Por todos es conocido que Venezuela sufre, sanciones de parte de varios países como consecuencia del desconocimiento internacional que se produjo de la validez de las últimas elecciones presidenciales de 2018.
Dichas sanciones dañan y perjudican, pero históricamente no han demostrado tumbar gobiernos. Casos como Cuba, el más antiguo de la región, es la mejor demostración. Sin desmeritar que son de gran importancia desde el punto de vista del debilitamiento económico del país.
Un tema de mucha significación es el caso político del manejo de la economía venezolana. Desde la caída del régimen del General Marcos Pérez Jiménez en 1958, la economía ha sido primordialmente de carácter estatista. Esto produjo que los grandes inversionistas internacionales en empresas de diferentes actividades, tales como petróleo, hierro, aluminio, comercio y banca, fueron abandonando el país por haber el gobierno y su legislación considerado estas empresas como estratégicas. Fueron desestimadas como actividades a ser ejercidas por el sector privado ni nacional ni foráneo. Muchas que eran manejadas por el sector privado, fueron nacionalizadas.
Con base en que la economía nacional es controlada por el Estado, el daño causado al sector privado en sus operaciones cotidianas es inmenso. Las sanciones tendrían un menor efecto si la economía dependiera de una mayor actividad privada. Pero al ser propiedad del sector público, las actividades de mayor impacto económico como el petróleo, la electricidad, la banca, minerales, el efecto en la economía afecta casi todas las actividades esenciales de la nación.
Adicionalmente las pocas empresas nacionales que sobreviven en la economía sufren de sanciones dirigidas principalmente al país y pocas directamente a personas físicas.
Como hemos escrito en el pasado, es absurdo que la oposición siga solicitando sanciones que terminan dañando al sector privado y no han tenido el mismo efecto de daño para el sector público.
@eromeronava
Ex presidente de Fedecamaras, Consecomercio y Cámara Petrolera