Estados Unidos utilizará “todas las herramientas” disponibles para “promover la democracia en Nicaragua”, a cuyo régimen sancionó tras acusarlo de cometer abusos y represión, dijo el jueves la subsecretaria de Estado, Emily Mendrala.
Por Infobae
El lunes pasado, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, pidió a la comunidad internacional que anule las sanciones contra el régimen de su esposo, el dictador Daniel Ortega, reelecto para un cuarto mandato consecutivo, en unos comicios irregulares con la mayoría de sus rivales detenidos.
“Estamos comprometidos a utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas, por medio de la OEA, de otros actores en el mundo y con sanciones a quienes participan en las acciones antidemocráticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, expuso Mendrala, de visita en Costa Rica.
“Es una manera en la que podemos promover la democracia en Nicaragua y los valores democráticos en esta región”, añadió en una conferencia de prensa en español, tras reunirse en Costa Rica con nicaragüenses exiliados.
“La democracia y la anticorrupción son una prioridad para nuestra seguridad nacional”, agregó.
Más de 100.000 personas abandonaron Nicaragua después de protestas contra de la dictadura de Ortega en 2018. “Mucha gente en Nicaragua está huyendo del régimen Ortega-Murillo”, principalmente a Costa Rica y Estados Unidos, indicó Mendrala.
Para Washington, la corrupción contribuye a la migración porque impide que los ciudadanos encuentren oportunidades en su propio país.
Como parte del incremento de sus sanciones en noviembre, Estados Unidos prohibió el ingreso a su territorio de Ortega, Murillo y varios funcionarios estatales.
“La represión y los abusos del gobierno de Ortega y quienes lo apoyan exigen que Estados Unidos actúe”, sostuvo recientemente el presidente Joe Biden.
Washington también aprobó la ley Renacer, que presenta un arsenal de medidas para abordar lo que considera corrupción y violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo el 7 de noviembre, en unos cuestionados comicios con al menos 40 opositores presos en los meses previos a la fecha de la consulta.
El dictador nicaragüense aduce que sus opositores son “terroristas” y “criminales” que buscaban derrocarlo con el apoyo de Washington.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) declararon que las votaciones no fueron libres, justas o transparentes.
Como retaliación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen de Ortega inició de oficialmente el proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) argumentando “continuas muestras de injerencia” en los asuntos internos.
La cancillería del país centroamericano informó que siguiendo las instrucciones del dictador, Daniel Ortega, procedió a presentar al secretario de la organización, Luis Almagro, una denuncia por “intromisión” en los asuntos internos y el consiguiente deseo del país de “abandonar la entidad”.