Trabajadores de las industrias básicas de los sectores hierro, aluminio y acero, en el estado Bolívar, denunciaron que recientemente aumentó la ola de persecución gubernamental a través de masivas jubilaciones forzosas que ellos califican como despidos encubiertos.
Por Corresponsalía
Carlos Ramírez, dirigente de la corriente sindical Unidad en la Coincidencia, denunció que durante los últimos cinco meses fueron jubilados de forma intempestiva y sin previo aviso, al menos, 100 trabajadores solo en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). También aseguró que a él y a algunos de sus compañeros les fue suspendido el salario.
Ramírez explicó que la mayoría de los jubilados son personas ligadas al movimiento sindical, por lo que asegura que la situación es una retaliación política por las denuncias que han hecho los empleados sobre la situación interna de la industria, cuya producción está en números rojos.
“En mi caso particular, después de 35 años de servicio, me niegan el derecho a saber por qué me están jubilando y por qué me suspendieron el salario. Ya no tenemos ningún tipo de beneficio. Nos quitaron las contrataciones colectivas y mis compañeros tienen salarios de hambre”, dijo el experimentado trabajador.
Una vez que se recibe la jubilación, los trabajadores perciben un ingreso de 35 bolívares, el equivalente a menos de 10 dólares. “Nosotros trabajamos durante toda la vida en altas temperaturas y muchos tenemos patologías. Hoy no tenemos ni para comprar las pastillas de la hipertensión arterial”, afirmó.
Dijo que a pesar de la situación, seguirán denunciando la precariedad de las industrias en el sur de Venezuela. Por su parte, el abogado Edwin Sambrano informó que realizarán la denuncia formal ante la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU.
“Hay que tomar un conjunto de acciones en relación a los funcionarios que ejecutan esas jubilaciones, con nombres y apellidos, porque ellos están practicando un acto doloso y contrario a la Constitución y la ley. Además, los jubilados tienen cargos de delegados departamentales o delegados de prevención, con lo cual se está violando las libertades sindicales”, recalcó el abogado.