Aunque es capitán activo del Ejército, adscrito a la Unidad Militar 9202 Escamoto ubicada en La Charca, parroquia Rafael Urdaneta, del estado Apure, a Williams Andrés Rivas Jiménez no lo enviaron a un Centro de Procesados Militares, sino a una cárcel ordinaria. Lo pretendieron juzgar dos veces por el mismo hecho, lo torturaron, amenazando su vida y lo volvieron a detener horas después que un Tribunal ordenó su libertad plena. Aunque inicialmente fue acusado por estar relacionado con las FARC y por cobros de dinero en puestos de control, fue torturado y el Tribunal lo absolvió. Lo vuelven a detener en lo que demostraría una serie de errores por parte de la Fiscalía.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
Delia Guisella Rivas Jiménez en conversación con Infobae sale en defensa de su hermano. Ella es una mujer humilde, que reconoce sentirse impotente ante lo que ha ocurrido con su familia, después de la detención por la DGCIM de su hermano el coronel, presidente de Lácteos Los Andes. Desde entonces las consecuencias para varios miembros de la familia Jiménez han sido brutales: funcionarios llegaron a la casa de su mamá y la echaron a la calle, dos de sus hermanos cayeron presos por el caso de Lácteos, pero Wiliams Andrés nada tiene que ver con esa empresa y está preso.
El capitán fue detenido, a raíz de una denuncia del 28 de septiembre 2020 por hechos ocurridos en el estado Apure por una red de corrupción y contrabando, con el cobro de dinero y dádivas en puntos de control, relacionada con José Noel Ortega Fandiño alias El Cherry; al capitán lo señalaron de reuniones con el guerrillero Alfonso de la columna guerrillera de alias Ferley, perteneciente al Décimo Frente de las FARC.
El 28 de diciembre el Tribunal Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito concede sobreseimiento del capitán en los delitos de Traición a la Patria y Espionaje; el tribunal concede la solicitud de la Defensa Pública Militar correspondiente a la Suspensión Condicional del Proceso. Por el delito de Desobediencia le da un año de presentaciones periódicas.
Él tiene una orden de libertad plena, con fecha del 15 de noviembre 2021, pero sigue preso. “Ese día les dije a la Juez y al Fiscal Farik Mora que fui torturado, pero ellos hicieron caso omiso a esa denuncia”. Esto fue lo que el capitán narró ante el Tribunal y que dejó plasmado en una comunicación que envió a su familia: “me convirtieron en un chivo expiatorio de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y me detuvieron el 20 de septiembre 2020. Fui torturado para aceptar un delito que yo no cometí”.
El brutal relato continúa: “Me cubren la cara con una carpeta forrada con cinta pegante para no ver, esposado manos atrás. Me lanzaron contra el suelo, boca abajo. Un funcionario se montó sobre mi espalda con la finalidad de causarme dificultad para respirar; después me realizan asfixia mecánica, mientras me hacían preguntas, En un momento llegué a pensar que moriría”.
“Los funcionarios de la DGCIM me colocaron un arma en la cabeza y jalaron del gatillo sin proyector, amenazando con matarme si no reconocía un hecho que ellos tenían escrito y que yo debía leer para que ellos me grabaran”.
“Me obligaron a subir los brazos y me suspendieron con un mecate hasta quedar en la punta de los pies; me golpeaban las extremidades y el abdomen. Luego de una serie de torturas, yo digo todo lo que ellos quieren que diga; aprendí que todos bajo tortura hablan lo que es verdad y lo que no es, porque lo único que uno quiere es que la tortura termine”.
Agrega que después de eso los llevaron a un hotel en El Nula, estado Apure, “junto con Luis Roney López Cañas, el 1Tte Freddy Colmenares Córdoba y un soldado; posteriormente fuimos traslados para Guasdualito (capital del municipio Páez, Apure). A mitad de camino una comisión se lleva al teniente y al soldado para Caracas”.
El 28 de septiembre 2020, Luis Roney Cañas y el capitán Rivas Jiménez, fueron presentados ante el Tribunal Militar Décimo Cuarto de Control de Guasdualito. El primer teniente Colmenares Córdoba y el soldado se convirtieron en acusadores y testigos contra Cañas y Rivas que quedan privados de libertad. “Estuve tres meses en cautiverio, sin atención médica. La consecuencia de no tratarme a tiempo es que debieron hospitalizarme de emergencia; sufrí hemorragia interna que se convirtieron en 4 edemas, debido la fisura de tres costillas, por lo que casi muero de la infección”.
Asegura que “la Defensora Pública Militar, Yakare Pantoja, me vio hospitalizado en el Pabellón Militar del Hospital de Guasdualito, por lo que ella es testigo de las condiciones en las que me encontraba”.
La Fiscalía viola la Ley
Finalmente, el Tribunal declara su inocencia y lo deja en libertad total. “Intenté colocar la denunciar por la tortura y el robo del vehículo, pero me dijeron que era peor porque traería represalias”. A los seis meses, cuando en medio de un escándalo nacional, es detenido su hermano, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de la empresa Lácteos Los Andes, el Tribunal Primero de Terrorismo ordena su aprehensión y la DGCIM detiene al capitán Rivas Jiménez por los mismos delitos de los que había sido absuelto seis meses antes.
La sorpresa del capitán Williams Andrés Rivas Jiménez, cuando oye la narración del Fiscal Ordinario, es que se trataba de una copia y pegue de la Acusación del Fiscal Militar en el anterior caso. “En la Audiencia de Presentación le dije al Tribunal de Control Ordinario que ya había sido juzgado por ese hecho, del cual salí sobreseído, pero aun así me dejaron privado de Libertad”.
La familia del capitán asegura que él esperaba la buena fe de quienes llevaban a cabo la investigación. “La sorpresa es que el Fiscal Sexagésimo Séptimo Nacional Farik Karín Mora Salcedo presenta la misma acusación del Fiscal Militar, reafirmando que yo era comandante del 9202 Escamoto hasta el 31 de diciembre del 2020, lo que es mentira porque para esa fecha yo estaba detenido. Además, es imposible que a un Militar Procesado le permitan en la Fuerza Armada que siga siendo Comandante de una Unidad Aislada Fronteriza”.
Ante la evidente violación, por parte del Ministerio Público, de todo el ordenamiento jurídico, al pretender juzgar al capitán Rivas Jiménez, librando Orden de Aprehensión por un hecho del que ya fue sobreseído y que fue denunciado a través de Infobae el pasado 24 de octubre el Tribunal deja en libertad al capitán. Un par de horas después es nuevamente detenido por otra causa para justificar tenerlo preso.
El capitán Rivas Jiménez lamenta los daños psicológicos que el Estado venezolano le ha causado a sus familiares dañando su reputación. “Se violaron todas las garantías Constitucionales. Soy Juzgado en un Tribunal Ordinario por un supuesto hecho de índole militar del cual ya había resultado inocente. También me ocasionan daño económico por el de la defensa privada. Me tuvieron secuestrado, sin que hubiese razón Judicial para tenerme detenido”.
El 9 de noviembre, en la audiencia preliminar, se evidenció que hay doble juzgamiento y me dan libertad plena. La Fiscalía solicita el efecto suspensivo de la medida. Tres días después la respuesta de la Sala de Apelación fue no concederle al fiscal lo solicitado. Lo insólito es que no sale la boleta de excarcelación. “El Tribunal dice que no es su responsabilidad; la Unidad de Registro del Tribunal argumenta que tampoco son responsables porque ellos ya remitieron el caso al Ministerio Penitenciario, que es el responsable del Centro donde el capitán está detenido”.
Otro hecho es que el Tribunal Primero de Terrorismo se niega a entregar una copia certificada de la Boleta de Excarcelación a la defensa del capitán. El Tribunal queda a 15 minutos del Centro Penitenciario y hace un mes que no llega la boleta de excarcelación.
Resume las irregularidades cometidas en su contra: “violación al Debido Proceso y la Tutela Judicial, doble persecución judicial mostrando mala fe por parte del Ministerio Público, violación al principio de inocencia, Simulación de Hecho punible por parte del Ministerio Público y violación del Principio Nom Bis In Ídem”.