Varios vecinos y un familiar del intendente de la Policía William Bareño notaron la presencia de un carro sospechoso que se parqueó en las inmediaciones de la casa del uniformado la noche del pasado lunes 6 de diciembre.
Por: El Tiempo
Bareño y el otro experto explosivista del comando de Policía de Norte de Santander, David Reyes, acababan de desactivar un artefacto y estaban agotados. Por eso, cuando le advirtieron sobre la presencia del vehículo, el intendente tan solo pidió que llamaran al cuadrante, que nunca llegó.
Doce días antes, Manuel José Vergel Lozano, un reconocido palmicultor y empresario del turismo, fue sacado con violencia de su finca, en Tibú, Norte de Santander, por hombres armados que portaban brazaletes del Eln.
Su paradero se desconoce, al igual que el del líder social Rodolfo Galvis, el ingeniero Edward Ortiz y el soldado Jeisson Martínez, también secuestrados.
Y en uno de los más recientes consejos de seguridad del departamento se advirtió que, además del crecimiento de cultivos de coca, ya son tres los tentáculos de las disidencias que tienen sitiada el área metropolitana de Cúcuta.
El más letal es el frente 33, comandado por Javier Alonso Veloza, alias Mechas, a quien le atribuyen el atentado del martes pasado, en el aeropuerto Camilo Daza, que acabó con la vida de Bareño y Reyes, los dos explosivistas.
EL TIEMPO reveló en exclusiva un video que registra el momento exacto en el que los dos uniformados se aproximan a una maleta abandonada cerca de uno de los hangares militares.
Cúcuta, ¿sitiada?
A las 6:50 de la mañana, los 30 kilos de pentolita fueron activados a través de un celular, matando a los dos uniformados. Este hecho se convirtió en el tercer acto terrorista de gran envergadura que sacude a la capital nortesantandereana en menos de siete meses.
El 15 de junio ocurrió el atentado con carro bomba en la Brigada 30 del Ejército, y 10 días después, el atentado al helicóptero donde se movilizaba el presidente Iván Duque.
A esto se suma que, en las últimas 72 horas, se han registrado ataques de menor intensidad con granadas y ráfagas de ametralladora contra estaciones de policía.
“El hampa está desbordada en el área metropolitana, la expansión de las disidencias en la zona urbana no tiene antecedentes. Además de las 40 bandas criminales que se han contabilizado, en las comunas 6, 7 y 8 ya está el ‘clan del Golfo’ ”, dijo Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos de la Fundación Progresar.
El plan tenaza
Además del 33, el frente 41 de las extintas Farc bajó del Cesar y ahora intenta imponer su ley en Ocaña, Teorama y El Carmen. Y por Saravena, Arauca, ingresaron hombres del frente 45, en una especie de operación tenaza que se refleja en el aumento del narcotráfico y de las extorsiones, los ataques a la Fuerza Pública y en el regreso de los secuestros (ver nota anexa).
“Bareño y Reyes eran la avanzada de todos los operativos contra bandas criminales y de narcotráfico. Habían desactivado cualquier cantidad de carros bomba y en la institución los postularon como héroes, el pasado 15 de noviembre, por haber desactivado una carga de 300 kilos de dinamita en El Tarra”, le señaló a EL TIEMPO un oficial que estuvo en el sepelio de los explosivistas.
Y uno de sus jefes narró que esa misión fue tan compleja y peligrosa que exigió el apoyo de francotiradores, el uso de visores nocturnos y el acompañamiento de un comando especial, dejando a los expertos en la mira de los delincuentes.
De hecho, ese episodio y otro más en el que su compañero Reyes resultó herido llevaron a Bareño a tomar dos decisiones.
La primera, exigir que les dieran nuevos trajes antiexplosivos y le hicieran mantenimiento al robot que los apoyaba en la desactivación y detonaciones controladas de artefactos. La otra decisión fue la de permanecer en la institución solo hasta finales de diciembre: ya estaba preseleccionado para ingresar a la Fiscalía como investigador.
Pero el proceso y la compra de los trajes quedaron a mitad de camino.
“Se enviaron varias cartas a la Gobernación solicitando los trajes. Pero no respondían. Es claro que los de afuera (los delincuentes) notaron las deficiencias con las que estaban trabajando y había un precio por sus cabezas, porque les habían desactivado de todo”, dijo Belkys Báez, la viuda de Bareño. Y agregó que hay varios interrogantes sobre el procedimiento adelantado después de que a uno de los terroristas se le estalló la primera carga en el Camilo Daza.
“Después de la primera explosión, lo llamaron a la casa para que fuera. Como familia y en la investigación se quiere establecer si se hizo una evaluación perimetral después de la primera detonación, para identificar un posible segundo artefacto. Además, si se siguieron los protocolos”, agregó la ingeniera Báez.
La duda es que, además de no ir con los trajes especiales, tampoco se activaron los bloqueadores de señal de celular para evitar que se activara la carga.
La lenta contratación
El gobernador Silvano Serrano (Partido Conservador) no respondió las llamadas de EL TIEMPO para hablar del orden público en Norte de Santander y para que aclarara las supuestas demoras en la compra del traje antifragmentario y del kit de guantes, tapaoídos e inhibidores de frecuencias.
Sin embargo, este diario habló con Taiz Ortega, secretaria de Gobierno del departamento, quien aseguró que la solicitud de la Policía de Norte de Santander llegó después de mitad de año.
“La compra se aprobó el 12 de noviembre en uno de los comités de orden público. Inicialmente se destinaron 350 millones de pesos. Pero, tras nuevos requerimientos técnicos, sugeridos por los dos policías que murieron, se pidió ampliar el presupuesto a más de 500 millones”, aseguró Ortega.
Y agregó que el jueves, el gobernador aprobó la adición presupuestal y la apertura de licitación: “Bareño y Reyes trabajaron con nosotros en las especificaciones técnicas. Venían y nos mostraban las heridas que habían recibido y la urgencia de tener los trajes”.
‘La gente tiene miedo’
Este nuevo atentado terrorista volvió a poner sobre la agenda nacional el deterioro del orden público en Norte de Santander por factores que van desde los cultivos de coca en el Catatumbo hasta el retorno de las extorsiones, secuestros y el contrabando a gran escala de gasolina y otros productos.
“En el área metropolitana se ha generado un ambiente permanente de zozobra. La gente no tiene claridad sobre qué es lo que está ocurriendo, quién está detrás y cuál es el propósito. Hay miedo de salir a las calles”, aseguró Mario Zambrano, director de la veeduría ciudadana Cúcuta Cómo Vamos.
Y agregó que hay pérdida de confianza en las instituciones del Estado y que es urgente invertir en inteligencia, tecnología y capacidad instalada para frenar la escalada de violencia que se está presentando en la región.
Y las familias de los uniformados muertos solo piden que se establezca quiénes los mataron y se haga justicia.