Dice el punto 1 del Memorándum de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo siguiente: “La República Bolivariana de Venezuela, como jurisdicción nacional, adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
Detengámonos solo en una frase de este párrafo: “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”. Y, a continuación, preguntémonos qué tendría que ocurrir para que esta promesa fuese cumplida por el régimen, de modo que los derechos desconocidos y violados de miles de personas y empresas, durante años y años, fuesen restituidos.
Una primera consideración se refiere al carácter, a la naturaleza del régimen: su andamiaje, su existencia misma, que se ha levantado sobre la destrucción del Estado de Derecho, a partir de la colonización absoluta del Poder Judicial, de la ocupación de la totalidad de las instituciones, de la instauración de un estado permanente de colusión de todos los poderes públicos, con la única excepción de la legítima Asamblea Nacional, a la que han neutralizado y perseguido utilizando todas las formas de guerra sucia –incluyendo la coacción física– que sea posible imaginar.
Así las cosas, la garantía de justicia que el régimen se ha ofrecido a conceder exigiría, como primer paso, el desmontaje de la estructura entera del Poder Judicial del régimen –me refiero al Tribunal Supremo de Justicia y al conjunto de las mafias tribunalicias–, que han protegido y avalado no solo los crímenes de lesa humanidad, sino toda clase de irregularidades, corruptelas, abusos, ejercicio constante y desproporcionado del poder, además de secuestros, desapariciones forzosas, detenciones ilegales, violaciones, torturas, asesinatos y más. Hay que recordar que, hasta ahora, son 11 los detenidos en las mazmorras del régimen o que han sido asesinados por sus torturadores o que han dejado morir al negarles la atención médica a la que tenían derecho.
Pondré el ejemplo del robo del edificio de El Nacional, porque se trata de un caso que me concierne, que conozco en sus detalles y que es revelador de cómo opera, en la realidad, lo que no podría llamarse “administración de justicia”, sino lo contrario, el engranaje especializado en la denegación de justicia.
Resulta que por el hecho de reproducir en 2015 una información publicada en diarios de otros países, que anunciaba el inicio de una investigación –que, más adelante, arrojaría resultados positivos, tal como se anunció en 2019–, se sometió a El Nacional a un juicio plagado de irregularidades, en el que se omitió el cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley, y que bajo la presión directa del acusado, el sistema de tribunales del régimen estableció una penalidad absurda, que exigía a la C.A. Editora El Nacional el pago de más de 13 millones de dólares. A continuación, emitida la sentencia procedieron a la ocupación armada, a cargo de funcionarios de la FANB. Nada menos: la sede de un diario, de histórica vocación civilista, fue militarizada para que el abuso y la desproporción del poder resultaran descarados y muy visibles.
Adoptar las medidas necesarias debería comenzar por la liberación inmediata de los presos políticos, no solo los civiles, sino los militares, sometidos a los más dolorosos y perversos programas de torturas, donde aparecen comprometidos los más altos mandos de la estructura militar. Adoptar las medidas necesarias exigiría revisar cada uno de los casos de los torturados, hacer un seguimiento de la cadena de mando, con todas las implicaciones, para investigarlos, detenerlos, enjuiciarlos y llevarlos a la cárcel.
Adoptar las medidas necesarias pasaría por determinar quiénes han facilitado los recursos institucionales y presupuestarios para poner en funcionamiento cuerpos y unidades dedicadas a la represión y la tortura; quiénes han dado las órdenes destinadas a la violación de las leyes o el asesinato de los perseguidos; quiénes han protegido, por acción u omisión, a los criminales que han sido los autores materiales de las violaciones de las leyes; habría que determinar quiénes son los planificadores, los consejeros y los autores intelectuales.
Pero no solo eso. También habría que determinar quiénes forman parte del entramado de complicidades. Quiénes, en los medios de comunicación oficialistas, han justificado o encubierto estos hechos. Quiénes, por ejemplo, en la Fiscalía del régimen, habiendo podido impedir que se cometieran estas acciones atroces, no hicieron nada, permanecieron cruzados de brazos o, lo que es todavía peor, los han justificado, inventando conspiraciones, falseando expedientes, fabricando falsos testigos.
La cuestión es esta: adoptar las medidas necesarias exigiría, finalmente, detener a Maduro y someterlo a juicio. Para que Maduro pudiese cumplir con la Corte Penal Internacional tendría que ordenar la detención del Tribunal Supremo de Justicia. Y de Cabello. Y del Alto Mando Militar. Y de los jefes del Sebin, la Dgcim, la FAES, el CONAS y otros. Tendría, en primera y última instancia, que salir de la escena. Solo así se restituirá la justicia perdida en Venezuela.