Más de seis meses después del asesinato por un comando armado del presidente haitiano Jovenel Moïse, las detenciones de sospechosos se han multiplicado en las últimas semanas en diferentes países, pero siguen sin conocerse el móvil del crimen o sus patrocinadores.
En tanto, la investigación llevada a cabo en Puerto Príncipe parece haberse estancado, lo que ilustra las graves disfunciones del sistema judicial del país.
– Investigación en Florida –
Moise fue asesinado a balazos a comienzos de julio de 2021 en su residencia particular de Puerto Príncipe. Se sospecha que un comando integrado por colombianos estuvo a cargo del ataque.
Desde principios de año, la justicia estadounidense ha imputado en Miami a dos hombres por su presunto papel en el magnicidio.
Mario Palacios, de nacionalidad colombiana, sería uno de los cinco hombres armados que ingresaron a la habitación donde fue asesinado el mandatario. Fue detenido el 3 de enero en Panamá, durante una escala en un vuelo procedente de Jamaica.
Rodolphe Jaar, ciudadano haitiano-chileno, fue presentado a su vez este jueves ante una corte de Miami, luego de su arresto en República Dominicana.
Según un documento de archivo del FBI, Jaar admitió durante una entrevista en diciembre haber proporcionado armas y municiones al grupo de colombianos.
“Estados Unidos tiene herramientas para enjuiciar a personas que participaron en conspiraciones desde territorio estadounidense, incluso si estas conspiraciones fueron urdidas para cometer delitos fuera de suelo estadounidense: es algo bueno”, comentó Marie-Rosy Auguste Ducena, abogada de la Red Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos en Haití.
Los mercenarios colombianos fueron efectivamente reclutados por la empresa de seguridad CTU, con sede en Miami, y varias reuniones entre los sospechosos tuvieron lugar en Florida antes del ataque mortal.
Philippe Larochelle, abogado del hijo del difunto presidente, se mantiene cauteloso ante estas inculpaciones.
“En qué forma tendrán que responder por sus acciones en Estados Unidos, está por verse”, dijo el representante de Joverlein Moise, basado en Montreal. “Estamos en las primeras etapas”.
– Un juez de instrucción criticado –
Solo le tomó unas horas a la policía haitiana arrestar a una veintena de exsoldados colombianos y dos ciudadanos haitiano-estadounidenses que habrían integrado el comando que asesinó al presidente de 53 años.
Detenidos en la cárcel de la capital haitiana, esos colombianos aún no han sido interrogados por el juez de instrucción.
La decisión del magistrado Garry Orélien de liberar, a principios de enero, a cuatro policías haitianos sospechosos de complicidad también ha causado confusión. Ducena acusa al juez de “incurrir en actos de corrupción”.
La solicitud de extradición realizada por las autoridades haitianas contra un sospechoso detenido en Turquía en noviembre permanece por su lado estancada.
No está claro si se ha pedido una medida similar contra John Joel Joseph, un exsenador de la oposición arrestado la semana pasada en Jamaica por su presunto papel en el asesinato del presidente.
– Múltiples áreas grises –
Aunque Moise era impopular y se lo acusaba de excesos autoritarios, su asesinato conmocionó a toda la población haitiana y quedan muchas preguntas sin respuesta.
¿Cómo pudo un comando armado penetrar en la habitación presidencial sin encontrar resistencia por parte de las unidades especializadas encargadas de la seguridad del jefe de Estado?
¿Qué papel jugó Christian Emmanuel Sanon, un haitiano de 63 años radicado en Florida y actualmente en prisión, después de llegar al país en junio con los ciudadanos colombianos?
¿Dónde se esconde la exjueza del Tribunal de Casación Wendelle Coq Thélot, sospechosa de formar parte del complot y objeto de una orden de búsqueda?
¿Por qué el actual primer ministro Ariel Henry habría hablado por teléfono, el mismo día del atentado, con Joseph Félix Badio, uno de los principales sospechosos?
Cuando un fiscal pidió que el gobernante fuera acusado, Henry calificó la medida de distracción, antes de despedir al magistrado y nombrar a un nuevo ministro de Justicia.
“¿Quién pagó para que se perpetrara el asesinato? Este es un aspecto que debería haber sido investigado por la policía judicial”, dijo Ducena.
“Los principales responsables y patrocinadores siguen en la sombra”, lamenta por su parte Larochelle.
El abogado del hijo de Moise cree que un tribunal especial como el creado tras el asesinato del primer ministro libanés Rafic Hari es “la única alternativa viable” para su cliente, que sólo pide “saber quiénes son los responsables de la muerte de su padre”. AFP