La Audiencia Nacional investiga si el régimen de Nicolás Maduro estuvo desviando fondos a Podemos una vez el partido ya estaba funcionando y al menos, hasta 2017, ya fuese utilizando dos empresas «tapadera» que trabajarían con facturación falsa, ya fuese mediante remesas por valija diplomática o entregas en efectivo a personas como Juan Carlos Monedero, según las fuentes consultadas por ABC.
ISABEL VEGA // ABC
Se trata de un salto cualitativo respecto de la investigación sobre una presunta financiación irregular de Podemos que la Audiencia Nacional abrió y archivó en 2016, entre otras cosas, porque los indicios que había eran todos de años previos a la fundación de Podemos, en 2014. A partir del relato del general chavista Hugo Carvajal, alias El Pollo, de la documentación que aportó al juzgado y de dos testigos protegidos que han declarado ratificando parte importante de sus afirmaciones, las pesquisas se dirigen ahora hacia movimientos de dinero que, de acreditarse, constituirían indicios de financiación irregular pero también de blanqueo y falsedad documental.
En este sentido, el juez Joaquín Gadea, de refuerzo en el Central de Instrucción número 6, ha encomendado a la UDEF que realice una serie de averiguaciones. En un mandamiento notificado ayer, les pidió un estudio de las empresas VIU Comunicaciones y VIU Europa, una con sede en Caracas y la otra afincada en Madrid, y administradas ambas por el venezolano Ernesto Velasco. Se trata de analizar si, como declaró Carvajal, funcionan como tapadera para desviar fondos de la petrolera estatal venezolana Pdvsa mediante la organización de eventos en el exterior.
Cabe recordar que uno de los documentos aportados por Carvajal es una orden de pago firmada de puño y letra por Nicolás Maduro en 2013 que libera cerca de medio millón de dólares en favor de VIU Comunicaciones para la instalación del stand de Pdvsa en la Feria del Petróleo de Moscú que se celebraría al año siguiente. La orden desglosa que la empresa realizará dos subcontrataciones. Una, la de una empresa que realiza instalaciones audiovisuales, Prodiseño, y que, a la luz de las fotos que obran en su web, trabajó en aquel stand. La otra, la de tres «sociólogos y activistas del movimiento 15-M/indignados» para el «diseño político comunicacional del material audiovisual». Son la cofundadora de Podemos Carolina Bescansa y los afines Jorge Lago y Ariel Jerez. Se ordena pagarles 142.000 dólares, como informó este diario. Tanto Bescansa como el administrador de la empresa niegan la veracidad del documento.
Rastreo de los pagos
El juez ha pedido a la UDEF que compruebe en las cuentas bancarias de los tres, como en las dos empresas que se mencionan, la realidad del pago que indica esa resolución del gobierno venezolano. Podemos no existía como partido en aquel momento, cuando tampoco estaba tipificado, como sí lo está desde 2015, el delito de financiación irregular que veta específicamente la recepción de fondos de gobiernos extranjeros.
La cuestión es que, según el relato de Carvajal, aquel movimiento no sería excepcional. De acuerdo a las fuentes de la investigación consultadas por este diario, VIU estuvo dedicada a la organización de ese tipo de eventos de la petrolera venezolana desde 2011 y hasta mediados del año 2017. Se investiga si como decía Carvajal, la empresa sirvió de tapadera para desviar fondos en ese periodo de tiempo y si Bescansa, como Juan Carlos Monedero, recibieron dinero chavista a través de ese mismo mecanismo.
Se da la circunstancia de que esa empresa, que está en el foco de Anticorrupción desde hace más de un año en diligencias sobre un posible blanqueo fruto del saqueo de Pdvsa, es la misma a la que Monedero pagó 69.000 euros por un informe después de haber facturado más de 425.000 euros por realizarlo. Aquel movimiento le supuso una investigación por delito fiscal que aplacó regularizando y pagando una multa.
Esa otra investigación sobre VIU sigue en marcha en la Fiscalía Anticorrupción, donde ya se están diseccionando las cuentas de esa empresa y, que, de momento, no va a remitir sus pesquisas, «embrionarias», a la Audiencia Nacional, según las fuentes consultadas. La unidad policial a cargo, no obstante, es la misma, la UDEF.
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