A ocho meses de los lamentables hechos ocurridos en La Victoria (Alto Apure), 18 ciudadanos, algunos con doble nacionalidad venezolana-colombiana, continúan privados de libertad en el Centro Penitenciario de Occidente (CPO) en el estado Táchira. En su mayoría se les acusa de “traición a la patria”, pese a ser civiles. Sus familiares rechazan la imputación de este delito y exigen justicia.
Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía lapatilla.com
Para Walter Márquez, defensor de los derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, según lo indagado, “contra estas personas se cometió un falso positivo o una simulación de hechos punibles… Incluso, les sembraron evidencias”.
Como se recordará, en marzo de este año presuntamente funcionarios de la Fuerza Armada Nacional y de la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) incursionaron en el sector La Victoria, en el estado Apure, para ejecutar una operación militar contra disidentes de las FARC. Según los habitantes de la zona, hubo allanamientos arbitrarios, detenciones ilegales de más de 30 ciudadanos, desplazamientos forzosos y la ejecución extrajudicial de Luz Dey Remolina, Emilio Ramírez, Ehiner Yafran Anzola Villamizar, Jeferson Uriel Ramírez y Julio César Jiménez, cinco venezolanos señalados como “guerrilleros” por las autoridades militares.
Ana María Vásquez, madre de cinco niños, es la esposa de uno de los detenidos. Entre lágrimas narra que el pasado mes de marzo, un grupo de funcionarios de la Faes llegó adonde estaba ella junto a su esposo que en ese momento “mataba una vaca para llevarla a la pesa”. Les ordenaron ingresar a una vivienda cercana para “resguardarlos de los bombardeos”.
La mujer narra que tras varias horas, quienes les dijeron que los “protegerían”, de manera sorpresiva “lo colocaron (a su esposo) con la cabeza boca abajo, con las manos sobre su cuello, le taparon la cabeza, no le permitían moverse”. Luego se lo llevaron con rumbo desconocido. Ella, sin saber lo que ocurría, suplicó muchas veces que no se lo llevaran.
Desde ese momento su vida y la de sus hijos se ha convertido en un calvario. Han pasado días sin poder comer. Ahora vive junto a sus niños en una escuela, porque su rancho se está cayendo y siente temor de que les caiga encima. Se están alimentando por la solidaridad de algunas personas, mientras su esposo, quien era su mano derecha, continúa tras las rejas.
Ana María, de 31 años de edad, suplica justicia para que liberen al padre de sus hijos. “Él no tiene nada que ver con lo que se le acusa. La única arma que tenía era una vaca que la estaba matando, para darle comida a sus hijos”.
Recuerda que una parte de la carne de la vaca que había matado su esposo, se la comieron los funcionarios de las Faes, y la otra se pudrió, porque no le permitieron que se la llevara a sus hijos. “Somos pobres, no tenemos nada. Muchas veces me toca pedir para darle de comer a mis hijos y para poder venir a Santa Ana (a la cárcel en Táchira) a visitar a mi esposo”, dijo.
“Decían que mi hijo estaba muerto”
“Llegaron a mi casa, revisaron y sacaron a mi hijo, porque él prestó servicio seis meses y tenía dos pantalones militares… Yo les decía que mi hijo prestó servicio y me decían ‘cállese la boca porque la voy a matar'”. Con la voz entrecortada por el llanto, relata Nayibe Peralta cómo se llevaron a su hijo.
Al día siguiente en los grupos de WhatsApp de las comunidades vecinas, alguien escribió “aparecieron dos de los muchachos que se llevaron ayer la gente del gobierno. Uno de ellos apareció muerto y es Rafael Gómez Peralta. Yo me desmayé, me pegué y me raspé la rodilla. Al rato nos informaron que no era él”, cuenta Peralta.
A los pocos días un familiar le confirmó a Nayibe, que su hijo estaba detenido en el Teatro de Operaciones de Guasdualito. “Lo vio golpeado por la mejilla, por el labio, le habían partido la boca, lo habían pateado en el estómago. Gracias a Dios no estaba muerto”.
Nayibe rememora lo que vivieron en ese momento. Fueron semanas de mucha angustia para los pobladores del Alto Apure. “Todos salimos corriendo, pensábamos que nos iban a matar a todos”.
Denuncia ante la ONU y HRW
La presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, manifestó que según las investigaciones que se realizaron en el momento en que ocurrían los hechos, se logró constatar “el asesinato de la familia Remolina, lo que se llama ajusticiamiento extrajudicial”.
Señaló que, además, se corroboró “que en efecto ellos habían sido sacados de su casa y habían sido asesinados. También se pudo constatar que la familia no pertenecía a ningún grupo paramilitar, ni guerrillero”.
Solórzano destacó que varios testigos pudieron “dar fe de la violencia de la cual fueron víctimas y de que los militares venezolanos ingresaron a varias casas, practicaron allanamientos ilegales, hubo violencia y tratos crueles contra distintos habitantes de la zona y eso se convirtió en una zona de guerra”.
La parlamentaria enfatizó que en todas las entrevistas realizadas a las víctimas fueron recurrentes las declaraciones donde “señalaban que repentinamente estos enfrentamientos ocurrieron y ellos asumen que se debió a algún tipo de orden superior”.
Con la información recabada, la comisión parlamentaria presentó ante la Organización de las Naciones Unidas y Human Rights Watch, un informe sobre la violación de los derechos humanos que allí se cometieron en contra de los integrantes de la familia Remolina, quienes fueron asesinados.
Crímenes de guerra
Los familiares de los detenidos junto a sus representantes legales solicitan que se investiguen los crímenes de guerra que sucedieron en el Alto Apure en marzo de este año. Para Walter Márquez, “se cometieron violación de los derechos humanos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, saqueos, torturas, tratos crueles y degradantes, y la detención de más de 30 ciudadanos de los cuales 18 continúan privados de libertad”.
Por lo tanto, solicitarán “una investigación para que se establezca la responsabilidad de los que simularon ese hecho punible. Se va a trabajar para que se declare la inocencia plena de ellos, les den una libertad plena y la reparación e indemnización de las víctimas”, apuntó Márquez.
Asimismo, solicitarán ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la OEA para que se investigue la responsabilidad internacional del Estado venezolano. En caso de que no actúe esta instancia multilateral, recurrirán a la Corte Penal Internacional “por detención arbitraria y persecución”.
El representante legal de la mayoría de los privados de libertad del Alto Apure, Jhoan Berro, señaló que al momento de la detención, “según un informe médico forense, varios de los detenidos presentaron lesiones, torturas, por lo que se hace presumir, evidentemente, que estamos en presencia de prácticas policiales que ocurren en Venezuela como el sembrado de supuestas evidencias”.
Berro explicó que con estas detenciones arbitrarias, se han violentado muchos derechos fundamentales, como “el derecho a la salud, a su honor, a su reputación, son un conglomerado de derechos que se les está cercenando por parte del sistema de Estado venezolano”.
Dijo que en tras ocho meses de estos trágicos hechos, los privados de su libertad se encuentran en la etapa del juicio, oral y público que se les adelanta. Advirtió el abogado que tomarán nuevas acciones con el fin de emprender una investigación integral para demostrar la inocencia de las víctimas y reciban su libertad plena.