Sin embargo, a la vuelta de pocos años, los dioses de la fortuna lo compensaron con creces. Los precios del crudo en los mercados internacionales subieron a niveles estratosféricos, liberándolo de tener que prestar atención a distracciones tan mundanas como velar por la eficiencia en el uso de los recursos: interferían su tarea trascendental de redimir al “Pueblo”. Bajo la consigna, “Ahora PdVSA es nuestro”, procedió a repartir las enormes rentas captadas en los mercados internacionales, inventando diversas misiones. Entre 2003 y 2012, dispuso de rentas petroleras que superaron los USD 400 millardos, más de cuatro veces la cantidad de que disfrutaron conjuntamente los gobiernos de CAP y LHC. Ojo, no me refiero al total de los ingresos por exportación, sino a las ganancias extraordinarias obtenidas, una vez deducidos los costos de producción del crudo, incluyendo una ganancia normal, es decir, a la renta propiamente dicha. El consumo privado por habitante aumentó en más de un 50% durante estos diez años de reparto chavista. El sello socialista lo completaron los controles de precio, de tipo de cambio, las regulaciones diversas y confiscaciones al sector privado.
Como resultado, fueron acentuándose, progresivamente, distorsiones a nivel microeconómico: las empresas difícilmente podían competir con los controles de precio, una moneda sobrevaluada y un cúmulo de regulaciones que cercenaban sus iniciativas, amén de las extorsiones de “revolucionarios” que vigilaban por su “buen comportamiento”. Surgieron desabastecimientos cada vez mayores y presiones al alza de los precios. Pero mientras Chávez destruía internamente a las fuerzas productivas, los dioses le seguían sonriendo. En 2012, la bonanza petrolera le permitió importar unos USD 88 millardos en bienes y servicios para suplir las insuficiencias domésticas. Y, como era año electoral, había que botar la casa por la ventana para asegurar la victoria, como reconocería luego su sempiterno ministro de Cordiplan, Jorge Giordani. El déficit público llegaría a frisar el 18% del PIB ese año.
Bajo su sucesor, los desequilibrios macroeconómicos se hicieron cada vez más patentes. Déficits públicos sostenidos, por encima del 10% del PIB, se asociaron a un fuerte déficit externo, una vez que se revirtiera, abruptamente, la tendencia al alza de los precios del petróleo. Maduro, quizás aun más ignorante que su mentor en materia económica, intentó continuar con el libreto del socialismo de reparto. Pero esto implicaba atender, cada vez más, los apetitos de las mafias, militares y civiles, que se habían enseñoreado de los engranajes del Estado en la medida en que se desmantelaban las instituciones y se obstruía el accionar de las fuerzas del mercado. Habían descubierto oro en el caldo de cultivo de corruptelas provocado por las regulaciones excesivas, los controles de precio, el racionamiento de divisas “baratas”, la ausencia de rendición de cuentas y de transparencia en la gestión pública, las operaciones dolosas con entes del Estado y el tráfico de estupefacientes. En particular, continuó la depredación del flujo de caja de PdVSA, como si continuaran los años de bonanza, provocando, sobre todo bajo gestión militar, graves deterioros en los niveles de producción y de refinación petrolera.
En 2013 la economía entró en caída libre. Ocho años después, aun no se ha revertido. Estimaciones serias –el BCV no publica cifras sobre el desempeño de la economía real y la balanza de pagos desde 2018—sitúan el valor del PIB al cierre de 2021 en apenas la quinta parte del de 2013. Los niveles de pobreza asociados convirtieron a Venezuela en el país más pobre de América Latina, junto a Haití.
El ajuste de Maduro ante los desequilibrios generados (de la gestión pública y del sector externo) fue, inicialmente, reducir drásticamente el monto de las importaciones para generar los excedentes con los cuales cancelar las abultadas cuotas de deuda que vencían –por encima de los ocho millardos de dólares a partir de 2017– con la ilusión de mantener el crédito externo, y, por otro lado, financiar el déficit público con emisión monetaria del BCV, dada la destrucción de las bases de la tributación doméstica y petrolera. Con depresión tan drástica del consumo (importaciones reducidas e hiperinflación provocada) descargó íntegramente el costo del ajuste sobre los hombros de los venezolanos no enchufados.
No es menester insistir en los indicadores de miseria generados para comprender la magnitud de la tragedia resultante. Todos estamos conscientes de ella, incluidos los chavomaduristas. Como ya no sirven las monsergas “revolucionarias” para salirse del paso, se han visto obligados a liberar el tipo de cambio y los controles de precio, permitir la dolarización de las transacciones domésticas, desprenderse de activos públicos con su “Ley Antibloqueo” y ofrecer algunos incentivos. Pero esta pretendida “normalización” en el fondo de un foso tan profundo, no descansa en la restitución plena de las garantías económicas –¡mucho menos, de las civiles y políticas!–, ni en la transparencia de la gestión pública.
Los ajustes monetaristas clásicos para abatir la inflación y los déficits externos suelen afincarse en la reducción de la oferta de medios de pago, en vez de la demanda por dinero. Ha llegado a representar una especie de Santo Grial para ciertos proponentes neoliberales. Sucede que tal “remedio” puede ameritarse cuando las economías funcionan a pleno empleo y tiene sentido “enfriar” la dinámica que ha provocado los desbordamientos monetarios. Venezuela se encuentra, actualmente, en el polo opuesto de esta situación. Requiere, por el contrario, dinamizar su economía, profundizando sus transacciones –inversiones, contrataciones, empleo, financiamiento—, de manera de aumentar la demanda por dinero, “re-monetizándola”, para absorber los medios de pago que actualmente se fugan hacia la compra de divisas y/o presionan al alza de precios de una oferta sumamente disminuida de bienes y servicios.
Pero dinamizar la economía venezolana requiere restaurar el ordenamiento constitucional, con sus garantías civiles, políticas y económicas, negociar un fuerte financiamiento internacional asociado a un programa consistente de estabilización macroeconómica, incluyendo la reestructuración de la deuda, y restituir la transparencia y la rendición de cuentas de la gestión pública, en el marco de profundas reformas que rescaten la capacidad de producir los bienes públicos que tanto hacen falta.
Lo anterior, empero, significa acabar con el barullo que ha servido de caldo de cultivo para las fortunas mal habidas de las mafias atrincheradas en el poder. Las alianzas entre éstas dan sustento al régimen fascista. Maduro, por tanto, ha preferido el ajuste neoliberal: reducir al máximo el gasto público real y, con ello, la necesidad de financiamiento monetario de los déficits, y ahogar la demanda de divisas con encajes prohibitivos a la banca nacional. Implica deprimir aún más las remuneraciones reales a los empleados del Estado, menos recursos para mantener los servicios públicos y reducir el financiamiento bancario hasta hacerlo prácticamente desaparecer. Y, efectivamente, se está “domando”, muy dolorosamente, la hiperinflación. Lo demás es dar renda suelta al capitalismo salvaje que ha permitido arrasar Guayana con la minería de oro, diamantes, coltán y otros, aupar traficantes al estilo de Alex Saab y acabar con los resguardos que podían constreñir la dedicación de las divisas generadas en montar “bodegones”.
La débil reanimación ocurrida de algunas exportaciones e industrias en este contexto no es lo que define la supuesta “normalización” de Maduro. No nos confundamos. Sus prioridades son otras.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com