de aguas servidas, por los problemas de mantenimiento, está tapado, hay contaminación y ello no garantiza las condiciones sanitarias mínimas, aunque no estuviéramos en pandemia.
Esas son las consecuencias de los problemas de servicios en las zonas donde están las escuelas y que afectan también parte de la infraestructura y que acarrean aumento de los costos. Y en esto es conveniente aclarar que la educación en Venezuela es obligatoria, por lo tanto, todas las familias están obligadas a que sus niños se formen en el sistema de educación básica y que el Estado tiene el mandato de garantizar que nadie se quede sin poder cumplir con su obligación, porque el sistema educativo no tiene escuelas suficientes o con condiciones óptimas.
-¿Está el Estado venezolano capacitado para atender su rol en materia de educación?
El Estado no ha asumido que la educación está en emergencia humanitaria. La emergencia fue decretada por la Asamblea Nacional en 2015 y el Ministerio de Educación no la asumió. Declarar la emergencia implicaría asumir que tienen que buscar apoyo, porque no están en condiciones de hacer gestión del sistema educativo. Está en la lógica de lo que significa un Estado fallido: el sistema de supervisión no funciona, el Ministerio de Educación no tiene información actualizada sobre las escuelas de su dependencia ni del total. No tiene suficientes docentes y estos no tienen la formación adecuada, el sistema no tiene transporte escolar, ni cómo garantizarlo para sus estudiantes y maestros, el plan de alimentación no funciona. La combinación de esto, significa Estado fallido.
Hay un aspecto que se ha manejado en la caracterización de las situaciones de emergencia, y en el caso de Venezuela, quienes han hecho estudios al respecto coinciden en que la emergencia humanitaria tiene como componente que el Estado no está en condiciones de cumplir con su función, entre otras cosas, porque desvía su atención. El Ministerio de Educación tiene años trabajando con una lógica de gestión que es como un modo propagandístico. Hace trabajos en 2.000 de las 24.000 escuelas y dice que ha hecho una gran gestión. Eso significa que el Estado no tiene una base de datos pública que fue creada en 1997 y se llamaba Sistema de Información Educativo, que tuvo varios cambios de nombre y estuvo en una plataforma en internet. Esa base de datos te permitía conocer la ubicación de la escuela, su plataforma educativa, sus grados y años, los maestros, tipos de servicios que ofrecían. Había información suficiente como para que cualquier persona investigara y que las familias pudieran conocer el estatus de la escuela. El acceso público a ese sistema se cerró en 2010 y solo está disponible la información propagandística.
Si el ministerio no tiene un censo con detalles específicos de las escuelas, no puede gestionar absolutamente ninguno de los programas, no puede hacer gestión en la infraestructura porque no sabe dónde tiene que invertir. La estructura de las zonas educativas ha perdido capacidad de gestión en el sistema de supervisión. Y en cuanto al tema presupuestario, cada vez son más los tópicos que eran parte del presupuesto, y que ahora el ministerio les lanza como responsabilidad a las familias. Las gobernaciones y las alcaldías que tienen escuelas, no necesariamente tienen la capacidad presupuestaria para mantenerlas.
-Un problema crítico en el funcionamiento de las escuelas es también el éxodo de los docentes, junto al perfil de idoneidad de la plantilla actual que, en algunos casos como el del estado Zulia, aparentemente han sido reemplazados por los integrantes del Plan Chamba Juvenil. ¿Qué diagnóstico tiene sobre esta situación?
Los docentes tienen dos motivaciones de migración: irse del país a buscar fondos y darle de comer a su familia en Venezuela. Y, en muchos casos, el docente deja la actividad para dedicarse a otra cosa, aunque permanezca en Venezuela, para poder garantizar la alimentación en sus casas. No tenemos información exacta de cuántos han dejado el ejercicio. No sabemos cuántos están en condiciones de reincorporarse si se les dieran condiciones para poder ejercer, es decir, un buen salario, transporte, equipamiento, materiales. En otras palabras, las condiciones para poder ejercer la docencia de manera profesional.
Se ha perdido el tratamiento profesional de la docencia en Venezuela, desarticulando la instrumentación del reglamento del ejercicio de la profesión docente, que tenía un sistema de ascenso por concurso, se evaluaban credenciales ante comisiones mixtas entre el Ministerio de Educación y representantes de los gremios, lo que permitía un sistema profesional de ingreso y ascenso. Eso estaba acompañado por un contrato colectivo que brindaba beneficios socioeconómicos y de salud que permitían que el docente tuviera mejores condiciones para su desarrollo profesional. Ahora se hacen contrataciones o designaciones a dedo o por afinidad.
Antes tenían que pasar por un proceso de evaluación y ahora se nombra a la persona por decisión del ministerio y no hay un proceso que garantice que la persona contratada tiene la formación. Y la exigencia en la formación, ha dejado de tener peso. No solo es el Plan Chamba, se comenzó a crear un sistema de misiones dedicada a la formación de personas en muchos ámbitos y se incluyó la docencia. El programa de estudio está restringido a tres años, es de baja calidad y tiene, además, elementos político ideológicos como parte del programa de estudios. Esa formación les da un título de docente egresado de la misión Sucre y con ello se les contrata en las escuelas, sin un proceso real de capacitación complementaria y de mejoramiento profesional a lo largo del ejercicio, y que durante los primeros meses de la pandemia, debió incluir un proceso de formación para la educación a distancia.